Tres instituciones están en la mira del gobierno para ser disueltas próximamente: la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), las cuales serán sustituidas por otras entidades bajo control solo gubernamental.
De aprobarse estas leyes, sumarían 13 las instituciones que se han disuelto a petición del actual gobierno y cambiadas por otras.
En el caso de la DNM, asumiría sus funciones y atribuciones una Superintendencia de Regulación Sanitaria, cuya propuesta de ley ingresó a la Asamblea Legislativa el 31 de octubre pasado y luego a la Comisión de Salud el 6 de noviembre de 2023, la cual quedó abierta y pendiente de la fecha para retomar el estudio.
El proyecto establece derogar los artículos del 3 al 12 de la Ley de Medicamentos, que son los relacionados con la creación, organización y patrimonio de la Dirección.
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Luego está el INSAFORP, que será sustituido por el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), cuya ley ingresó al Órgano Legislativo el 6 de noviembre y se recibió el expediente en la Comisión de Economía el día 9 del mismo mes, que también está pendiente de retomar la discusión del proyecto en otra sesión.
Y el INJUVE será sustituido por la Dirección de Integración, que será creada a través de la “Ley del Sistema Nacional de Integración Fase VI del Plan Control Territorial”, la cual se envió a estudio de la Comisión de Seguridad y combate a la narcoactividad que quedó convocada para el lunes 13 de noviembre.
Estas se sumarán a las que ya fueron derogadas: el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA).
También la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), el Consejo Salvadoreño del Café y el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES).
Mientras que asumieron sus funciones nuevas entidades como la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), el Instituto Crecer Juntos, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y la Marina Nacional, entre otras.
Tomarán bienes
Un elemento común en estos cambios de instituciones es el traslado de los recursos a las nuevas entidades, ya sean estos bienes muebles, inmuebles o activos.
“El Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Dirección Nacional de Medicamentos y el Ministerio de Salud deberán realizar la transferencia de los activos, consistentes en bienes muebles e inmuebles a favor de la Superintendencia relacionados al cumplimiento de esta ley, incluidos los laboratorios para realizar los análisis a los productos regulados”, señala el artículo 39 del proyecto de la Superintendencia.
La entidad será la responsable de la regulación, registro sanitario, autorización de comercialización, permisos de importación y exportación y la vigilancia de los siguientes productos: medicamentos, suplementos nutricionales, dispositivos médicos, tecnologías sanitarias, cosméticos, higiénicos, productos químicos, alimentos, bebidas en general, tanto de uso humano como de uso veterinario; alcohol, tabaco, dispositivos de liberación de nicotina o similares sin nicotina e insumos para uso agropecuario.
Con la ley de creación del INCAF, los recursos recaudados por las contribuciones obligatorias de empleadores privados e instituciones autónomas, que son los que recibe actualmente el INSAFORP, serán distribuidos así: el 20 % para actividades y programas de formación del nuevo instituto, el 40 % para acciones y programas que determine la Dirección de Integración y el otro 40 % se trasladarán al Fondo General de la Nación para cubrir gastos para cerrar la brecha digital.
Además, se establece que la totalidad de activos y pasivos pertenecientes al INSAFORP se transferirán al INCAF, que para el 30 de junio de 2023 ascendían a $74.7 millones.
En el caso de la “Ley del Sistema Nacional de Integración Fase VI del Plan Control Territorial”, a partir de su entrada en vigencia, se da un plazo de seis meses para completar el proceso de disolución del INJUVE y trasladar a la Dirección todos sus activos y pasivos.
Control gubernamental
Otro de los aspectos que destaca en las nuevas instituciones es que sus consejos directivos estarán solo bajo control gubernamental, como fue el caso de la DOM.
El INSAFORP cuenta con representantes del sector gubernamental, del sector empleador y del sector laboral; pero el INCAF solo contará con representantes de los ministerios de Economía, Hacienda, Educación, Ciencia y Tecnología; y Gobernación. Esto deja fuera la representación de empleadores privados y de trabajadores.
Mientras que la Superintendencia tendrá 11 delegados dentro de su consejo, tres más de los que tiene la DNM; pero se excluye la representación de las universidades privadas con carreras afines a la salud.
En el caso de la Dirección de Integración, su consejo tendrá una conformación completamente diferente al del INJUVE, ya que tendrá representantes de los ministerios de Economía, Gobernación, Hacienda y de Justicia y Seguridad Pública; y tres representantes por el sector empleador. Sacando a Educación, Trabajo, Salud, Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, el Instituto Nacional de los Deportes y a representantes de asociaciones juveniles.
Instituciones disueltas y nuevas
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM)
El decreto de disolución se aprobó el 17 de noviembre de 2021 y sus bienes se trasladaron al ramo de Hacienda.
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)
Fue disuelto con la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) aprobada el 17 de noviembre de 2021.
Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
La disolución se aprobó el 25 de mayo de 2022 y sus atribuciones, competencias, responsabilidades y bienes se asignaron a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).
CONNA e ISNA
Disueltos con la Ley Crecer Juntos del 22 de junio de 2022, que creó al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y el Instituto Crecer Juntos.
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)
El decreto de disolución se aprobó el 9 de agosto de 2022 y sus funciones se trasladaron al Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR).
Ente Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTE)
Se constituyó como propietario de las acciones de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL) en la ley aprobada el 21 febrero de 2023.
Autoridad Marítima Portuaria (AMP)
Se disolvió con la Ley de Navegación aprobada el 22 de marzo de 2023 con la que se creó la Marina Nacional adscrita a la Defensa Nacional.
Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA)
Derogada con la Ley de Creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST) aprobada el 6 de junio de 2023.
Consejo Salvadoreño del Café
Disuelto por medio de la Ley del Instituto Salvadoreño del Café (ISC), aprobada el 29 de agosto de 2023, el cual asumió sus activos y pasivos.
CONMIGRANTES
Disuelto con la Ley de Integración de Funciones del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia al Ministerio de Relaciones Exteriores, del 27 de septiembre de 2023.