Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, no duda en considerar este periodo de régimen de excepción una “catástrofe” en materia de derechos humanos.
A su juicio, los principales abusos son las capturas arbitrarias, desapariciones forzadas, malos tratos, condiciones de detención deplorables, violaciones al debido proceso y muertes bajo custodia policial.
La experta considera que los salvadoreños merecen una respuesta firme ante el asedio de las pandillas, pero considera que esta no reside en el régimen de excepción. Por el contrario, lo ve como una forma de concentrar poder y priorizar lo punitivo e improvisado. Esto fue lo que dijo en una entrevista exclusiva con El Diario de Hoy:
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¿Cómo defines estos 150 días de régimen de excepción?
Lamentablemente, el régimen de excepción ha sido una catástrofe en materia de derechos humanos para El Salvador por tres razones: En primer lugar, por su alcance-más de 50,000 personas han sido detenidas desde la adopción del régimen, la mayoría en detención provisional.
En segundo lugar, por la multiplicidad de abusos que hemos documentado, incluyendo detenciones arbitrarias masivas de personas que no tienen vínculos con pandillas, desapariciones forzadas de corto plazo, malos tratos y condiciones de detención deplorables, violaciones al debido proceso, muertes bajo custodia policial que en varios casos han sido manifiestamente inadecuadas.
Y por último, porque no existen mecanismos ni instituciones locales a las que los familiares de las víctimas puedan acudir para acceder a la justicia y reparación.
A tu juicio, ¿esto constituye una política de seguridad integral?
No hay duda de que los salvadoreños tienen derecho a una política de seguridad ante la violencia de las pandillas. Sin embargo, el régimen de excepción dista mucho de eso. Ha sido una medida draconiana que ha priorizado una respuesta punitiva e improvisada frente a un problema estructural y enormemente complejo como lo es la violencia de las pandillas.
Una política sostenible en el tiempo no puede tener como única herramienta la captura masiva de personas, que en muchos casos han sido detenidas solo por su apariencia física o el lugar donde viven, factores que evidentemente no dicen nada sobre si efectivamente cometieron un delito o no. Sin programas de prevención y rehabilitación serios y a largo plazo, no hay nada en estas medidas que se parezca a una política de seguridad integral.
¿Se justifica violar derechos humanos de algunos por el supuesto bien de una mayoría?
La respuesta corta es no. Lo que planteas es, esencialmente, uno de los grandes dilemas de las democracias.
Existen límites a lo que las mayorías pueden hacer, como lo es el respeto a los derechos humanos, precisamente porque de lo contrario, viviríamos en una sociedad donde todo vale siempre que muchos lo aprueben.
¿Cómo se enmarca ese dilema en El Salvador de hoy?
Bukele ha intentado-y ha conseguido con mucha efectividad gracias a su poderosa maquinaria propagandística-instalar la narrativa de “guerra contra las pandillas.” Según el propio gobierno, una “guerra” justifica la existencia de “errores” o “daños colaterales”.
No cabe duda de que la violencia de las pandillas azota a la sociedad desde hace décadas y que debe ser abordada de manera urgente. Pero plantear el contexto actual como una guerra solo parece ser una intención deliberada de las autoridades por estigmatizar a las personas detenidas y presentarlas como pandilleros que merecen ser castigados, justificar posibles violaciones de derechos humanos y respaldar a las fuerzas de seguridad por la posible comisión de delitos.
Es fácil apoyar esto si uno siente que está del lado de la mayoría que quiere ser defendida de las pandillas. Pero si eres una persona inocente que es detenida arbitrariamente y sufres abusos con la excusa de que la mayoría aprueba esta guerra contra las pandillas, ¿seguirías pensando que se justifica?
En papel, son solo cuatro las garantías suspendidas. En la práctica, ¿qué tanto está perdiendo El Salvador?
El régimen ha sido una pesadilla para los miles de salvadoreños que han sido víctimas de la crueldad de estas políticas. A la violencia que muchos de ellos han sufrido a manos de las pandillas se le suma ahora la del propio Estado.
¿En qué sentido?
No solo se han vulnerado los derechos de quienes han sido detenidos que son en general tratados de forma aberrante y declarados culpables por las propias fuerzas de seguridad sin haber sido siquiera presentados a la autoridad judicial. También ha tenido un enorme impacto en las familias de los detenidos, la mayoría mujeres, que recorren centros de detención, distintas entidades públicas con el objetivo de dar con el paradero de sus familiares y conocer sus condiciones de salud. El régimen de excepción ha debilitado gravemente el tejido social en El Salvador y es probable que tenga implicancias graves durante años.
¿Te parece que esto se inscribe en un patrón mayor de debilitamiento institucional?
Sin duda. Los abusos cometidos durante el régimen de excepción han sido facilitados en parte por el desmantelamiento del Estado de derecho y la concentración de poder que ha venido acumulando Bukele desde que asumió como presidente. Mediante el control de la Asamblea Legislativa y los tribunales, el ejecutivo ha podido garantizar el cumplimiento de sus medidas sin ningún tipo de fiscalización.
Torturas, mordaza, tratos inhumanos. ¿Qué tan cerca está El Salvador de la lista negra de los peores violadores de derechos humanos del continente?
Nosotros no hacemos ranking de los peores violadores, pero puedo decirte que estamos enormemente preocupados por lo que allí ocurre. Lo que venimos denunciando hace tiempo es que Bukele es un líder autoritario y populista que utiliza su popularidad para gobernar como se le antoja y que pareciera que su único interés es perpetuarse en el poder. Los retrocesos han sido acelerados: el gobierno se ha vuelto más opaco, ha politizado la justicia, ha cerrado espacios democráticos. Desafortunadamente hay muchos paralelismos con lo que otros líderes autoritarios de la región han hecho como Daniel Ortega en Nicaragua o Hugo Chávez en Venezuela. Lo alarmante del caso salvadoreño es la rapidez con la que se ha dado este rompimiento del Estado de derecho.
Si este camino no se rectifica, ¿hacia dónde va El Salvador?
Posiblemente a una crisis de derechos humanos todavía más profunda. Me refiero a un incremento en la persecución contra la prensa independiente, la aprobación de leyes abusivas, la desarticulación de la sociedad civil, un incremento de la salida de salvadoreños del país. Este es el camino que lamentablemente han seguido países gobernados por caudillos como Bukele en la región y es a dónde me temo que El Salvador se encamina.