El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa que apruebe cuatro reformas a la Ley de Presupuesto de 2024 por un monto de $2,7 millones, que incluye un refuerzo para la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC).
Las iniciativas fueron enviadas por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, encargado del despacho, por medio del viceministro de Hacienda, Luis Enrique Sánchez, e ingresaron a la Asamblea con fecha 25 de septiembre.
Hasta la plenaria del jueves, con los votos de la bancada oficialista, la Asamblea ha aprobado 37 reformas presupuestarias, la más reciente es por $1,200 millones al ramo de Hacienda para “obligaciones generales” del Estado, provenientes de endeudamiento externo con Títulos Valores de Crédito.
Una de las reformas es para la incorporación de $519,592 a la DINAC, provenientes de préstamos externos para la ejecución del proyecto de Inversión “Fortalecimiento Institucional -Unidad Ejecutora BCIE 2040”, con el propósito de financiar actividades relacionadas al fortalecimiento institucional.
Se trata de un préstamo suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $109 millones, originalmente para financiar la fase III del Plan Control Territorial; pero en agosto de este año se cambió el nombre del contrato a “Programa de Modernización y Desarrollo Institucional para la Protección Ciudadana”.
De acuerdo al proyecto de decreto, la DINAC requiere los fondos para financiar actividades para conformar la Unidad Ejecutora del Programa, que incluye la adquisición de mobiliario y equipo informático, arrendamiento de local, contratación de consultorías, papelería e insumos de oficina. La DINAC está adscrita al presupuesto de la Presidencia de la República.
Otra iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto 2024, en la parte correspondiente al Ramo de Hacienda, es para incorporar $1,304,913, provenientes de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el “Programa para la Protección Social Responsiva a Choques en El Salvador”, ejecutado por la Dirección General de Subsidios.
Se añadiría la unidad presupuestaria de Apoyo para la protección social responsiva a choques, con el propósito de “dirigir, planificar, coordinar y controlar las actividades administrativas, operativas y financieras para el desarrollo de un sistema integrado de protección social responsivo a choques; la entrega de transferencias monetarias temporales y el fortalecimiento de la oferta de desarrollo infantil temprano para hogares afectados por eventos adversos, incluyendo los causados por el cambio climático”.
Consultorías y mobiliario
La tercera iniciativa de reforma enviada por el gobierno es para incorporar $297,696 al Ministerio de Economía, provenientes del préstamo con el Banco Internacional de reconstrucción y Fomento (BIRF) para el “Proyecto Promoviendo Oportunidades de empleo y Desarrollo de Habilidades en El Salvador”.
De dicho monto, $13,000 se destinará para la contratación de “especialista de relacionamiento estratégico con el sector privado y proporcionar asistencia técnica, espacios de vinculación con dicho sector y equipamiento menor para comités y/o gremiales que apoyan al proyecto”. Y el resto de recursos será para contratar profesionales, adquirir mobiliario y equipo y financiar “otros gastos operativos” para el funcionamiento de la Unidad de Implementación del Proyecto.
Construcción de muro
La otra iniciativa de reforma es para asignar $600,000 en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para la construcción de un muro perimetral en el Centro Especial de Atención en Salud de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
El muro será de 2,800 metros de longitud y cuatro metros de alto, “los cual permitirá el control y seguridad de los privados de libertad y personal administrativo que labora en el mismo; lo que forma parte de la estrategia de seguridad y continuidad de los buenos resultados obtenidos en el marco de la ejecución del Plan Control Territorial”, dice la correspondencia.
Indica el proyecto que los fondos se tomarán de las asignaciones disponibles en la unidad presupuestaria de administración del sistema penitenciario en el ramo de Justicia y Seguridad Pública, provenientes del Fondo General de la nación.
Las cuatro nuevas peticiones pasarán a estudio de la Comisión de Hacienda, convocada para el lunes 30 de septiembre.
