La Ley de Acceso a la Información Pública cumplió doce años de vigencia en El Salvador el pasado 8 de mayo, por lo que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) lanzó un comunicado que fue cuestionado por la sociedad civil.
“Este año que se celebra el duodécimo aniversario de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el pleno de comisionados y comisionados del IAIP se enorgullece de haber contribuido a la consolidación de una sociedad más informada y participativa. Desde su creación el Instituto ha trabajado incansablemente para garantizar el derecho de acceso a la información”, se galardonó el Instituto a través de un comunicado.
Sin embargo, representantes de la sociedad civil cuestionaron el accionar del Instituto, de no garantizar el acceso a la información pública, tal es el caso de la abogada Ruth Eleonora López, de Cristosal, quien colocó su propio listado en Twitter, de señalamientos por supuesto incumplimiento del IAIP.
“Pena debería darle al IAIP referirse a esta fecha: desnaturalizaron la institución, no garantizan el derecho de la ciudadanía, promueven la corrupción al no asegurar máxima publicidad de la gestión pública”, señaló López.
“Solo los corruptos le temen al acceso a la información”, añadió.
El IAIP aseguró en el comunicado que ha garantizado a través del tiempo “la promoción del derecho al acceso a la información pública como un elemento clave para el fortalecimiento de la democracia y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos”, así como permitir que la ciudadanía tenga acceso a la información relevante “para la toma de decisiones informadas”.
Por su parte, la periodista radial Kenia Gómez cuestionó el accionar del IAIP en cuanto a dichas garantías: “Este pleno de comisionados no ha garantizado el derecho al acceso a información pública. La ciudadanía no ha tenido acceso a información para la toma de decisiones informadas”.
Organizaciones a favor de la transparencia han cuestionado que el IAIP no mande a instituciones a quitar la reserva de información oficiosa.
Hace poco, el Instituto Salvadoreño de Pensiones declaró en reserva “temporal” la información sobre las condiciones en las que el Estado mantendrá la deuda con parte de los ahorros de los trabajadores acumulados en las Administradoras de Fondo para Pensiones (AFP).
Patricio Pineda, representante de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, señaló que no quieren que la población sepa que durante 4 años el gobierno no abonará nada a la deuda que tiene con los cotizantes, la cual supera los $6,000 millones. Esto irá en detrimento de la rentabilidad de las pensiones futuras, pues según Pineda, con ese periodo de gracia que tendrá el gobierno de 4 años de impago de la deuda, se reduce el monto de las pensiones en un 32%.
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El desglose de los fondos otorgados por la Asamblea al ramo de Salud por la pandemia de Covid-19 continúa en reserva pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS), puso fin a la emergencia internacional por el virus.
Otra información oficiosa en reserva es el costo de los viajes de los diputados de la Asamblea Legislativa, a quienes se les ha señalado de haber ido a Estados Unidos a fomentar una campaña electoral adelantada.