El envío de posibles criminales venezolanos a cárceles de El Salvador funciona como un trato de negocio en el que los mandatarios de Estados Unidos y El Salvador, Donald Trump y Nayib bukele, consiguen destacar sus temas prioritarios, según análisis del doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Virginia, Michael Ahn Paarlberg.
"Trump logra destacar sus temas favoritos, como la delincuencia y la migración, que animan a su base; a cambio, Bukele obtiene dinero y un aumento en su visibilidad en los medios, algo que valora mucho", destaca Ahn Paarlberg.
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"Es evidente que Bukele cree que cualquier cobertura mediática es un buen negocio", añadió.
Durante el fin de semana EE.UU. expulsó a 238 migrantes a El Salvador, entre ellos venezolanos con supuestos vínculos con el Tren de Aragua.
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Un funcionario de la administración estadounidense indicó, según la cadena CBS en una nota del periodista Camilo Montoya-Gálvez, que 137 de los deportados eran presuntos miembros de la pandilla venezolana expulsados bajo la Ley de Extranjeros Enemigos, mientras que otros 101 venezolanos fueron deportados bajo leyes migratorias ordinarias.
Es decir, estos 101 venezolanos no tendrían relación con la banda criminal Tren de Aragua, pero igualmente han sido enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en el departamento de San Vicente.
"El hecho de que el gobierno de Bukele encarcele a venezolanos que no cometieron ningún delito en El Salvador es simplemente ilegal. No hay órdenes de arresto pendientes contra ellos y mucho menos en El Salvador, un país en que probablemente nunca han estado. Así que esto es una violación de sus derechos", señaló Ahn Paarlberg.
Además, el académico afirmó que este hecho sienta un precedente de que un país puede pagar a otro para que encarcele a personas que no le gustan, sin que se cometa ningún delito.
Transnacionalización del régimen de excepción
Ahn Paarlberg explicó que estas deportación significa una "transnacionalización" del régimen de excepción, activo en El Salvador desde hace casi tres años.
"El propio modelo del régimen de excepción se está exportando a Estados Unidos para restringir derechos en este país y quizás en otros. Esto implica la falta de debido proceso, la posibilidad de criminalizar conductas que no son ilegales —como la libertad de expresión de los manifestantes", expone.
Además, añade que con la transnacionalización del régimen los mandatarios hacen uso del tema del problema de la delincuencia para expandir el poder Ejecutivo y eliminar los controles y contrapesos del presidente.
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Sobre si el sistema de seguridad salvadoreño es suficiente para contener la organización criminal del Tren de Aragua, Ahn Paarlberg estima que no representan una amenaza para el orden público fuera de Venezuela, Colombia y la diáspora venezolana, mucho menos para Estados Unidos.
"A menudo olvidamos que para estos grupos criminales en la diáspora, ya sean Tren de Aragua, MS o Mara 18, sus víctimas son otros migrantes vulnerables: compatriotas venezolanos y salvadoreños, no el resto de la sociedad, es decir, los estadounidenses", señaló.
Además, el experto añadió que el Tren de Aragua seguirá traficando y extorsionando a venezolanos dondequiera que huyan y si no son ellos, otra pandilla u otras lo hará.
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