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Ejecutivo pone en vigor Reglamento antes que reformas a Ley de Tránsito

Expertos señalan que esto refleja un “evidente error”, que es resultado de la “mala técnica legislativa”, pero que no afecta la constitucionalidad; sin embargo, ha sido muy recurrente en la actual legislatura dominada por el partido en el gobierno.

Por Milton Rodríguez | Abr 19, 2023- 22:26

Las reformas que la Asamblea aprobó contemplan multas desde $50 hasta $150. Foto EDH/ Menly González

El Ejecutivo publicó el Reglamento de la Ley de Tránsito, pese a que las reformas a dicha normativa aprobadas por la Asamblea, no han entrado en vigencia. Además, según el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, las enmiendas fueron observadas por el mandatario. Esto, según abogados, refleja un “evidente error” , el cual, es resultado de la “mala técnica legislativa” que ha sido muy recurrente en la actual legislatura dominada ampliamente por el partido oficial Nuevas Ideas.

El 13 de abril pasado, el titular del Viceministerio de Transporte, anunció que el presidente Nayib Bukele, devolvió con observaciones a la Asamblea Legislativa, las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que fueron avaladas hace tres meses y que decretaban un aumento considerable en las multas por infracciones de tránsito y otras disposiciones, sobre todo para motociclistas.

Las modificaciones a la normativa de transporte se aprobaron el 25 de enero de este año y establecían que las infracciones leves se castigarían ya no con una sanción económica de $11.43, sino con una de $50. Las multas graves pasaron de $39.29 a $100 y las muy graves de $57.14 a $150.

LEA ADEMÁS: Asamblea aprueba reformas a Ley de Tránsito para elevar multas de $50 hasta $150

“Estas han sido observadas, en este momento se encuentran observadas, estamos esperando a ver cómo van a terminar estas modificaciones, pero sí definitivamente, sí se vio un incremento en cuanto a los usuarios de Sertracen, los que llegaban a ponerse al día en cuanto a esquelas, a sacar sus documentos para la licencia de conducir, la tarjeta de circulación. Incluso, se triplicó en algún momento para los usuarios que se presentaban a Sertracen”, admitió el funcionario en esa ocasión en una entrevista radial.

Asamblea no ha dicho nada

No obstante, pese a que Reyes aseveró que Bukele las mandó observadas a la Asamblea; los diputados no han informado nada al respecto.

En esa ocasión, el funcionario dijo que todavía está a la expectativa de cuáles son esas modificaciones que Bukele ha hecho y que el decreto legislativo tendría que regresar a estudio de la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea, pero en la sesión plenaria de este 18 de abril no lo trataron.

A pesar de que las reformas a la normativa de tránsito “no están vigentes”, pues no han sido publicadas en el Diario oficial, aún así el Ejecutivo publicó el Reglamento que supuestamente se basa en las reformas aprobadas recién por la Asamblea.

Tal publicación se hizo el 28 de marzo. Las reformas aparecen marginadas al pie del documento y estarían vigentes, si se considera que ya pasaron los 8 días reglamentarios que da la ley.

Ante esto, El Diario de Hoy consultó con abogados su parecer por la forma de proceder por parte de el Órgano Ejecutivo y el Legislativo en el proceso de formación de leyes.

El abogado constitucionalista Jonathan Sisco dijo que esto “es un error evidentemente”, pero que no afecta la constitucionalidad, debido a que las reglas para la aprobación de Reglamentos de Ejecución se circunscriben al artículo 168 ordinal 14° de la Constitución de la República. “La ley de tránsito ya existe, por lo tanto no veo problema, no hay vicios de inconstitucionalidad”, dijo el experto.

Una “mala técnica legislativa”

Eso sí, Sisco remarcó que “es evidente que hay mala técnica legislativa” como en muchos otros decretos que han sido aprobados por la actual Asamblea Legislativa.

De igual manera opinó el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, quien expresó que “sin duda” este es uno de los errores que comete la Asamblea en el proceso de formación de ley, y que en este caso involucra al Ejecutivo. “Parece que no tienen el mínimo cuidado de seguir el procedimiento y de no cometer este tipo de errores respecto a fechas y demás”, reprochó Escobar.

Por su parte, la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, manifestó que esta acción es “un error de procedimiento”, puesto que las observaciones ya llevan “varios días” en la Asamblea y “no se ha hecho el estudio pertinente del expediente”. “Lastimosamente eso pasa cuando solo se hacen las leyes sin hacer los estudios y consultas necesarias”, criticó la legisladora.

En esa misma dirección apuntó la parlamentaria del FMLN, Anabel Belloso, quien indicó que el oficialismo, en materia del proceso de formación de ley y de técnica legislativa “saca cero, están ponchados porque desde el inicio han venido incumpliendo y cuando presentan textos, muchas veces dejan mucho que desear porque van mal elaborados y ya no se diga con el contenido de fondo”.

“Nada nuevo”

Es más, la diputada de izquierda subrayó que esto no es nuevo, sino que se ha dado en varias ocasiones. “Creo que fue la Ley de Hidrocarburos que las reformas vinieron y ellos (oficialismo) dijeron que habían ingresado en la fecha, según los plazos todavía, pero al pleno las bajaron meses después”, recordó. Cabe destacar que el 16 de marzo pasado, la Asamblea derogó el decreto equivocado al eliminar prohibición de hacer reformas electorales.

Ante este panorama, la legisladora del FMLN manifestó que esto “es bien incierto y genera un escenario de inseguridad jurídica grave”. Argumentó que no hay certeza de lo que pueda suceder. Para el caso de la enmiendas a la Ley de Tránsito ha sido así porque mucha gente ya daba por hecho las reformas, pero “nadie decía nada, no se publicaban e incluso para que esas observaciones hayan entrado quien sabe cuando es que vinieron” a la Asamblea observadas, destacó. El proceso de formación de ley establece que la Asamblea tiene 10 días para mandar los decretos aprobados a Casa Presidencial y después de eso hay 8 días para que el presidente pueda vetar, sancionar u observar.

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