Los Órganos de Estado Ejecutivo y Judicial, cuatro ministerios y tres entes de control gubernamental incumplen la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) al ocultar o no actualizar el índice de su información que calificaron como reservada.
En su apartado del índice de información reservada la ley indica que las Unidades de Acceso a la Información Pública de cada institución de gobierno elaborarán semestralmente y por rubros temáticos un índice de la información clasificada como reservada.
El índice deberá indicar la unidad administrativa que generó la información, la fecha de la clasificación, su fundamento, el plazo de reserva.
"En ningún caso el índice será considerado como información reservada y el mismo deberá ser publicado", indica la Ley de Acceso a la Información Pública.
La LAIP establece que se catalogará como información reservada la referente a planes militares secretos, lo que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública; la que menoscabe las relaciones internacionales; la que ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona; recomendaciones de los servidores públicos, en tanto no sea la decisión definitiva; la que perjudique la prevención, investigación o persecución de ilícitos; la que comprometa las estrategias y funciones estatales en curso.
Aún así, en el caso de la Presidencia de la República solamente divulga la remisión del índice al Instituto de Acceso de Información Pública (IAIP), pero no sube el listado al portal oficial, práctica que aplica desde 2021 según su Portal de Transparencia.
En el caso del Órgano Judicial en todo el 2024 no actualiza su índice de información reservada.
El tercero de los Órganos de Estado, el Legislativo, sí cuenta con un índice de información reservada actualizado, según el documento, este año ingresaron a este dos elementos en reserva. El primero se refiere a "Términos de Referencia Especificaciones Técnicas para Procesos de Libre Gestión, Licitaciones Públicas, contrataciones directas, u otro tipo de modalidad, órdenes de compra evaluación de la oferta, comparaciones de precio u otro tipo de modalidad para la adquisición de bienes de obras, prestación de servicios" y "Expedientes relacionados a elecciones de segundo grado que realiza la Asamblea Legislativa".
Cabe destacar que los términos de referencia y especificaciones técnicas son los datos que se refieren al tipo y característica del bien o servicio que adquiere con el presupuesto institucional, provisto con fondos públicos.
Ambas informaciones se especifica que su reserva es hasta 30 días hábiles después de terminadas las elecciones.
Sin embargo, medios de comunicación como Revista Factum señalan que información oficiosa como su nómina institucional es negada en solicitudes de acceso a la información pública, pese a ser información oficiosa y no estar ingresada en el índice de reservas.
Ministerios y entes de control
Cuatro ministerios incumplen con la divulgación de sus índices de información reservada: Agricultura y Ganadería no lo actualiza desde 2022; Gobernación y Desarrollo Territorial, desde 2023; Justicia y Seguridad Pública, desde 2023; y Defensa Nacional desde enero del presente año.
Según su índice, Obras Públicas es el ministerio que más reservas lleva declaradas este año.
Los estudios, diseños, contratación y ejecución del proyecto "Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramo Los Chorros)"; las compras, adquisiciones y contrataciones relativas a los fondos de emergencia para la atención de la pandemia; también las compras, adquisiciones y contrataciones relativas a los fondos de emergencia para la atención de la pandemia; el presupuestos para los ejercicios fiscales de 2023 y 2024; el proyecto de mejoramiento de infraestructura, obras paisajísticas, de mitigación y de circulación peatonal desarrollados por la Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social, entre otras.
En el caso del ministerio de Medio Ambiente su índice refleja que entró en reserva los expedientes de proyectos para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de centros penitenciarios aprobados por ellos cuyo estado haya finalizado su correspondiente proceso de evaluación y para los cuales se haya emitido su respectiva resolución final.
Educación reservó cinco temas este 2024, entre ellos el informe de la Visita de Pares Evaluadores del Proceso de Evaluación Institucional, Informe de inspección para verificación de cumplimientos de normativa de Educación Superior; el Convenio marco Cooperación entre el Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Educación y la Policía Nacional Civil 2020-2024.; el Plan de Prevención y Seguridad Escolar, entre otros.
En los entes de control la Unidad Técnica Ejecutiva y la Corte de Cuentas de la República no cuentan con su índice, de la primera institución se identifica un ícono de descarga, pero no incluye o descarga ningún documento. En el caso del Tribunal del Servicio Civil, su página estaba en mantenimiento al momento de la verificación.
En el caso de la Procuraduría General su índice, pese a estar actualizado, no especifica el periodo de reserva. El resto de entes de control sí cuentan con su índice en regla.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con su índice de información reservada al semestre de 2024, en el que se incluye una reserva por siete años de la correspondencia relativa al Tren del Pacífico, declarada así en enero de este año.
En junio también reservó por tres años los proyectos de Sistema de Gestión de Calidad en las Representaciones Diplomáticas y Consulares (Fase 11), la ampliación de los Sistemas de Videovigilancia (CCTV) en los Estados Unidos, la adquisición de inmueble en Long lsland, Nueva York para el Consulado General de El Salvador, el proyecto de apertura de una representación diplomática y consular en el Reino de Egipto; y otra en la Federación de Estados de los Emiratos Árabes Unidos.
IAIP con responsabilidad
La Ley establece que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) deberá llevar el registro centralizado de los índices de información reservada, el cual también deberá ponerse a disposición de la ciudadanía.
Para el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, el Instituto es ausente en la verificación del cumplimiento de la LAIP respecto a la divulgación de información.
"Es una institución que no verifica el cumplimiento de la ley, que no responde a las denuncias ciudadanas, no tutela el derecho a la información", señaló Escobar.
La abogada de la Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), Sonia Hernández, señaló que el IAIP como institución de control o verificación debe estar pendiente de que el portal de transparencia se encuentre funcionando y cumpliendo con lo que mandata la LAIP.
"El papel de IAIP es ineficiente, porque de oficio debería de actuar o vigilar el cumplimiento del portal, y al no hacerlo se vuelve ineficiente y propicia la falta de transparencia de las instituciones públicas", señaló Hernández.