La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el homicidio de un privado de libertad en el centro penitenciario de menores de Ahuachapán, durante una riña entre pandilleros ocurrida la noche del sábado.
La escueta información publicada por la Policía señala que la persona asesinada en la trifulca es un pandillero que cumplía una condena por el delito de extorsión agravada.
“Reportamos un fallecido en el centro penitenciario de Ahuachapán, se trata de un hombre de 18 años que cumplía una condena por extorsión agravada y que murió tras una riña entre pandilleros”, aseguró la Policía.
Reportamos un fallecido en el centro penitenciario de Ahuachapán, se trata de un hombre de 18 años que cumplía una condena por extorsión agravada y que murió tras una riña entre pandilleros.
— PNC El Salvador (@PNCSV) August 11, 2024
Hemos desplegado un operativo para determinar responsabilidades sobre este caso.
Además agregó que realizan acciones operativas para “determinar responsabilidades sobre este caso”.
Al final del sábado, ese fue el único homicidio incluido en el conteo diario que publica la PNC en su cuenta de X (Twitter).
“Finalizamos el sábado 10 de agosto, con 01 homicidio en el país, se trata de un pandillero quien murió en un centro penitenciario, tras una riña con otros internos”, se lee en la publicación.
Sin embargo, las autoridades no brindaron la identidad de la persona muerta dentro del centro penitenciario, en el cual están recluidos menores de edad y aquellos que han cumplido 18 años mientras son procesados o cumplen una condena.
De manera extraoficial se conoció que en la riña también se fugaron dos pandilleros originarios de San Martín y condenados a diez años de cárcel, sin embargo, esta información no fue confirmada por las autoridades.
Finalizamos el sábado 10 de agosto, con 01 homicidio en el país, se trata de un pandillero quien murió en un centro penitenciario, tras una riña con otros internos. pic.twitter.com/l2r22Ta5T8
— PNC El Salvador (@PNCSV) August 11, 2024
Pocos pandilleros muertos
Esta es la primera vez que la Policía informó una muerte violenta cometida dentro de una prisión, desde la implementación del régimen de excepción.
En contraste, las organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado la muerte de más de 300 personas bajo custodia del Estado en el contexto del régimen de excepción, de las cuales aseguran que el 44% hay indicios de ser muertes violentas.
El Socorro Jurídico Humanitario asegura que del total de muertes que han documentado en centros penales, solamente el 6% eran pandilleros, mientras que el 94% eran personas civiles y que aún no habían sido condenadas por el delito que se les estaba acusando.
“Se observa que solamente un 6% de los fallecidos eran pandilleros, entendiéndose que “pandillero” es aquella persona que ha pasado un ritual, “el brinco”, para ostentar esa categoría dentro de esos grupos criminales”, indica el último informe sobre muertes en penales elaborado por esa organización.
La directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, ha manifestado en múltiples entrevistas que la mayoría de personas fallecidas eran personas que se ganaban la vida como vendedores informales, transportistas, agricultores, pescadores y un sindicalista.
Los datos recopilados por el Socorro Jurídico indican que el 90% de personas muertas en los penales se encontraban recluidas en los penales de Izalco, Mariona, Apanteos y Quezaltepeque.
“La situación dentro de las prisiones se volvió aún más grave, el hacinamiento y otras causas han permitido un descontrol de parte de las autoridades del sistema penitenciario, como resultado muchos internos fallecieron vapuleados a otros se les complicaron sus enfermedades y otros las adquieren ahí dentro”, enfatiza el último informe del Socorro Jurídico.
El comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán Caballero confirmó el mes pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que hasta el 25 de junio de 2024 en los Centros Penales de El Salvador había un total de 107, 997 personas privadas de la libertad.
Con esa población carcelaria, El Salvador tiene la tasa de personas privadas de libertad más alta a nivel mundial, con 1,704 por cada 100,000 habitantes.