Un grupo de hacktivistas hizo públicos varios documentos relacionados al caso penal contra el asesor de seguridad de la Presidencia Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez, previo al segundo al inicio del segundo mandato del presidente Nayib Bukele.
El grupo de hackers autodenominado CiberinteligenciaSV publicó los archivos a través de chats abiertos de la plataforma de mensajería instantánea Telegram, al cual tiene acceso cualquier usuario que utilice esa app.
La información filtrada confirmó varias situaciones, entre estas la agilidad con la que se desarrolló el proceso de investigación por parte de las autoridades, los delitos que se le imputaron y los problemas de salud que enfrentó el acusado, por los que tuvo que ser internado en dos hospitales distintos.
El ministerio público inició la investigación contra el asesor de seguridad el miércoles 2 de agosto del año pasado, por unas supuestas conversaciones con el expresidente Mauricio Funes Cartagena, que fueron divulgadas por dos portales de noticias y tres cuentas de usuarios de X (Twitter), todos afines al oficialismo.
Siete días antes que iniciara la investigación en su contra, Muyshondt había señalado en redes sociales al diputado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, de estar vinculado a actividades de narcotráfico y tener familiares pandilleros. García en respuesta lo denunció ante las autoridades.
Esas publicaciones desencadenaron una serie de “dimes y diretes” en las redes sociales, ante lo cual el asesor presidencial manifestó: “La verdad siempre será la verdad, aunque te tiren odio, te despidan, te encarcelen o te maten”.
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Consultor colaborador
A pesar de que la investigación en curso no era de carácter público, la filtración revela que seis días después que se abrió el expediente fiscal contra Muyshondt, supuestamente se presentó de manera voluntaria a esa institución, un presunto consultor que habría sido encargado de manejar la cuenta de X del expresidente Funes, asegurando que tenía información “útil”sobre las conversaciones que habían sido divulgadas.
El supuesto consultor habría dicho a las autoridades que después que vio en las redes sociales las capturas de pantalla de las presuntas conversaciones entre Muyshondt y Funes, ingresó nuevamente a la cuenta de X de Funes el 3 de agosto de 2023 y efectivamente encontró los mensajes privados.
Esto significaría que el expresidente Funes no habría cambiado sus credenciales de ingreso durante nueve años, después que finalizó su cargo como presidente de la República.
Un día después que el supuesto asesor brindó esa información a las autoridades, Muyshondt fue detenido al mediodía, pero la orden de captura habría sido girada a las 8:00 de la mañana. La Fiscalía anunció la detención en sus redes sociales hasta las 4:58 de la tarde.
“La @FGR_SV ha girado orden de captura contra Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez por los delitos de revelación de hechos, actuaciones, o documentos secretos por empleado oficial y favorecimiento a la evasión, en beneficio del expresidente Mauricio Funes Cartagena. En conjunto con @PNCSV la detención se ha hecho efectiva”, se lee en la publicación.
Los delitos
Así fue, los fiscales acusaron al detenido ante los tribunales por dos delitos: el primero, favorecimiento a la evasión y el segundo, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial.
Las autoridades argumentaron la tipificación de los delitos contra el asesor de Seguridad en la premisa que tuvo una comunicación constante con el expresidente Funes entre agosto 2019 y abril de 2020, proporcionándole información relevante cuando este ya era prófugo, lo que favoreció a que siguiera evadiendo la justicia.
Además, lo acusaron de brindar información a Funes sobre la ubicación del presidente Bukele, lo que pondría en peligro la seguridad del actual mandatario, quien tiene calidad de “persona de alto riesgo” por el cargo que ostenta.
La Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial establece que los presidentes y expresidentes de cualquier órgano del Estado, denominadas personas de alto riesgo, están sujetas a medidas de protección especial.
Los documentos filtrados por los hacktivistas indican que Muyshontd también fue imputado por el delito de extorsión agravada en perjuicio del diputado Erick Alfredo García Salguero, en una segunda acusación.
Junto a Mushondt fueron acusados la diputada suplente Nidia Arely Turcios Anaya y el asesor jurídico de García, luego que el diputado puso una denuncia por las publicaciones en redes sociales donde era señalado por hechos delictivos relacionados al narcotráfico.
Hospitalizado un mes después de capturado
Aunque la Fiscalía no informó en sus redes sociales cuándo se realizó la audiencia inicial de ambos procesos, como suele hacerlo en otros casos, los documentos publicados por los hacktivistas detallan que fue el 25 de agosto, en la cual el juez envió a prisión a Muyshondt mientras continuaba el proceso en su contra. Ese día varios medios de comunicación llegaron al juzgado, pero no se les permitió el ingreso, tampoco los imputados accedieron a dar declaraciones.
Ese mismo día, Medicina Legal realizó al imputado un peritaje médico de carácter urgente, luego que él mismo manifestara en la audiencia que padecía asma, diabetes y tenía una desviación en la columna vertebral. La evaluación determinó que debía ser evaluado de manera urgente por un especialista en psiquiatría forense.
El mismo juzgado ordenó 13 días después que Muyshondt fuera trasladado desde las bartolinas de la Policía, donde estaba recluido, al hospital Psiquiátrico, luego de que el 8 septiembre Medicina Legal le practicara el peritaje psiquiátrico sugerido.
Los psiquiatras habían determinado que debía ser internado en el hospital psiquiátrico, debido a intentos suicidas previos y factores de riesgo presentes.
Muyshondt estuvo ingresado en el psiquiátrico un aproximado de dos semanas. Posteriormente, el 28 de septiembre fue trasladado al hospital Saldaña, en los Planes de Renderos, por un diagnóstico de enfermedad cerebrovascular y sospechas de meningitis, detallan los documentos filtrados.
Casi un mes después, el 23 de octubre, la defensa de Muyshondt presentó una solicitud para que se le realizará un nuevo peritaje médico y una ampliación del peritaje psiquiátrico, pero la solicitud fue denegada bajo el argumento que ya se habían realizado con anterioridad.
La parte defensora también pidió en esa misma fecha que se actualizara semanalmente el estado de salud del procesado y que se realizara una audiencia especial de revisión de medidas.
El 30 de octubre, una notificadora del órgano judicial llegó hasta el hospital Saldaña para informar al imputado de la audiencia de revisión de medidas programada para el 1 de noviembre, pero no le fue permitido verlo, debido a que por “indicaciones médicas” tenía prohibido recibir visitas.
Un día después, mientras circulaba el rumor de su muerte en redes sociales, el juzgado envió un oficio nuevamente al hospital solicitando que se le permitiera el ingreso de los fiscales asignados, para que le realizaran la notificación de audiencia. Ese mismo día el hospital informó al juzgado que Muyshondt había sufrido un accidente cerebro vascular isquémico.
El 1 de noviembre, día en el que estaba programada la diligencia judicial de revisión de medidas, la Fiscalía publicó un video, tomado supuestamente el día anterior, mientras le informaban de la audiencia autorizada por el juzgado.
En el clip que dura 57 segundos, se observa un hombre totalmente abstraído y con la mirada totalmente perdida. Esa fue la última vez que, públicamente, se vio con vida al asesor de seguridad de la Presidencia.