Nayib Bukele es “extremadamente popular” y su modelo resulta atractivo en América Latina, pero es “autoritario, abusivo”, su discurso es “engañoso” y presenta los derechos humanos y la seguridad pública como objetivos contradictorios.
Así se resume la advertencia que formula Juan Pappier, subdirector encargado para las Américas de Human Rights Watch (HRW), en el periódico español El País, al señalar que la emulación de las prácticas de Bukele en materia de seguridad “amenaza con debilitar aún más las instituciones democráticas de la región”.
Pappier reconoce que “en algunos países, los ciudadanos están abogando por un Bukele propio, a pesar del carácter draconiano de muchas de sus políticas”.
Tanto es así, agrega el defensor de los derechos humanos, que Latinobarómetro, un estudio regional de opinión pública, sostuvo recientemente que Bukele es el “presidente mejor evaluado de todos los tiempos desde el inicio de la transición [democrática] en América Latina”.
“Los líderes de la región no han logrado dar una respuesta efectiva y respetuosa de los derechos humanos a la violencia y criminalidad”, dice, mientras “Bukele ofrece una respuesta simple: más presos, más prisiones y juicios masivos”.
Sin embargo, el defensor de los derechos humanos cita que los legisladores de Bukele aprobaron disposiciones que permiten juicios masivos de hasta 900 personas, sin tener que probar la culpabilidad de cada de una.
Organizaciones humanitarias han advertido que esto permitirá condenar en masa a justos y pecadores. De hechos, el mismo gobierno ha admitido que 5,000 capturados por el régimen de excepción fueron liberados por no haber pruebas contra ellos, pero a muchos los hicieron pasar varios meses en prisión y ahora el peligro es que condenen a los inocentes.
VER: Organización en Washington critica juicios colectivos en régimen de excepción
“Más de 71.000 personas, incluidos más de 1.600 menores de edad, han sido detenidos por las fuerzas de seguridad de El Salvador bajo un régimen de excepción que ha suspendido derechos básicos desde hace casi un año y medio. Muchos salvadoreños sin conexión alguna con las pandillas han sido detenidos, especialmente en comunidades de bajos ingresos”, dice el autor.
“Nuestras investigaciones revelan que algunas personas capturadas han sido torturadas, docenas han muerto bajo custodia y miles han sido sometidas a condiciones inhumanas de detención, incluyendo hacinamiento carcelario extremo. La mayoría se encuentran incomunicadas, sin acceso alguno a sus familias”, enfatiza.
Para Pappier, “estos juicios kafkianos socavarían el acceso a la justicia de las víctimas de las pandillas, dificultarían la liberación de inocentes y abrirían la puerta a violaciones masivas del debido proceso”.
Pero, a juicio del defensor de derechos humanos, todo esto ha sido posible porque Bukele ha concentrado el poder en sí mismo: ha cooptado a la Corte Suprema, ha reemplazado al fiscal general por un aliado y ha removido a jueces independientes.
Pappier señala que Bukele reivindica la reducción de los homicidios y las extorsiones, el flagelo que venía golpeando a los salvadoreños.
A base de propaganda, dice el artículo, el gobierno de Bukele ha mostrado las violaciones de los derechos humanos de su Gobierno como supuestos logros y ha ocultado hechos como que inicialmente negoció de forma secreta con los líderes de las pandillas, ofreciéndoles privilegios carcelarios y protección frente a extradición a EE UU, a cambio de una reducción de los índices de homicidios y apoyo para las elecciones.
De la misma manera, agrega, ha promovido un entorno hostil para la sociedad civil y el periodismo independiente, forzando a varios periodistas al exilio.
“La narrativa de Bukele también es engañosa. Su Gobierno sugiere que los frenos y contrapesos de la democracia representan un obstáculo para proporcionar seguridad a los ciudadanos”, dice Pappier. “De la misma manera, Bukele presenta los derechos humanos y la seguridad pública como objetivos contradictorios”, agrega.
Sin embargo, ante esto, Pappier le recuerda que los pesos y contrapesos de la democracia son clave para prevenir la corrupción y el abuso de poder y garantizar que la ley se aplique a todos por igual y que los gobiernos están “obligados a respetar las garantías del debido proceso, que son fundamentales para garantizar que los procesamientos no sean arbitrarios, que no se abuse de personas inocentes y que las víctimas reciban la justicia que merecen”.
A juicio de Pappier, la popularidad de Bukele es “un reflejo de la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos para abordar la violencia y la criminalidad” y esta falta de una respuesta efectiva y legítima a la inseguridad “está poniendo en peligro la vida de nuestros ciudadanos y de nuestras instituciones democráticas”.
TAMBIÉN: Estado salvadoreño niega ante la CIDH torturas y abusos durante régimen de excepción
Ante esto, el columnista considera que es necesario que se redoblen urgentemente los esfuerzos en Latinoamérica para diseñar e implementar estrategias respetuosas de los derechos que aborden las causas estructurales que contribuyen a la violencia, incluyendo los altos niveles de pobreza y exclusión social.
“Es importante que se adelanten procesos penales estratégicos centrados en investigar crímenes violentos, en particular los cometidos por perpetradores crónicos o líderes de organizaciones criminales, así como también en frenar su financiamiento, su apoyo político a través de la corrupción y su acceso a armas”, subrayó.