El congresista estadounidense James Patrick McGovern afirmó que El Salvador vive una atmósfera de miedo casi tan grave como la que presenció también en el país para el contexto de la guerra civil de la década de los 80.
El congresista, también conocido como Jim McGovern, dijo ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de Estados Unidos este martes durante una audiencia sobre el impacto en los derechos humanos del actual estado de excepción en El Salvador en la que participaron organizaciones civiles salvadoreñas e internacionales.
“Hacemos un llamado a adoptar un enfoque para combatir la violencia de pandillas que no implique simplemente despojar a los ciudadanos salvadoreños de sus derechos básicos. Hoy estamos aquí para expresar las mismas preocupaciones y más”, expresó en la audiencia el funcionario estadounidense.
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Además, dijo que cuando vino en noviembre al país por el 35° aniversario de los sacerdotes jesuitas en el país y conversó con los ciudadanos, lo que encontró fue una atmósfera de miedo y autocensura.
“Siendo honesto, era tan grave como lo que presenció durante la guerra civil”, advirtió McGovern.
Indicó que absolutamente nadie disputa que el gobierno salvadoreño estaba y está obligado a responder ante la violencia de las pandillas. Sin embargo, enfatizó en que el Estado salvadoreño también tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, ya que ha ratificado voluntariamente todos los principales tratados internacionales en la materia.
McGovern expuso a los Estados Unidos y a la vista internacional que las personas encarceladas son regularmente privadas de su derecho a la alimentación, el saneamiento y la salud. Además, que 265 personas han muerto bajo custodia o poco después de ser liberadas, incluidos cuatro niños recién nacidos.
“Cientos de niños permanecen detenidos, mientras tanto, ni siquiera está claro si las estadísticas que el gobierno publica sobre la reducción de las tasas de homicidio son verdaderas”, expuso.
También expuso que un excomandante de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos (sin mencionar el nombre) descubrió que el gobierno salvadoreño ha subestimado los homicidios en hasta un 47%, excluyendo cuerpos encontrados en fosas comunes, asesinatos policiales y homicidios en prisión.
De la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) Leonor Arteaga, mencionó en la audiencia que se está utilizando el régimen para mantener el control de la población y generar miedo.
“Los críticos de las tendencias autoritarias del gobierno señalan que esto ha sentado un peligroso precedente, indicando que es aceptable, o incluso esencial, para un gobierno eliminar la protección de los derechos humanos en nombre de la seguridad pública. El régimen de excepción ha creado un marco para la comisión sistemática de abusos contra los derechos humanos, algo que ha sido bien documentado por organizaciones salvadoreñas e internacionales”, expresó la representante de la DPLF.
También señala un aumento en la militarización, particularmente en comunidades marginadas que anteriormente estaban dominadas por pandillas, así como otras medidas preocupantes.
La DLPF detalló que algunas de las muertes bajo el régimen pueden clasificarse como ejecuciones extrajudiciales según el derecho internacional, es decir, el asesinato deliberado de individuos fuera de cualquier marco legal. También es probable que algunas de las torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales documentadas puedan constituir crímenes de lesa humanidad, lo cual implicaría la existencia de un plan o política para llevarlas a cabo, involucrando una cadena de mando de actores gubernamentales en El Salvador.
“Si se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, es probable que sean ordenados, o al menos conocidos, por altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente Nayib Bukele”, dijo Arteaga.
El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, aseveró que muchas de las víctimas de desplazamiento forzado a raíz de las pandillas, ahora son víctimas de los abusos del poder gubernamental.
Desde el inicio del régimen de excepción Cristosal ha identificado cerca de 3,500 detenciones arbitrarias además de 320 muertes bajo prisión causados por actos de tortura, esto sustentando por investigación documental, testimonial y fotográfica.
“Nuestro equipo legal ha analizado 1,178 casos de detenciones durante el régimen de excepción para asistir, en el 100 % de los casos no encontramos base legal para justificar las detenciones”, afirmó Bullock.
Cristosal informó que recoge el dato de cuatro recién nacidos muertos a causa de las capturas bajo el régimen de sus madres.
Además, Cristosal indicó que confirmaron el despido de 139 personas por haber participado en las recientes marchas blancas, “los sindicatos en El Salvador han registrado más de 20 líderes sindicales detenidos bajo el régimen de excepción, y al menos uno de ellos ha muerto bajo custodia”.
Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), sostuvo que la cooptación del sistema de justicia representa una amenaza para la democracia misma.
“Las buenas medidas de seguridad deberían ir acompañadas de un sistema de justicia eficiente e independiente que, lamentablemente, se ha convertido en una herramienta de criminalización represiva incapaz de abordar la impunidad estructural”, expresó la representante de la WOLA.
Juan Papier informó que Investigadores de Human Rights Watch (HRW) visitaron los departamentos de San Salvador, Sonsonate y Cuscatlán. Revisaron registros oficiales y entrevistaron a más de 90 personas, incluyendo víctimas de abusos, jueces, oficiales de policía, entre otros.
También, expuso que solicitaron repetidamente información al gobierno, pero en la mayoría de los casos no proporcionaron una respuesta sustantiva.