Más de 60,000 personas han sido detenidas en el marco del régimen de excepción, esta cifra fue tomada de finales de marzo a mediados de diciembre, según información de las autoridades locales. Un punto que la organización internacional Human Rights destacó es que un importante número de las detenciones se realizaron basándose en la apariencia física o lugar de residencia de las personas interceptadas en los puntos de control.
Organizaciones de derechos humanos como Cristosal y HRW han registrado la detención de salvadoreños que no tienen un vinculo con las pandillas, pero que han sido detenidos en presuntas vías de investigación.
También se han registrado graves abusos cometidos por miembros de seguridad durante el régimen incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras situaciones como la violación al debido proceso.
Cristosal ha recopilado más de 2,900 casos de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción.
Mientras tanto los tribunales dispusieron la detención provisional de aproximadamente 54,000 personas detenidas durante el régimen de excepción, esto contribuyó a agravar el problema de la hacinación carcelaria que se tenía estimado en 97,000 detenidos, sobrepasando tres veces su capacidad oficial.
Uno de los puntos fuertemente cuestionados por HRW en este proceso fue el limitado acceso a servicios básicos como alimentación y agua potable; durante el período más critico se registraron más de 90 muertes bajo situaciones cuestionables, en algunos de los casos no hubo autopsias , ni se respetaron los estándares internacionales para investigar las muertes.
Durante los primeros días de enero del año en curso, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó que 3,313 personas capturadas durante el régimen de excepción han sido liberadas hasta el 3 de enero, debido a que no se pudo establecer su vínculo con las pandillas.
Desapariciones
Uno de los temas más cuestionados al gobierno actual son las desapariciones y el poco seguimiento que las autoridades han brindado a este tema, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) contabilizó 500 desaparecidos en el territorio, una cuota muy baja de estos casos llegará a ser investigada por las autoridades locales.
Pese al régimen de excepción en este mismo lapso, la Policía recibió 692 denuncias de desaparición de personas de enero a junio de este año, según el informe “La desaparición de personas en El Salvador, el continuum de la impunidad”, presentado en noviembre por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
Del total de denuncias recibidas solo 180 se encuentran activas y 31 fueron encontrados sin vida.
Libertad de prensa
Ante las cuestionables situaciones que han surgido bajo el régimen de excepción y la visibilización de estos temas las autoridades han creado un ambiente de poca apertura para la prensa y miembros de la sociedad civil.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha registrado 421 agresiones contra la prensa todas ocurridas entre 2019 y 2021, estas incluyen ataques físicos, hostigamiento digital, restricciones al ejercicio de la carrera y el acceso a la información. Según la gremial al menos nueve periodistas han salido del país por hostigamiento.
También en 2022 Citizen Lab y Access Now denunció sobre el uso de un programa informático espía “Pegasus” para hackear teléfonos de al menos 35 periodistas, entre ellos dos de El Faro. En medio de esta crisis se dio una escalada cuando la Asamblea aprobó una ley para sancionar con prisión de hasta 15 años a todo el que reprodujera mensajes de las pandillas, esta medida ha limitado a los medios de comunicación nacional.