El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) adeuda la divulgación de diferentes documentos y datos que por ley le corresponde hacer públicos aún sin que la ciudadanía lo solicite.
A través del Portal de Transparencia del ente se verificó que se haya publicado la memoria de labores del periodo vigente y de los últimos años; pero el IAIP no los ha actualizado desde el periodo de 2018-2019.
Asimismo, el IAIP carece de la información necesaria sobre el uso de sus fondos. El Instituto dejó de transparentar su rendición de cuentas desde el periodo de 2019 al 2020.
Aunque la supuesta visión de la institución es contribuir "a la democracia y al desarrollo humano, facilitando que la población conozca y ejerza el derecho de acceso a la información pública y de la protección de datos personales", esta misma incumple lo dispuesto en la ley de su creación.
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La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece en su apartado de divulgación de información que los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán su marco normativo, estructura orgánica, directorio y currículo de sus funcionarios, información presupuestaria, el plan operativo anual, memorias de labores, entre otros.
Expertos en transparencia consultados por El Diario de Hoy ven la práctica del IAIP como contradictoria al propósito de su creación. Las voces expertas concuerdan en que existe un precedente de incumplimiento para otros entes públicos.
El coordinador de la Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), Henry Fino, explicó que el IAIP debería de ser el primero en tener su portal actualizado de acuerdo a lo que la ley establece y más allá.
"¿Cómo va a garantizar el cumplimiento de la ley con la ley en la mano? Esto demanda solvencia. La institución es la garante, debería de ser la primera en tener su portal actualizado", consideró Fino.
Para la directora del Área de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Jessica Estrada, que el ente garante de la ley no esté compartiendo información oficiosa es algo que debe alarmar a la población.
De los 131 casos que el IAIP resolvió en 2023, solo en 10 ocasiones falló a favor de la ciudadanía, esto representa un porcentaje muy bajo, tanto del total de casos resueltos (7.87%) como de la carga laboral anual del Instituto (2.13%), tal como evidenció el informe de desempeño de la institución presentado por Acción Ciudadana el marzo.
"La mayor tendencia de las resoluciones del IAIP en los casos resueltos es a través del rechazo, con 83 resoluciones de esta índole", señaló el estudio anual del desempeño.
"En este caso, el IAIP no nos aparece con un cumplimiento alto de la ley, es decir, un 80 o 90% de la ley no aparece. Obviamente esto nos deja la duda de por qué la institución encargada de velar por la transparencia y del acceso a la información no está cumpliendo con la ley. Es una contradicción al final el que el Instituto no está cumpliendo con su obligación de tener la información disponible", señaló el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.
IAIP incumple sus roles
La Ley de Acceso de Información Pública tiene entre sus fines la promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión gubernamental, facilitar a toda persona el derecho al acceso a la información pública y fomentar la cultura de la transparencia. Sin embargo, para Fino el IAIP no ejerce actividades con las que eduque a la ciudadanía sobre su derecho de acceso a la información.
"Estamos frente a la inoperancia del Instituto. El Instituto no solo no tiene su propia información oficiosa, no solo no educa, sino que además niega constantemente el acceso a la información", señaló Fino.
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El coordinador de ALAC, además consideró que el país se encuentra en una línea "no escrita" de opacidad: "Esto está en el marco de la opacidad con la que el Estado se está manejando. Obviamente si hay una costumbre, una línea no escrita de opacidad, todas las instituciones actúan de esa forma".
"Desde hace ya algún tiempo el Instituto no está cumpliendo su rol y muchas veces lo que hace es simplemente respaldar decisiones arbitrarias de otros entes obligados, a la hora, por ejemplo de negar información", añadió Estrada.