Incrementar la pena hasta un máximo de 20 años de cárcel por el delito de robo y hasta ocho años para el delito de hurto son algunas de las propuestas presentadas por el gobierno a la Asamblea Legislativa, en un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.
En el caso de robo, el Código dicta que "el que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, se apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere, mediante violencia en la persona, será sancionado con prisión de seis a diez años".
La propuesta del gobierno es que sea de diez a 20 años de prisión, que supera la pena, por ejemplo, para los delitos de lesiones graves, que son de cuatro a ocho años. Incluso es más que las lesiones agravadas que rondan los diez años de pena.
Por robo agravado, la pena actual es de ocho a 12 años de cárcel y la reforma la aumenta al rango de 20 a 30 años, una pena mayor que la establecida para el homicidio simple, que es de 15 a 20 años de cárcel.
Se pide agregar a las agravantes del robo cuando en el hecho intervenga un funcionario, empleado público o municipal, agente de autoridad, autoridad pública o servidor público.
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En el caso del delito de hurto, se cataloga como "el que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, obtuviere, utilizare o se apoderare ilícitamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere en su poder o bajo su legítimo derecho" y se sanciona con prisión de dos a cinco años, si el valor de la cosa hurtada fuere mayor a 200 colones ($22.85).
La propuesta gubernamental es que se sancione con penas de seis a ocho años de prisión. Y también solicita que se considere como "cosa mueble", los servicios públicos de energía eléctrica, agua, combustibles de cualquier tipo, telecomunicaciones, tales como telefonía, televisión e internet.
Es decir, que las personas que sean acusadas de hurto de cualquiera de esos servicios también puedan enfrentar penas de cárcel.
Sin embargo, la propuesta añade la posibilidad de "excusa absolutoria" cuando se repare el daño del bien que fue hurtado. "En el supuesto del artículo anterior, quedará exento de pena el que repare integralmente el daño ocasionado a la víctima, lo cual podrá realizarse siempre y cuando medie anuencia del fiscal en sede administrativa", dice la primera parte del artículo 207-A que se agregaría al Código Penal.
En ese caso, dentro de los cinco días siguientes, el fiscal remitirá al juez el acta respectiva para su homologación y dicha excusa se podrá otorgar una sola vez a una misma persona.
Para el hurto agravado, la sanción que se pide es que sea de diez a 15 años de prisión, actualmente es de cinco a ocho años.
Circunstancias agravantes
El Código establece diez circunstancias agravantes del hurto, incluyendo cuando se trate de objetos que formaren parte de la instalación de un servicio público o cuando se trate de objetos de valor científico o cultural. La propuesta agrega los objetos que tengan valor histórico o religioso.
La reforma adiciona 12 situaciones más que agravarían el delito de hurto. Una es cuando se realizare en estaciones, sitios de abordaje, desabordaje o en el interior de vehículos automotores utilizados para el servicio de transporte de pasajeros, lugares turísticos y de esparcimiento y en lugares abiertos al público.
También si el hurto fuere de un vehículo automotor, partes o pieza de este; si fuere de cinco o más cabezas de ganado, pese a que el Código ya cuenta con un articulado para el hurto de semovientes.
Otra circunstancia agravante sería el hurto de uniformes, lemas, emblemas o insignias de la Policía Nacional Civil, la Academia Nacional de Seguridad Pública, la Fuerza Armada, la Dirección General de Centros Penales, la Dirección General de Migración, la Fiscalía General de la República, entre otras situaciones.
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Otros delitos para los que se pide subir las penas son: receptación, con penas de seis a diez años de cárcel; conducción de mercadería de dudosa procedencia, de seis a diez años; proposición y conspiración, pasando de la quinta parte y la mitad del mínimo de penalidad a la mitad del mínimo y el mínimo de la pena de los delitos respectivos.
Se pide pena de dos a cinco años por el uso ilícito de vehículo automotor y usar un vehículo robado para cometer otro delito, la pena será de cinco a ocho años.
Para el delito de estafa, la ley establece penas de dos a cinco años y la reforma propone que se sancione con penas de cinco a ocho años de cárcel. Y el delito de daños en propiedad ajena se pide que se sancione con penas de dos a cinco años.
Amplía detención provisional
Ampliar el plazo de la detención provisional es otra de las propuestas del gobierno con el proyecto de reforma al Código Procesal Penal. Actualmente, la ley dicta que la detención o internamiento provisional deberán guardar la debida proporción a la pena o medida de seguridad que se espera y en ningún caso podrán sobrepasar la pena o medida máximas previstas en la ley, ni exceder el plazo de 12 meses para los delitos menos graves y de 24 meses para los graves.
Mientras que la reforma quita la parte de que no podrá exceder el plazo de 12 y 24 meses para los delitos menos graves y los graves, dejando que no podrá exceder de la mitad de la pena máxima dispuesta para el delito más grave.
"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el juez o el Tribunal podrá extender la detención o internamiento provisional mediante resolución fundada por 24 meses más para los delitos graves, durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria", indica la propuesta.
La norma vigente permite extenderlo mediante resolución fundada por 12 meses más para los delitos graves, durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria.
Incluso propone una disposición especial para que, al entrar en vigencia la reforma, esta se aplique a los procesos penales que ya están en trámite.
"El tiempo que el imputado hubiese permanecido en detención provisional, se abonará a la contabilización del tiempo máximo de dicha medida cautelar", dice el proyecto.
Busca disuadir
La correspondencia con las iniciativas de reforma fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien expresa que la finalidad es "ajustar" la normativa penal "para asegurar el ejercicio de las libertades fundamentales", lograr un descongestionamiento de los tribunales y la protección de los bienes jurídicos del patrimonio privado.
"Tomando en consideración la movilidad en el territorio que están utilizando los delincuentes para cometer los ilícitos; a través de una reconfiguración de algunas conductas ilícitas y el aumento de penas para algunos delitos con mayor incidencia delictiva", expone el funcionario.
Y añadió que el objetivo es "disuadir" a los delincuentes de la comisión de dichos delitos, en el caso de las modificaciones al Código Penal.
Las otras dos piezas de correspondencia se refieren a la reforma al Código Procesal Penal sobre el plazo de la detención provisional y la responsabilidad civil.
En el caso de las circunstancias que agravan la responsabilidad penal, el Código ya incluye cuando el crimen sea ejecutado por integrantes de una agrupación ilícita o crimen organizado y con la reforma se agregará a cuando sean personas que colaboren con este tipo de estructuras.
También se incluye como nueva circunstancia la movilidad territorial, es decir, cuando el delito sea cometido en un distrito o territorio distinto al del domicilio del imputado.
