Rafael Ruiz trabajó desde noviembre de 1993 hasta hace una semana, en la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, decidió dejar su trabajo ante la indiferencia de la institución en ayudarle y ante las amenazas de algunos jefes policiales a quienes acudió por ayuda para que liberaran a su hijo, Irvin Antonio Ruiz Díaz, capturado el 25 de abril anterior bajo el régimen de excepción.
Irvin tiene 31 años, esposa y dos hijos, uno de estos, recién nacido. Trabajaba como albañil, como electricista, colocando cerámica en proyectos residenciales construidos en la zona de Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva y Zaragoza, según Rafael y Griselda Siliézar, la esposa.
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Precisamente, la tarde del lunes 25 de abril, a las 4:40 p.m., regresaba a su casa, a bordo de su motocicleta, de sus labores diarias, cuando fue interceptado por tres agentes policiales destacados en el puesto del cantón El Matazano, en el municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad.
Según sus familiares, Irvin fue capturado cuando le hacían falta unos 300 metros para llegar a su casa, a reunirse con sus padres, su mujer y sus hijos. Irvin no era un desconocido en el cantón El Matazano. Los policías captores también lo conocían y sabían que era hijo de un empleado administrativo de la PNC.
Lo bajaron de la moto, la cual quedó abandonada por unos minutos y quienes presenciaron la detención escucharon cuando uno de los policías le dijo a Irvin que lo estaban esperando para capturarlo por orden del jefe (del puesto policial) porque le caía mal. Eso afirman el padre y la esposa del detenido.
En el mismo momento que lo arrestaron, la familia de Irvin fue alertada sobre la captura. Rafael se fue de inmediato al puesto policial, que dista unos 200 metros, pero solo logró ver que lo subieron a un pick up policial gris sin distintivos institucionales.
“Yo fui al puesto policial a interceder por mi hijo pero lo que me dijeron es que yo estaba en la misma línea que mi hijo y lo que podía suceder es que me capturaran a mí. Lo que me han dicho que lo que significa estar en la misma línea es que desde el momento en que andaba abogando por la libertad de su hijo, era considerado colaborador de pandillas”, asegura Rafael.
Griselda dice que cuando ella intentó suplicarle al jefe del puesto policial de El Matazano, éste les dijo que mejor se salieran porque lo estaban amenazando y que podía capturarlas. Ante eso, optaron por retirarse.
En la misma tarde del 25 de abril, Rafael se fue a la delegación policial de Santa Tecla, a abogar por su hijo. Asegura que en ese lugar, policías destacados en investigaciones le dijeron que su hijo no tenía ningún vínculo con pandilla y que habían hecho todo lo posible para dejarlo libre, pero que el jefe del puesto policial de El Matazano se había puesto obstinado con el caso argumentando que era un procedimiento policial de él y que nadie tenía por qué interrumpirlo.
En el lugar de trabajo, Rafael solicitó permiso laboral para hacer diligencias tendientes a lograr la liberación de su hijo, pero la respuesta que recibió de su jefe, fue que no tenía por qué firmarle nada.
Amenazado por pandillas
Rafael y Griselda aseguran no saber por qué los policías del cantón El Matazano se han empecinado con Irvin a tal punto de capturarlo y acusarlo del delito de ser pandillero.
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A Rafael le resulta contradictorio, pues ellos han sido víctimas de amenazas de muerte por parte de la agrupación criminal de la Mara Salvatrucha que opera en el lugar.
Según documentos mostrados por Rafael, la misma institución le avisó que en una “wila” (carta) encontrada en el penal de Ciudad Barrios, encontraron que él figuraba entre 15 nombres (6 miembros de la PNC; 1 soldado y 9 personas particulares) que serían asesinadas por “considerarlos un problema para el accionar” de la Mara Salvatrucha.
El martes anterior, Rafael se sumó a la protesta que en la Plaza Salvador del Mundo realizaron familiares de personas detenidas arbitrariamente por el régimen de excepción.
“Yo lo que quiero es ver libre a mi hijo”, acotó Rafael, quien es lisiado de guerra, amputado de una pierna que perdió durante el pasado conflicto armado.