Como parte de las sugerencias del informe sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades durante el régimen de excepción, Human Rights Watch pide la suspensión de préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinados para la Dirección de Centros Penales y la Fiscalía General de la República.
Juan Pappier, director asociado para las Américas de Human Right Watch, explicó que les preocupan tres préstamos del BCIE para El Salvador. En primer lugar, dos por un total de $200 millones de dólares que van dirigidos al Plan Control Territorial, el programa operativo que se respalda en el estado de excepción.
“La buena noticia es que el mismo Banco nos informó que están reformulando los préstamos y que los fondos no van a ir dirigidos a la Policía Nacional Civil (PNC), ni al ministerio de la Defensa Nacional pero tenemos que esperar que eso efectivamente ocurra”, expresó Pappier. Sin embargo, el especialista agregó que el propio presupuesto del año próximo que ha preparado el ministerio de Hacienda prevé que se reciban estos fondos tanto para la PNC, como para el ministerio de la Defensa.
En segundo lugar, Human Rights Watch mostró su preocupación por dos préstamos por un total de 70 millones de dólares, destinados para la Fiscalía General de la República.
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“Es un préstamo para construir un nuevo edificio de la Fiscalía y nos parece que ese préstamo debe ser suspendido porque estamos hablando de una entidad que carece de toda independencia y que ha estado involucrada en gravísimas violaciones de derechos humanos”, explicó Pappier.
El especialista de derechos humanos expusó que tiene “poco sentido darle dinero a una entidad que participa en estas violaciones a los derechos humanos y que no tiene ningún interés de administrar justicia de forma seria e imparcial sino perseguir en muchos casos a personas inocentes para cumplir con la política de mano dura”.
El tercer préstamo que Human Rights Watch sugiere suspender es uno que viene desde el 2012 y que está destinado para la construcción y adecuación de cárceles en el país.
Pappier declaró que en septiembre de 2022 el BCIE decidió transferir parte de ese préstamo de la Dirección General de Centro Penales (DGCP) hacia el Ministerio de obras Públicas (MOP), después que Osiris Luna, director Penales fuera sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de participar en un esquema de corrupción en relación con la venta de paquetes de ayuda destinados a las personas más vulnerables durante la pandemia.
El Departamento del Tesoro estadounidense indicó que “Luna participó en un plan para robar y revender productos básicos comprados por el gobierno que originalmente estaban destinados al alivio de la pandemia de covid-19. Estos artículos se transfirieron a empresas privadas y luego se revenden en el mercado privado o se devuelven al gobierno”.
Pappier expuso que ese préstamo debe suspenderse hasta establecer condiciones claras de derechos humanos de frenar la tortura, el hacinamiento, los maltratos contra los detenidos antes que se sigan desembolsando estos fondos.
Según Pappier, el préstamo estaría enfocado a enfrentar el problema tan grave de hacinamiento carcelario. “Por supuesto queremos que el problema del hacinamiento se solucione, pero poco sentido tiene darle un préstamo a un gobierno que tiene el hacinamiento como política de Estado (…) y que hace gala del hacinamiento que le causa a las personas detenidas” aseguró.