No existen garantías constitucionales ni mecanismos de protección de los derechos civiles y políticos de la población LGBTIQ+ en El Salvador señala el último informe de Oxfam.
El informe denominado “Violencia estructural: situación de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Guatemala, Honduras y El Salvador” visibiliza las problemáticas de esa población y señala las causas políticas y estructurales detrás de la violencia, la discriminación y el desplazamiento forzado que sufre ese sector en los tres países del Norte de Centroamérica.
En el caso de El Salvador, el estudio apunta que, la falta de leyes y políticas integrales fortalece la violencia y la discriminación ejercida contra las personas LGBTIQ+ desde las instituciones del Estado, así como la sociedad en general.
“Los últimos años, han sido por retrocesos institucionales en materia de género, especialmente para mujeres y personas LGBTIQ+, en donde el Estado ha reducido paulatinamente su apoyo a estas poblaciones, de la mano con pérdidas de espacios democráticos” destaca el documento.
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Una de esas acciones fue la adhesión de la Dirección de Diversidad Sexual al Ministerio de Educación, en junio de 2019, cuando el presidente Nayib Bukele al llegar a la presidencia, borró de un plumazo la Secretaría de Inclusión Social.
La decisión fue criticada por algunos activistas y defensores de derechos humanos por la falta de apertura del ministerio de Educación para ese sector.
El informe también señala la reducción presupuestaria y del personal de programas como Ciudad Mujer y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), lo cual genera un retroceso a los avances para los derechos sexuales y reproductivos y la atención a casos de violencia de género, aseguran.
En marzo del año pasado organizaciones feministas denunciaron la reducción de $61.1 millones en las políticas para atender a las mujeres y el desmantelamiento del proyecto Ciudad Mujer.
Oxfam señala en su informe que todo esto abona a un contexto de debilitamiento democrático en El Salvador, que afecta particularmente a la población LGBTIQ+, quienes ya se encuentran en situaciones de desigualdad estructural y exclusión social.
En el primer semestre de 2021, la Fiscalía General registró 132 casos de violencia contra personas LGBTIQ, según el informe de violencia del Digestyc.
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Los reportes incluyen actos violentos como asesinatos, desapariciones, amenazas, acoso, lesiones y detenciones ilegales. La mayoría de casos son víctimas jóvenes menores de 35 años y personas trans.
Además, el porcentaje de personas de la población LGBTIQ que fue víctima de desplazamiento forzado aumentó en un 26.7 % de 2020 a 2021, según datos de la organización Comcavis Trans.
Esta organización atendió 131 casos de desplazamiento forzado en 2020, mientras que en 2021 aumentó a 166 casos.
En 2022, el Ministerio de Trabajo cerró oficialmente la Mesa de Trabajo LGBTIQ+, alegando no tener competencia en el tema.
Además, durante el régimen de excepción, Cristosal ha recibido denuncias de vulneración a derechos cometidas contra 18 personas de la comunidad LGBTIQ+, víctimas de agentes de la PNC y la Fuerza Armada (FAES).
“El clima generalizado de violencia y discriminación contribuye a el desplazamiento interno y la migración de las personas LGBTIQ+, convirtiéndolas también en parte de la crisis humanitaria de personas migrantes y desplazadas en la región”, destaca el informe.
Ante la grave situación para la población homosexual, Oxfam recomienda fortalecer los procesos democráticos mediante el cese los ataques a independencia judicial, defensores de derechos humanos y cesar el cierre de espacios de diálogo con la sociedad civil.
Además, Oxfam destaca que es importante cesar el uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad.
En El Salvador los ciudadanos se encuentran bajo un régimen ordenado por el presidente Bukele desde el 27 de marzo y el cual se ha prolongado hasta este día.