“Nunca dieron los resultados de la prueba por COVID, solo dieron el acta de defunción del Hospital Cardiopulmonar en donde escribieron como causa de muerte insuficiencia respiratoria tipo uno aguda, neumonía atípica y probable COVID”, narró a Crietrio.hn Sobeydi.

El padre de la joven maestra murió el 2 de julio del 2020 en el hospital de referencia de enfermedades cardiopulmonares de Honduras, ubicado en la capital, Tegucigalpa. Don Francisco Rodríguez comenzó a sentirse agotado y con dificultad para respirar, no padecía de ninguna enfermedad o comorbilidad asociada a las fiebres que presentó, según sus familiares quienes no volvieron a verlo con vida dos meses después de haberlo internado.

Sobeydi lamenta que la defunción de su padre haya sido inscrita tres meses después de la muerte debido a la demora del hospital en establecer las causas del deceso, aunque éstas no sean de su convencimiento porque los síntomas que presentaba eran de coronavirus y a eso se suma también los tediosos trámites en momento de pandemia, dijo.

El caso del papá de Sobeydi probablemente es uno más de los números ocultos del Gobierno hondureño en el registro de las muertes por la COVID-19 debido a diversos factores, que van desde falencias en el sistema sanitario en el área clínica y forense y hasta en los registros civiles.

A trece meses de la pandemia en Honduras los datos oficiales de muertes por COVID-19 hasta el 6 de mayo eran de 5,439, pero a esta cifra tendría que sumarle 7,000 de las actas de defunción que recibieron 60 funerarias, de las 400 que hay en el país.

Según la Asociación Nacional de la Industria de las Funerarias de Honduras, el año pasado se registraron 7,620 entierros de víctimas de coronavirus. En enero de 2021, 1,203; en febrero 1,056; en marzo 1,102 y en abril 1,452. En cinco días de mayo se realizaron 220 entierros de fallecidos por COVID-19 o sospecha del virus, llegando a un total de 12, 653 muertes desde que inició la emergencia sanitaria. (Al final del mes de mayo sobrepasan los 14 mil fallecimientos).

Mientras tanto, hasta la segunda semana de abril de 2021 la cifra del Gobierno en relación a los fallecimientos por COVID-19 fueron de 4,900 casos, frente a los 11, 441 que contabilizan las funerarias al 12 de abril, periodo en que se realizó esta investigación.

“Las cifras son alarmantes”, dijo a Criterio.hn, Jesús Morán, secretario general de la Asociación de Funerarias, quien lamentó que en menos de cinco meses del 2021 las muertes sobrepasaron los 5,033, mientras el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), cuenta la misma cantidad, pero en un año.

Morán refirió que las autoridades de Gobierno continúan colocando en sus estadísticas oficiales, sólo las muertes de personas a quienes les realizaron una Prueba PCR de COVID-19 en tiempo real, misma que emite el Laboratorio Nacional de Virología, con desfase en resultados y limitaciones por el poco alcance de su personal a nivel nacional.

“Nosotros como industria de funerarias nos basamos en los dictámenes médicos que emiten los hospitales, centros de salud, triajes, médicos comunitarios, clínicas privadas, enfermeras comunitarias, en donde establecen muertes por diagnósticos de neumonía atípica, insuficiencia respiratoria, sospecha por COVID-19 entre otras patologías asociadas, pero el Gobierno solamente contabiliza a quienes les aplicaron una prueba PCR y la mora de esos resultados es altísima de más de 6,000 pruebas, por eso los datos no van a cuadrar”, dijo Morán al resaltar que son 40 muertes diarias.

La mayoría de muertes registradas en Honduras, según actas de defunción de las funerarias, corresponden los centros urbanos, principalmente en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Comayagua, Atlántida, Olancho, Yoro, Santa Bárbara, Copán, El Paraíso, Colón, La Paz y Choluteca. Siendo también el dato de la mortalidad otro aspecto importante, sobrepasando el 27 % en Cortés y el 25 % en Francisco Morazán

Desde agosto de 2020, la pandemia comenzó a migrar hacia las zonas rurales donde las personas fallecen por COVID-19, pero no los diagnostican. En estas zonas los servicios fúnebres son brindados por los carpinteros locales, que fabrican los ataúdes, pero no diagnostican ni reportan las muertes, argumentó Morán.

SUBREGISTRO SE NUTRE DE LA BUROCRACIA, DESORDEN Y DISPERSIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS

Honduras inició la emergencia sanitaria con el caso de una hondureña de 42 años, en estado de embarazo, quien regresó de España el 4 de marzo de 2020 y otra hondureña de 32 años que regresaba de Suiza el 5 de marzo del mismo año.

La información se dio a conocer el 10 de marzo mediante un comunicado de prensa de la Secretaría de Salud. Tres días después el presidente Juan Orlando Hernández anunció tres casos más de contagio.

Desde ese entonces, se activó el Sinager, presidido por el mandatario y que agrupa a funcionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Secretaría de Salud (Sesal), Finanzas, Asociación de Municipios de Honduras (alcaldías), entre otros estatales, siendo el único responsable de difundir la información en torno a las muertes por la COVID-19 o por sospecha.

Durante casi un año la información se conocía por Cadena Nacional de Radio y Televisión o comunicados de Sinager, sin dar mayores detalles, solo reportando aumento de contagios, altas médicas y muertos. Si trascendía otra información de empleados de salud, médicos, enfermeras e incluso forenses, debía ser considerado a título personal y sin fundamento.

Evidencia de lo centralizada que está la información es que cuando se solicitó por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública datos estadísticos a la Dirección de Medicina Forense con relación a cuántas autopsias o levantamientos cadavéricos a nivel nacional ha realizado el Ministerio Público (MP) confirmados o no por COVID-19, desde marzo 2020 hasta el 15 de marzo de 2021, la respuesta fue una recomendación de avocarse al Sinager.

Asimismo, se solicitó a la Copeco, estadísticas con relación a las muertes domiciliarias por COVID-19 por ser la institución que inicialmente se adjudicó dicha gestión, sin embargo, la respuesta fue que estos datos deben solicitarse a la Secretaría de Salud.

La solicitud se trasladó a la Sesal, pero esta institución pidió una prórroga de diez días que establece la ley. Paradójicamente una vez transcurrido este tiempo Salud nos instó a que acudiremos a Copeco. Respuesta de la Secretaría de Salud

Anteriormente, se había solicitado otra información a la Sesal sobre estadísticas oficiales COVID-19. Esta información fue respondida, pero es la misma que está publicada en el sitio web https://covid19honduras.org/,no así lo relacionado a las muertes domiciliarias registradas desde que comenzó la pandemia.

DIAGNÓSTICOS EN REGISTROS HOSPITALARIOS

La población de Honduras, según proyección de 2021 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), es de 9, 450,711; de esta cifra 4, 599,323 son hombres y 4, 851,388 son mujeres. (Proyección de Población INE 2021).

La jefa de Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Karla Pavón, informó que a un año de la pandemia habían muerto 2, 614 hombres y 1,661 mujeres, de un total de 4,275 fallecimientos por COVID-19. Cifras hasta marzo de 2021.

Según el Registro Nacional de las Personas (RNP) las defunciones inscritas en 2020 fueron 28,193 y las inscritas hasta el 12 de abril de 2021 fueron 13,390.

Al revisar las causas de muerte inscritas, la mayoría son por neumonías, insuficiencias respiratorias, síndrome distrés respiratorio, insuficiencia cardíaca, covid-19, sospecha de COVID-19, cardiopatía isquémica, infarto agudo al miocardio, fibrosis pulmonar, choque séptico, hipertensión arterial, diabetes mellitus, entre otras relacionadas a enfermedades crónicas asociadas (comorbilidades) que se complican ante el COVID-19.

Para la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, “es probable que sea por el llenado de las hojas de defunción”, que las cifras reales de muertos por COVID-19 no cuadran con la realidad ni con las presentadas por el Gobierno.

Figueroa quien es especialista en medicina interna y neumología, señaló a Criterio.hn otra arista en relación al llenado de las actas de defunción, en el sentido de que “los jefes han ordenado que se escriba como causa de muerte, insuficiencia respiratoria aguda, cuando esa no es una causa de muerte”.

Lo que se está haciendo, según Figueroa, es registrar la causa inmediata, como la causa de muerte, probablemente con el objeto de disminuir el impacto de las muertes por la COVID-19.

ACTAS DE DEFUNCIONES Y REGISTROS DE MUERTE EN RNP

Contrario a El Salvador y Guatemala, cuando un hondureño muere sus familiares no acuden inmediatamente a tramitar las actas de defunción. Pueden pasar no solo semanas y meses, sino años sin que los parientes inscriban ese deceso, lo que imposibilita obtener estadísticas ordenadas e inmediatas para hacer comparaciones de fallecimientos durante la pandemia.

Mi papá murió el 2 de julio de 2020, pero su defunción fue registrada en octubre, confirmó Sobeydi Rodríguez, quien comentó que una de las causas de la demora fue en la entrega del dictamen por desconocer exactamente el resultado de la prueba de COVID19 practicada en el hospital, la que aún ignoran, “incluso escribieron en el acta de defunción que mi papá no sabía leer ni escribir, cuando su oficio era comerciante y hábil en matemáticas”.

Así como este caso, hay muchos más, y si a eso se suma que hay otros registros de defunción que ni especifican la división municipal en donde ocurrieron los fallecimientos registrados, aumenta el desorden estadístico y se nutre así ese subregistro de muertes en Honduras.

Las defunciones inscritas en el RNP en 2020 fueron 28,193 y hasta el 12 de abril de 2012 se registraban 13,390. En muchas ni siquiera se escribió información relacionada a la causa natural de muerte.

ACTAS DE DEFUNCIÓN IGNORADAS EN DATOS OFICIALES

Algunas actas de defunción a las que tuvimos acceso y que proceden de recuentos de médicos en hospitales y domicilios desde marzo 2020 hasta la fecha, establecen diversas causas como: falla múltiple de órganos, neumonía grave, sospecha COVID-19 , infección respiratoria, insuficiencia respiratoria aguda, sospecha SARS-COV2, sospecha Infección SARS - Cov2, neumonía grave antígeno, enfermedad renal, diabetes mellitus tipo 2 y sospecha COVID, presión arterial crónica, neumonía atípica, neumonía viral, neumonía hospitalaria, neumonía intersticial y neumonía bilateral.

En otros casos, en las actas de defunción, solo aparecen escritos los datos generales de la persona a sepultarse, lugar de traslados y del levantamiento domiciliario por parte de los grupos de respuesta del Sinager, por lo que las funerarias no confirman estos casos como COVID-19, sino como sospecha.

Para mantener los protocolos de bioseguridad y lograr un mejor orden y control en los servicios fúnebres, incluyendo los datos de los fallecimientos, las funerarias solicitaron trabajar desde el 2020 con el Grupo Forense da de Sinager, pero la solicitud no ha sido atendida.

En Honduras 400 empresas prestan servicios fúnebres, 80 de ellas están asociadas, pero solo 60 manejan información ordenada de entierros por COVID-19, las 320 restantes dan el servicio directamente a las familias de las víctimas, dice el presidente de la Asociación de Funerarias, Edwin Lanza, quien refiere que esta situación fomenta el mal manejo de las cifras de la pandemia.

Hay funerarias que no están asociadas, pero trabajan directamente con las alcaldías y hasta con empleados de los hospitales, quienes les avisan cuando hay fallecidos y así proceden inmediatamente a los entierros, de manera que el acceso a esa información se complica si se quiere tener un registro estadístico, agrega Lanza.

MÁS DE 200 MUERTES DOMICILIARIAS, YA ESTÁN INCLUIDAS EN LAS CIFRAS OFICIALES

En junio de 2020 el Sinager creó el Grupo Forense de Respuesta Rápida para muertes domiciliarias, tras aumento de llamadas de auxilio al 911 solicitando e inclusive en redes sociales había denuncias y vídeos de personas que murieron en unidades de transporte, casas, camino hacia hospitales y otros lugares públicos.

En la base de datos sobre las causas de muerte establecidas por la Dirección de Medicina Forense, en el enunciado de muertes naturales, se comenzó a registrar como sospecha o COVID-19 el 8 de abril de 2020 a un mes de oficializada la emergencia sanitaria.

El primer caso registrado fue el de un hombre de entre 55 y 59 años, quien había sido llevado al Hospital Escuela de Tegucigalpa. A este le siguieron decenas de casos más en menos de seis meses registrados como COVID-19, sospecha de COVID-19, neumonías atípicas, insuficiencia respiratoria, renal, pulmonar y demás patologías relacionadas y que se complican debido a la presencia del coronavirus.

Pese a los subregistros que son más que evidentes, para la coordinadora de Emergencia y Desastres de la Unidad de Vigilancia y del Grupo de Forenses de la Secretaría de Salud, Ángela Salgado, los datos oficiales sobre muertes por COVID están al día y bien estructurados, publicados mediante un boletín diario.

Con relación a los datos manejados por las funerarias argumentó que éstas deben confirmar cada caso ante la Secretaría de Salud, aunque admitió que han existido problemas para validar los resultados de las pruebas por la falta de equipo y laboratorios que procesan la demanda. Pero “ahora tenemos cuatro laboratorios, no uno como al principio, por eso costaba tener los resultados, ahora hacemos también pruebas de antígeno, pero como país solo tomamos muestra PCR al cadáver”.

Se le pidió cuadros estadísticos, pero respondió que esa petición debía hacerse por medio de la Unidad de Transparencia dirigida a la Secretaría de Salud, acción que ya se había hecho anteriormente, sin lograr respuesta.

SUBREGISTRO DE MUERTES DOMICILIARIAS ES PORQUE FAMILIARES NO NOTIFICAN

Por su parte, el médico forense Lempira Escobar, coordinador del equipo de Respuesta Rápida para la zona norte, en el departamento de Cortés, que aglutina a los municipios de San Pedro Sula, Villanueva y Choloma, aseguró que el número de muertes domiciliarias ha bajado con relación a los meses anteriores.

No obstante, aclaró que no solo se encargan de este particular, sino que también aplican un protocolo de entierro de las personas que fallecen en los hospitales.

“En el departamento de Cortés ha aumentado las muertes en un 15 %, pero las muertes en los domicilios oscilan en 69 casos desde junio de 2020, de estos, 19 pertenecen a la Región Metropolitana de San Pedro Sula y 50 a la Región Departamental de Cortés, 66 varones y 3 mujeres.

“La mayor parte de las muertes ocurre en los hospitales, no en las casas, y los que mueren ahí es porque no acudieron rápidamente o no encontraron cupo en los hospitales”, informó.

Al momento de hacer el trabajo en domicilios, preguntan a los familiares sobre las patologías, el cuadro epidemiológico, síntomas y toman una muestra de sangre para una prueba rápida de COVID-19 al cuerpo. El resultado se tiene de inmediato para llenar el acta de defunción, se escribe sospechoso por COVID-19”.

Consultado sobre el subregistro, afirmó que “se da porque el familiar no notifican a ninguna autoridad, hay casos en Villanueva donde han muerto al menos 60 personas que no fue notificado su deceso, pero me he dado cuenta cuando llego a la municipalidad y me preguntan cuántas muertes domiciliarias tengo, porque los familiares han llegado a la municipalidad para pedir autorización para el entierro”, reveló.

“Lamentablemente tanto en San Pedro Sula como en todos los municipios de Honduras, sobre todo de Cortés, las autoridades municipales no tienen control sobre los cementerios y mucha gente entierra a sus muertos sin notificar”, sostuvo al tiempo de informar que solo él ha sido contratado para cubrir la demanda.

Al revisar información en Medicina Forense en el enunciado “Manera de Muerte Natural”, se logra encontrar al menos 882 casos en las que las causas de muerte fueron por neumonía, insuficiencia respiratoria, choque séptico, paro cardiopulmonar, falla ventiladora, insuficiencia cardiaca crónica, síndrome distrés respiratorio, falla multiorgánica, COVID19, sospecha y sin consignar.

Pero cuando se preguntó a Medicina Forense, mediante la Ley de Transparencia, cuántos levantamientos por sospecha de COVID-19 se realizaron a un año, la respuesta fue que solo “24 levantamientos en el municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán” y sobre las muertes por COVID-19, autopsias y levantamientos a “privados de libertad, registraron cinco”.

DESINTERÉS ENTRE DDHH Y LA CIENCIA

La pandemia del COVID-19 ha impactado a nivel mundial en los derechos humanos, especialmente en el derecho a la salud, la vida, integridad física, psicológica, en Honduras la corrupción ha acelerado la cifra de muertos como consecuencia de la falta de hospitales por fraude, violaciones a los deberes de los funcionarios, despilfarro y robo descarado de miles de millones de lempiras destinados para la emergencia sanitaria. Informes CNA de La Corrupción En Tiempos De Pandemia En Honduras.

La pandemia, también ha impactado en los derechos económicos y sociales, ha dejado en evidencia a un Estado incapaz de impulsar el avance científico en el área de la medicina forense que permita el manejo clínico de los cuerpos para determinar las verdaderas causas de los decesos.

Mientras en Honduras se continúa promoviendo el subregistro y se esconden cifras de muertes por la COVID, en Estados Unidos y otros países se preparan para la investigación. ¿Por qué en Honduras omiten estas autopsias si representan riesgos para la salud pública y debemos conocer científicamente, qué pasó?, es la pregunta que a lo largo de la pandemia ha venido haciendo a las autoridades del MP, la ex directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva.

“Las investigaciones de las muertes por COVID-19 en Honduras y su subregistro representan un argumento más que demuestra la complicidad de una verdad oculta por parte del Gobierno que utiliza la confabulación de los entes institucionales que deberían encargarse de asegurar que la salud pública sea un derecho y más bien representen la omisión en la atención de los casos, ya que sólo a través de una autopsia médico legal la Fiscalía de Derechos Humanos podría documentar científicamente las causas de muerte y, sí, en estas muertes el Estado ha sido negligente”, expuso la patóloga.

Prueba de ese desinterés, del que hacía alusión Villanueva, es que cuando se consultó por medio de la Ley de Transparencia, a la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, sobre la cantidad de muertes que esa oficina ha investigado desde marzo 2020 al 15 de marzo de 2021, la respuesta fue que dentro de la esfera de las atribuciones de esa fiscalía no se encuentran esas investigaciones.

“…dentro de las atribuciones del Ministerio Público se encuentra la investigación de muerte violenta o cuestionadas, o sea toda muerte dolosa deriva en la obligación de iniciar la investigación con el levantamiento cadavérico, inspección de la escena y recolección de indicios, autopsia, etc. No teniendo participación a mayor intervención cuando se trate de una muerte natural, como consecuencia de una enfermedad como es el caso de la COVID-19”, cita la respuesta de la subdirectora de Fiscalía, Loany Alvarado Sorto, a la pregunta cuántas muertes por COVID ha investigado la Fiscalía de Derechos Humanos. (Ver Aquí la Respuesta de la Fiscalía de Derechos Humanos en relación a muertes por COVID-19).

Nota: Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Adelante en América Latina.