En su primer día de trabajo, los diputados del presidente Nayib Bukele destituyeron hace un año al único control del poder que tiene la presidencia: la Sala de lo Constitucional, cinco magistrados que habían sido electos para el período 2018-2027 y en la misma maniobra impusieron cinco magistrados afines al Gobierno.
Ese sábado 1 de mayo en el que los diputados de Nuevas Ideas se estrenaron con esa inesperada acción, considerada inconstitucional por abogados porque no fue el proceso que dicta la Carta Magna, le valió a la bancada del presidente Bukele una amplia condena internacional: desde Estados Unidos a la Unión Europea, democracias sólidas en el mundo, estaban desconcertadas de la forma en que se hizo el atropellado procedimiento.
“¿Cómo lo hicieron? Me gustaría decir que fue un ejercicio abusivo del poder, del derecho, pero fue más que eso: fue un acto de abuso desmedido del poder. Destituyeron a la Sala de lo Constitucional violando todas las garantías, procesos y estándares constitucionales internacionales”, resume un año después del suceso el único magistrado de la Sala que no puso su renuncia ese día como sí lo hicieron sus otros cuatro colegas: Aldo Cáder, Marina Torrento, Carlos Sánchez y Armando Pineda.
El magistrado destituido todavía no da crédito a lo que asombró al mundo por lo atropellado de la decisión de la bancada de Nuevas Ideas y que el mundo también contempló con asombro.
“El órgano ejecutivo que es un órgano controlado le ordena al legislativo que destituya a la Sala y que en su lugar imponga abogados controlados por ellos. En cualquier orden constitucional esto sería materia de ciencia ficción, pero aquí en El Salvador es una realidad”, afirma Avilés todavía sin dar fe a lo que pasó ese 1 de mayo.
El exfuncionario explica en palabras sencillas qué fue lo que ganó el gobierno con esa maniobra denunciada inconstitucional por la misma Sala que emitió esa misma tarde una resolución haciendo prevalecer sus cargos.
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“La Sala emite un mandamiento que lo que la Asamblea estaba haciendo era quitar al órgano ejecutivo y así mismo el control principal y más importante que el órgano judicial ejerce sobre los demás órganos”, explicó.
Y además explica en términos jurídicos las consecuencias de imponer en su lugar magistrados alineados con los dos órganos de Estado, anulando toda separación de poderes.
“Se aniquila el estado constitucional de derecho. La norma constitucional pierde su supremacía, su fuerza actuante se relega a su mera existencia formal eso nos hace retroceder casi 200 años. Implica que la distribución orgánica de funciones está inhabilitada en este momento porque todas las funciones las ha absorbido un solo órgano. Peor aún se desmantela la garantía de la protección de derechos fundamentales, la garantía y la tutela efectiva”, explicó.