El 2024 finalizará como el año con la tasa más baja de homicidios en el país durante la última década, según lo demuestran cifras publicadas en redes sociales por funcionarios salvadoreños.
El presidente Nayib Bukele aseguró a través de su cuenta de X (Twitter) que este año finalizará con una tasa de 1.8 por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, estos datos no pueden ser contrastados debido a que el gobierno ha impuesto reserva de información por siete años a las estadísticas de todos los indicadores de violencia.
"La tasa de homicidios proyectada para 2024 es de 1.8 por cada 100,000 habitantes, consolidando a El Salvador como el país más seguro del Hemisferio Occidental", publicó el mandatario el 1 de diciembre pasado.
La tasa proyectada para este año es mínima en comparación con el 106.3 que se tuvo en 2015 durante el periodo presidencial de Salvador Sánchez Cerén y el promedio de la tasa en los cinco años del periodo constitucional del mismo presidente Bukele correspondiente a 15.1 por cada 100,000 habitantes.
"Esto es impensable, sin duda hay una transformación en materia de seguridad y eso está cambiando la forma en que el salvadoreño camina por las calles, se ha devuelto la esperanza", señaló sobre la baja de homicidios el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, el 1 de noviembre pasado en un programa televisivo estatal.
Sin embargo, especialistas en seguridad han señalado que estos datos se han registrados bajo criterios de categorización utilizados por el actual gobierno desde 2021, ignorando el Protocolo de Bogotá, el cual se tomaba como parámetro en la medición de los índices de homicidios por los gobiernos anteriores y el cual es utilizado actualmente por la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe.
El sistema de medición con base al Protocolo de Bogotá incluye a personas particulares que mueren en enfrentamientos armados, delincuentes muertos en balaceras con las autoridades y las osamentas o restos encontradas en fosas o cementerios clandestinos.
Al no tomar en cuenta los mismos parámetros utilizados en los años anteriores y en otros países, dificulta realizar una comparación fidedigna.
El Socorro Jurídico Humanitario ha denunciado que de 347 muertes bajo custodia del Estado, el 40% presentaban indicios de ser violentas, pero las autoridades no han informado que algún caso de esos haya sido registrado como homicidio.
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Dudas
Pese al optimismo de las autoridades salvadoreñas por los bajos índices de homicidios, diversos sectores aunque reconocen la baja de homicidios, critican el ocultamiento de información detallada, lo cual no permite hacer una evaluación de la violencia en general.
El 10 de diciembre pasado, el congresista estadounidense James Patrick McGovern puso en duda, ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de Estados Unidos, las cifras de homicidios del gobierno salvadoreño.
"Ni siquiera está claro que las estadísticas que el gobierno está publicando sobre la reducción de homicidios sean ciertas. Un ex comandante de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos echó un vistazo a los datos y descubrió que el gobierno salvadoreño ha subestimado los homicidios hasta en un 47%. ¿Cómo? Excluyendo los cuerpos encontrados en fosas, los asesinatos policiales y los homicidios en prisión", declaró McGovern.
David Morales, ex procurador de Derechos Humanos y abogado de Cristosal, considera positiva la reducción de homicidios, pero denuncia que "el ocultamiento de información por parte del gobierno, no permite tener una evaluación clara de lo que está ocurriendo".
"No existe una política pública de seguridad que conozcamos, el mismo Plan Control Territorial está seriamente en duda su existencia, en la medida que ni siquiera podemos tener acceso a ese documento, a sus indicadores, la poca información disponible, sólo permite establecer que prácticamente la única estrategia de seguridad que se aplica por este gobierno es el régimen de excepción permanente que es de violación a derechos humanos", manifestó.
Morales expuso que el estado de excepción no es funcional para investigar y juzgar los delitos graves que fueron cometidos por las pandillas. "Los pandilleros que cometieron delitos atroces están y estarán en impunidad porque los homicidios, las violaciones sexuales, las extorsiones no son investigadas, ni son juzgados por esos delitos. El régimen de excepción no está enfocado en esa investigación" dijo.
Por otra parte señaló que el actual gobierno ignora otras problemáticas de seguridad como la desapariciones de personas en el contexto de la violencia de las pandillas.
"Es un escenario muy complejo que , es muy difícil evaluar en la medida que el gobierno oculta información e impone propaganda. Es positivo, por supuesto que los homicidios han disminuido, no sabemos las causas de esa disminución algunos la atribuyen a la negociación directa con pandillas en vista que no hay otras evidencias que apunten de qué es el resultado" agregó.
Asimismo Morales advirtió que las estrategias que se "basan únicamente en la represión del delito y la propaganda" suelen ser procesos que obtienen resultados de corto plazo, que atacan efectos pero no causas de la violencia y por lo tanto suelen ser insostenibles en el tiempo. Como ejemplo puso la tregua entre las pandillas y el gobierno de Mauricio Funes Cartagena en 2012, que terminó en las matanzas de 2015.
El exprocurador considera que para que una estrategia de seguridad sea sostenible en el tiempo, deben incluir programas de prevención, políticas sociales sólidas e incluir la resocialización de personas infractoras, en casos de delitos menores y programas de atención a víctimas.
"Esas políticas sí, permitirían entrar a combatir causas y tener efectos sostenidos en la disminución de la violencia, pero tenemos un gobierno que desprecio, aún más que los anteriores, esta visión integral", manifestó.
Héctor Carrillo, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), manifestó que le alegra la reducción de homicidios, pero no necesariamente significa que el país es seguro, porque es solo es un indicador de la violencia.
"Al respecto, solo consideramos que el gobierno debe abrir al acceso público las estadísticas, de tal modo que exista un parámetro de verificación y análisis de los resultados que reportan las autoridades", explicó.
Carrillo expuso que "basta ver las estadísticas que publica la misma Fiscalía General de la República para darse cuenta que persisten diversos tipos de violencia".
Los datos de las Fiscalía indican que entre 2021 y 2022 se cometieron 97,814 delitos, entre 2022 y 2023 fueron 88,936 y entre 2023 y en 2024 la FGR reportó, hasta mediados de año, 101,416 delitos.
"El número de víctimas es igual de alarmante: 300, 656 entre 2021 y 2024. Esas no son cifras de un país que haya resuelto la violencia. El avance en la reducción de los homicidios es solo un indicador, muy bueno, pero no el único" aseguró.
Carillo considera necesario impulsar acciones que tengan impacto a mediano y largo plazo en la reducción de la violencia.
"El abordaje meramente punitivo puede dar resultados momentáneos, pero no es sostenible a largo plazo. Un diálogo amplio, franco y abierto sobre las medidas que se deben impulsar en materia de seguridad sería oportuno. Ese diálogo debe incluir al gobierno, las comunidades, academia, organizaciones sociales, iglesia y empresariado", concluyó.
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Mujeres bajo inseguridad
La tasa de muertes violentas de mujeres en el país también presenta una disminución significativa en los últimos años, según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).
En 2015 se registraron 574 casos de muertes violentas de mujeres con una tasa de 17.27 por cada 100,000 habitantes mujeres, mientras que en 2024, hasta el 5 de diciembre, se reportaron 38 casos con una tasa de 1.12.
"Desde 1999 que tenemos registro es la tasa más baja de muerte violenta de mujeres, eso sin lugar a dudas, es un avance importante para el país y las mujeres en El Salvador, pero decir que esas tasas determinan un país seguro es otra cosa, porque las inseguridades que enfrentan las mujeres no se comportan de la misma manera que las inseguridades que enfrentan los hombres" explicó Silvia Juárez, coordinadora del programa Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres de Ormusa.
Juárez expuso que las tasas de violencia sexual, especialmente contra mujeres jóvenes y adolescentes, la tasa de violencia física, económica y patrimonial, el acoso sexual y la violencia intrafamiliar, están inalteradas.
La representante de Ormusa asegura que eso demuestra que se ha disminuido las violencia contra las mujeres con intervención de personas extrañas, asociados a un marco de violencia social que también enfrentan los hombres, pero no se ha disminuido la violencia de agresores de mujeres en su entorno de confianza (compañeros de vida y familiares).
"Hay que reconocer que las otras inseguridades de las mujeres siguen estando inalteradas y que las violencias que enfrentan las mujeres en los entornos de confianza, o sea el lugar de mayor inseguridad para las mujeres, sigue siendo la relaciones de confianza y eso no está siendo atendido", manifestó.
El informe anual de la Fiscalía correspondiente al periodo de junio de 2023 a mayo de 2024, registra 20, 950 hechos clasificados dentro de las categorías de violencia feminicida, sexual, psicológica y patrimonial. Estos datos evidencian un incremento del 15% de hechos de violencia contra las mujeres con relación al mismo periodo anterior.