El gobierno salvadoreño aseguró el 29 de julio, a través de una respuesta escrita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que no existe medida más idónea que el régimen de excepción, para enfrentar la extrema violencia ejercida por las pandillas.
El gobierno asegura que se vio “obligado” a tomar esa medida después que solo el 26 de marzo fueran asesinadas 62 personas, en 12 de los 14 departamentos del país.
“Sin duda, un mensaje expresado en el lenguaje de las pandillas”, agregan. Esto contrasta con su mismo discurso desde que inició el gobierno de Nayib Bukele, a cerca de que el descenso abrupto del promedio diario de homicidios se debía al funcionamiento del plan de control territorial.
Informe gobierno ante ONUCapturas arbitrarias
Sobre las denuncias de capturas arbitrarias la representación gubernamental explica que se creó un plan y un decálogo, los cuales han sido “socializados” a nivel nacional para que los policías sepan sus deberes y límites en la actuación policial en el marco del estado del Régimen de Excepción.
Sin embargo, organizaciones sociales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registran más de 3,000 denuncias de violaciones de derechos humanos durante el régimen, entre ellas detenciones arbitrarias.
El informe "100 días de régimen de excepción en El Salvador", publicado la semana pasada por el observatorio de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas, UCA, reveló que la PDDH hasta el 24 de junio de 2022 había recibido 1,891 denuncias de vulneraciones al derecho a la libertad personal, de las cuales 1,673 corresponden a casos de “detenciones ilegales y arbitrarias cometidas por funcionarios del Estado de cualquier tipo de autoridad”.
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Además, señala que hasta el 5 de julio de 2022 la Corte Suprema de Justicia recibió 522 peticiones de habeas corpus en los que la Policía es la autoridad con más señalamientos, con un total de 124 imputaciones.
En cuanto a las denuncias de las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas en bartolinas policiales y penales, el gobierno argumenta que “la PDDH ha señalado que las condiciones desfavorables de habitabilidad e higiene en los centros de detención de la PNC tienen antecedentes históricos y estructurales”.
Una fuente penitenciaria confirmó de manera extraoficial a este periódico que desde que inició el régimen de excepción ha habido brotes de enfermedades respiratorias y de la piel en los diferentes centros de detención. “Entran barriladas de medicina para los hongos”, aseguró.
A diferencia de los publicado en Twitter por el presidente Nayib Bukele, sobre que se iba a racionar la comida en los centros penales, el informe gubernamental señala que la PDDH verificó que, del 12 al 27 de mayo de 2022, la alimentación no había presentado problemas de abastecimiento en el marco del régimen de excepción, ya que se proporcionan tres tiempos de comida y en algunos casos también refrigerio. “La alimentación es variada para cada día e incluye vegetales, frutas, carne, pollo y granos básicos”, específica.
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De ser cierto lo que dice el informe presentado a los altos comisionados de Naciones Unidas, el presidente no habría cumplido lo publicado en su Twitter el pasado 27 de marzo en el que se leía: “Y si la “comunidad internacional” está preocupada por sus angelitos, vengan y tráiganles comida, porque yo no le quitaré presupuesto a las escuelas para darle de comer a estos terroristas. Vamos a racionar la misma comida que se da ahora y de ahí comerán los nuevos también”.
Muertes en penales
En cuanto a las denuncias de personas fallecidas mientras se encuentran en custodia del Estado, el gobierno asegura que algunos casos están siendo investigados por la Fiscalía General de la República.
Según datos de Cristosal, hasta el 8 de agosto hubo 66 casos de personas fallecidas en centros penales y bartolinas mientras se encuentran capturadas.
Las muertes registradas por Cristosal incluyen a posibles víctimas de tortura y personas que murieron por la negativa de los custodios de dar o permitir la atención médica.
Ante las denuncias de que los familiares no son informados sobre el paradero de los capturados, el gobierno asegura que la Policía ha girado instrucción a las jefaturas a nivel nacional para que los agentes brinden la información necesaria a los familiares, representantes legales, del lugar en que se encuentran en resguardo o el centro Penitenciario al cual fueron trasladados.
Según el informe del observatorio de la UCA, del 27 de marzo al 24 de junio la PDDH recibió un total de 231 denuncias por negativas de agentes o funcionarios a proporcionar la ubicación exacta del lugar donde se encuentran las personas detenidas.