Para usarlo en gasto corriente, el gobierno ha pedido a la Asamblea Legislativa un refuerzo de $50 millones al presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Estos fondos son adicionales a los $80 millones que los diputados ya habían autorizado en marzo pasado, incrementar en su gasto anual al Ministerio de Seguridad.
Ese dinero también es para ejecutar medidas concernientes al régimen de excepción, prorrogado en dos ocasiones por los diputados.
En esa ocasión, de los $80 millones que la Asamblea autorizó al Ministerio de Seguridad; $60 millones se ocuparían para comprar equipos, armamento, vehículos y uniformes para los agentes de la Policía y, el resto, $20 millones, para operaciones del Ejército.
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El Ministerio de Justicia administraría $60 millones, de los cuales, $30 millones eran para comprar bienes y servicios y la otra mitad, $30 millones para hacer transferencias.
En la nueva solicitud de más recursos por $50 millones para el Ministerio de Seguridad enviada por el Ejecutivo el 7 de junio de 2022, se detalla que los fondos se destinarán al “Programa Especial de Combate a Terroristas”.
El 27 de marzo de 2022, la Asamblea decretó en “régimen de excepción” a El Salvador, a raíz de un alza de homicidios de 87 en total en el lapso de 72 horas.
El estado de emergencia fue ampliado dos veces desde marzo pasado, al igual que el decreto legislativo transitorio que avalaron en abril para que las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios que el gobierno realice durante la vigencia del régimen de excepción, estén exentas del pago de aranceles y otros impuestos y que se puedan realizar sin pasar por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Esta normativa que podrá ser evadida por las instituciones del gobierno que gasten recursos públicos en el marco del régimen de excepción, es para evitar actos de corrupción o falta de transparencia en el uso de los fondos estatales.
La evasión de la LACAP también se podrá dar en los fondos que contrate el Ejecutivo para la construcción de más centros penales.
Al respecto, la diputada Marleni Funes, del FMLN, consideró que el tema de seguridad con el régimen de excepción, está siendo usado por el gobierno como “llenadera” para gastar dinero sin rendir explicaciones, al igual que con el Plan Control Territorial, con el cual el gobierno se hizo de $500 millones.
“El régimen de excepción que vino a sustituir al Plan control Territorial, está siendo otro mecanismo de trasladar dinero de una cartera de estado a otra y seguir gastando sin mayores explicaciones, porque ahorita no sabemos en qué se usó el dinero. Se habla de dinero para el Plan Control Territorial y luego desaparece y surge el régimen de excepción, ahora piden dinero para este régimen, además se aprueba una ley especial para hacer contrataciones para el régimen de excepción, pareciera que es llenadera en las autoridades se justicia”, reclamó Funes.