La Asamblea Legislativa tiene dos meses para decidir la suerte del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), pues de lo contrario el gobierno tendrá que desmantelar sus terminales y finalmente abrir los carriles segregados en el bulevar del Ejército y la Alameda Juan Pablo II.
En marzo de 2022, la Sala de lo Constitucional dio un año más de plazo para que se cumpliera una sentencia de 2019 que le ordenaba a la Asamblea concesionar el servicio o desmantelar su infraestructura.
Si bien el servicio de buses articulados operaba desde enero de 2015 con 37 unidades, la Sala anterior determinó que el gobierno de la época violó la Constitución porque no sometió a concurso de la Asamblea la concesión, sino que se entregó a dedo a una empresa de reciente fundación.
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A dos meses de que concluya el último plazo, la Asamblea no ha definido hasta ahora si concesionará (asignar a una empresa mediante un concurso público) el servicio o se terminará de abrir el carril segregado y desmantelar las estaciones y separadores.
Mientras tanto, las 8 estaciones MQ (Hospital Médico Quirúrgico), Parque Infantil, Parque Centenario, Reloj de Flores, Fenadesal, Amatepec, Antekirta y la Estación Provisional (Plaza Mundo) del Sitramss lucen abandonadas y tomadas por indigentes.
“Sucias, descuidadas y sin mantenimiento está la mayoría. Antes las cuidaban militares y desde que ellos se fueron muchos indigentes llegan a dormir ahí”, expresó Estela, quien vive cerca de la estación frente al hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social, sobre la Alameda Juan Pablo II.
Mientras, Gabriela Torres, vecina de Soyapango, lamenta que dejara de funcionar. “Cuando estaba el Sitramss rápido se subía (a la capital). Ahora para llegar hasta el Salvador del Mundo son casi dos horas en tráfico”, explicó.
Esteban Medina, otro usuario, asegura que sólo en tráfico pierde más de cuatro horas. Las largas filas de carros y buses para salir de Soyapango y viceversa hacen que su día se vuelva más tedioso. “Aunque salga más temprano siempre me topo con las grandes colas, y más ahora que la gasolina esta cara de nada me sirve sacar el carro”, externó.
Además, recuerda cómo los usuarios estaban siendo “educados” para abordar las unidades. “Quienes viajamos en transporte público sabemos lo tedioso que es cuando va todo lleno y aparte de eso el tráfico que se hace, es bastante el tiempo que toca venir parados”, agregó.
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Inconstitucionalidad de origen
Pese a los cuestionamientos sobre la ilegalidad de su origen, el Sitramss fue prácticamente impuesto en 2013 durante el gobierno de Mauricio Funes sin la licitación pública que ordena la Constitución y sin ninguna transparencia. El proyecto tuvo un costo de $45 millones, dinero adquirido de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se paga con el dinero de los impuestos de los salvadoreños.
El 13 de junio de 2019, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el “uso exclusivo” de los carriles segregado y la concesión de facto del servicio a empresas privadas sin pasar por la Asamblea.
La Sala dio un año para concesionar debidamente el proyecto o desmontarlo, pero la sentencia no se cumplió por la pandemia de 2020 y el año anterior se renovó el plazo por un año más.
El 1 de octubre de 2021, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, anunció que para diciembre del 2021 se esperaba terminar un estudio para incorporar un nuevo sistema de transporte colectivo en el área metropolitana de San Salvador para sustituir al Sitramss, pero nada ha pasado.
Aunque también ya se cumplió un año de las declaraciones del ministro Herrera, hasta la fecha no se define nada al respecto.
El Diario de Hoy intentó obtener información sobre los avances con el estudio a través de Unidad de Acceso a la Información Pública del MOP y la resolución fue que la solicitud se remitiera a la gerencia de comunicaciones para el seguimiento y respuesta a la petición. Posteriormente se intentó contactar al Ministro a través del área de comunicaciones, con Jorge Trillos, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta.
Prisión preventiva para acusados en el caso Sitramss
El pasado 16 de diciembre de 2022 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla la acusación contra tres exfuncionarios de la gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén y un empresario, tras ser acusados por irregularidades en el proceso de implementación del Sitramss.
Se trata de Edwin Ernesto Flores Sánchez, exdirector de Tránsito del Viceministerio de Transporte, acusado de actos arbitrarios, y Miguel Ángel Díaz Castaneda, presidente de la Unión de Empresas Sipago-Subes y Sitramss, a quien le imputa el delito de extorsión agravada, tras ser acusados por irregularidades en el proceso de implementación Sitramss.
Además en el reporte judicial del caso se detalla sobre dos involucrados más: Gerson Martínez, el exministro de Obras Públicas, acusado por incumplimiento de deberes, y Nelson García, exviceministro de Transporte, acusado por el delito de extorsión agravada.
De acuerdo con la Fiscalía ambos se encuentran prófugos.