El 2024 ha sido un año crítico para las escuelas públicas en El Salvador, entre las múltiples denuncias por retrasos en el presupuesto, impago a los proveedores y la constante represión a los miembros sindicales que han exigido el cumplimiento de la revisión salarial desde hace tres años.
“Desde la entrada del presidente Nayib Bukele, en 2019 comenzamos a notar el desmontaje de todos los proyectos que se tenían en educación, pero también vemos varias situaciones yo he venido mencionando, que se está desmontando la escuela pública salvadoreña, este es un gran proyecto que la misma Constitución mandata que sea el Ministerio de Educación el que vele por los derechos a la educación”, sostuvo Idalia Zúñiga, miembro del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), a través de una entrevista radiofónica.
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Demolición de escuelas
Solo unos días antes, madres y padres de familia habrían buscado el apoyo del sindicato cuando conocieron las intenciones de cerrar y demoler el Centro Escolar República de Argentina, que se encuentra ubicado en la misma manzana que el excine Libertad, donde se están haciendo reparaciones y remodelaciones, en el Centro Histórico.
“Les han anunciado que al 31 de octubre tienen que desalojar, que van a llegar a traer los pupitres y escritorios, los maestros tendrían que ser reinstalados, mientras que las mamás tienen que ver a donde se llevan los niños porque ahí va ser demolido, se siente el temblor de la maquinaria cercana”, denunció Zúñiga.
“Lo que se oye es que va a hacer un parqueo, y los parqueos en el Centro Histórico no son gratis. ¿Cómo es que un bien del Estado que le sirve a los niños y a las niñas y a la comunidad educativa se le va a sacar lucro?”, dijo, señalando que es una escuela pequeña que “no causa ningún daño que se quede allí”, señaló la representante del sindicato.
Cuestionó también que las autoridades gubernamentales hayan dado los permisos para la demolición de la escuela, donde trabajan al menos 12 maestros.
También, la educadora denunció que en los últimos meses se ha vuelto evidente un sistema de represión dirigido desde los directores departamentales a todo el personal docente. “Estamos viendo como ahora la función de los directores departamentales en El Salvador ha cambiado y se han vuelto represivos”, agregó Zuniga.
“Para 2025 viene un recorte de $34 millones (al presupuesto) para Educación, esto va amarrado al hostigamiento y sobrecarga laboral. Los asesores andan contando a los niños en las escuelas vespertinas y matutinas, diciendo que si no tienen 28 niños esas aulas desaparecen y por lo tanto esa escuela vespertina, que tenía una razón y cumplía una necesidad, desaparece”, denunció la sindicalista.
Según la información del Frente Sindical, “han dado la orden, los directores departamentales a todos los asesores pedagógicos, de contabilizar a los niños y avisándoles que el próximo año deben pasar al turno matutino o una escuela diferente”, sin detallar exactamente de cuántos centros escolares se podría estar afectando.
Con esta medida no solo se afectaría al alumnado que acude a las escuelas pequeñas al interior de zonas rurales, sino también a los docentes que reciben un pago por contar con un doble turno laboral.
Zúñiga sostiene que este año se ha experimentado una disminución de estudiantes en educación media por diversos motivos, pero uno de ellos es que existen 3 mil menores de edad retenidos bajo el régimen de excepción.
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“Es lamentable que se estén cerrando las escuelas públicas, se están cerrando los espacios para la niñez y adolescencia. El recorte de educación es muestra de ello”, argumentó la educadora.
Según las declaraciones de la representante sindical, esta sería la tercera ocasión en la cual intervienen como gremial ante el posible cierre de centros escolares.
Previamente, grupos sindicales denunciaron que el Ministerio de Educación está sobrecargando a los docentes en cuanto a sus jornadas de trabajo y funciones dentro de las instituciones.
“Todos los maestros que se van acogiendo a los decretos y se van jubilando esas plazas no están siendo llenadas, al contrario están siendo cubiertas por los profesores que se van quedando (...) provocando que se estresen y enferman más”, agregó la sindicalista argumentando que estás medidas buscan reducir la inversión en educación y traducirla como un ahorro.
El Ministerio de Educación no ha informado en sus redes sociales o medios oficiales en cuanto a esta supuesta política de eliminar secciones con menos de 28 estudiantes.