Un sargento de la Policía Nacional Civil (PNC) y su familia están sufriendo igual que cientos de grupos familiares cuyos miembros han sido arrestados de manera fraudulenta, arbitraria e injusta bajo el régimen de excepción, acusados de ser pandilleros con fichas elaboradas después de la detención, como prueba.
El 4 de marzo de este año, en el cantón Natividad, Santa Ana, un grupo de soldados interceptó a Ricardo Ernesto García Cabrera, 34 años, cuando éste se dirigía a encontrarse con un grupo de vecinos y amigos que ese día pretendían subir hasta la cruz construida en la cima del cerro Tecana.
Gustavo, pareja de una vecina de Ricardo, recién había venido de Estados Unidos y quería conocer el cerro Tecana, específicamente llegar hasta donde está la cruz que se aprecia desde diversos puntos de Santa Ana. Como Ricardo descansaba los lunes, acordaron ir ese día.
Quedaron de juntarse en un lugar que se conoce como El Amate.
Rumbo a ese lugar iba cuando unos soldados le ordenaron que se detuviera. Le pidieron que les mostrara su documento único de identidad. En ese instante le cayó una llamada de los amigos, pero no les pudo responder porque estaba con los soldados. A la segunda llamada logró contestarles y les dijo que unos soldados lo habían retenido.
Al escuchar eso, el grupo de amigos se fue al lugar que Ricardo les indicó. Al llegar, los soldados le dijeron que no pasaba nada, que estaba limpio, pero que se lo iban a llevar por los tatuajes que andaba.
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Berta Cabrera, la madre de Ricardo, asegura que su hijo tiene tatuadas las iniciales de su nombre, y que nunca se ha vinculado con pandillas. “No es primera vez que lo paraban con esto del régimen, pero como no tiene antecedentes penales, siempre le decían que estaba limpio y lo dejaban ir”.
El grupo de amigos alegó a los soldados que los tatuajes de Ricardo no tenían nada que ver con grupos de pandillas, pero aún así se lo llevaron en vías de investigaciones. Los soldados llamaron a una patrulla y se lo llevaron. El grupo de amigos lo siguió hasta la oficina de investigaciones de la Delegación de Santa Ana.
Después lo llevaron al 911 y allí tampoco les quisieron dar información.
A las 10:00 a.m., aproximadamente, el grupo de amigos le informó a Berta Cabrera lo que había sucedido con Ricardo. Ella fue al 911, y les exigió hablar con su hijo. Un policía le dijo que no le podían dar información.
Allí esperó hasta las 2:00 p.m. A esa hora salió un policía con la cartera y teléfono de Ricardo, y preguntó si había un familiar de Ricardo Ernesto.
Cuando la madre se identificó, le dijo que Ricardo iba a quedar detenido por agrupaciones ilícitas. Berta les argumentó que su hijo no tenía antecedentes penales y que desde que comenzó el régimen de excepción, soldados y policías lo habían checado y nunca lo habían detenido porque cuando consultaban en los archivos siempre salía limpio.
“Su hijo pertenece a la mara Mao Mao de Apopa”, le replicó el policía. Cuando Berta le dijo que estaba equivocado, el policía le contestó: “Usted no sabe todo lo que han andado haciendo su hijo”. “Bueno señora, no le puedo dar más información”, añadió el policía, mientras le entregaba el celular y la cartera de Ricardo.
En ese momento, Ricardo se puso mal de salud, pues es asmático. Una policía le preguntó que si Ricardo padecía de alguna enfermedad, que si padecía de asma; Berta le respondió que sí y, como lo tenía a la vista y cerca le dijo que se tranquilizara, que todo iba a salir bien y que se comunicaría con el papá.
En ese mismo momento, Berta le preguntó a la policía si le podían hacer el favor de comunicarla con el papá de Ricardo, quien es policía. Al oír esto, la policía pareció sorprenderse: “se fue para atrás, se sorprendió, ¿el qué, el papá es policía?”, preguntó la agente, a lo cual Berta le respondió que sí, que vivía en Chalatenango. Luego lo llevaron a que lo viera un médico.
Al siguiente día, martes 5 de marzo, Berta fue a la Procuraduría General de la República (PGR), donde estaba su hijo, y allí Ricardo le contó rápido cómo había sucedido la detención. “Mamá, vos bien sabés que yo no ando en eso de pandillas”, le dijo con lágrimas en los ojos.
En ese lugar, la persona que entrevistó a Ricardo se mostró sorprendida al saber que el teléfono se lo habían devuelto a su madre. Le explicó que era raro porque la policía siempre decomisa los teléfonos, porque suele ser una fuente donde se extraen pruebas o vínculos con pandillas.
El viernes 8 de marzo le hicieron la primera audiencia, al final de la cual lo mandaron para el penal de Izalco, pero ese mismo día en la tarde lo regresaron a las bartolinas policiales, porque por la enfermedad no quisieron recibirlo.
El 9 de mayo lo volvieron a trasladar al penal de Izalco, esa vez sí lo recibieron y desde entonces está en ese penal, afirma Berta.
La madre refiere también que la misma noche cuando capturaron a Ricardo fue a la Unidad de Control de la PNC, a denunciar el caso. Esa dependencia fiscaliza los procedimientos que hacen los policías. Sin embargo, no le quisieron recibir denuncia a Berta, argumentando que había transcurrido muy poco tiempo de la detención. Eso afirma ella.
Al siguiente día volvió a ir a la Unidad de Control. El padre de Ricardo ya había hecho los arreglos para que le tomaran la denuncia. Así lo hicieron y le dijeron que iban a estar pendiente del caso. Luego la llamó una agente de esa misma unidad para entregarle copia de la denuncia.
80,200
Hasta los últimos días de mayo de este año, según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, esa era la cantidad de personas capturadas bajo el régimen de excepción. Miles de ellas fueron arrestadas de manera arbitraria, según denuncias de familiares.
Sin embargo, a Berta le sorprende que en el documento elaborado en la Unidad de Control del cual le entregaron copia, dice que Ricardo fue capturado en su vivienda, mientras que ella fue clara y enfática al decir que lo habían arrestado cuando iba hacia una caminata al cerro Tecana, junto con un grupo de amigos, quienes presenciaron la detención.
Autoridades de la PNC saben del fraude
Casi un mes después de la captura de Ricardo, el 2 de abril, el comisionado Bartolo Evaristo Padilla Campos, quien tenía poco tiempo de haber sido nombrado jefe de la Delegación de Santa Ana, mediante un memorando ordenó al jefe de investigaciones de esa delegación, que no debía capturar a personas con fichas falsas como prueba.
El memorando mencionaba explícitamente el caso de Ricardo y fuentes policiales de este Diario en la referida delegación afirmaron que la orden del jefe de la delegación fue motivada precisamente por todas las fraudulencias que ha habido en el proceso contra el hijo del sargento policial.
“Atentamente y con el fin de dar cumplimiento a recomendaciones hechas por la Unidad de Control, en relación a denuncias de la señora Berta Lidia Cabrera, sobre la detención del hijo, Ricardo Ernesto García Cabrera; al respecto hago de su conocimiento que deberá: Orientar y supervisar al personal bajo su mando, en el sentido que los perfiles delincuenciales deben ser elaborados con información previamente confirmada a través de una investigación y/o existente en los correspondientes archivos o sistemas de control, para lo cual se debe ser lo más diligentemente posible para evitar cometer errores, a fin de no dañar a terceros y evitar incurrir en acciones constitutivas de faltas disciplinarias o penales”, reza la orden girada por Padilla Campos al jefe del departamento de investigaciones, Óscar Santamaría López.
A pesar de que la PNC como institución parece estar consciente de que al hijo del sargento lo están procesando con una ficha de pandillero elaborada de manera fraudulenta, la corporación nada ha hecho por enmendar el error y la víctima continúa en prisión
Las palabras que, según fuentes policiales, un oficial dijo cuando fue informado que Ricardo era hijo de un sargento, van camino a concretarse. De acuerdo con diversos informantes, el oficial reaccionó diciendo que “le valía v*rga que fuera hijo de un sargento”, que igual lo iba a refundir en la cárcel.