Por su Constitución y al ser firmantes de convenios internacionales que le obligan a garantizar educación y salud a su población, el gobierno de El Salvador debía asegurar ambos derechos incluso en momentos de emergencia, como la pandemia por covid-19. Sin embargo, el estudio de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) concluyó que hubo un fallo importante durante la emergencia de parte de la gestión Bukele.
Pero no se trata de un fallo que haya aparecido solamente en 2020 y 2021, sino una carencia histórica que ha venido arrastrando el país, según concluyeron al revisar las partidas presupuestarias asignadas a Educación y Salud por el Ejecutivo en los cinco años entre 2015 y 2019.
“Hemos analizado de 2015 a 2020 los presupuestos, cuánto ha sido la apuesta financiera en salud, educación, pobreza y poblaciones más vulnerables. Hemos visto carencias grandísimas en cuanto al destino de fondos públicos” para dichas áreas, mencionó la economista Marroquín.
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Encontraron en su analisis que, si bien hay una apuesta “sustancial” por asegurar Salud y Educación, los tres países están muy lejos de llegar a una inversión del 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) en dichos rubros, que es el estándar internacional recomendado.
Como resultado, hubo un déficit en la atención a la salud de la población durante la pandemia, y una reducción en la calidad educativa.
En El Salvador, una salida para evitar críticas fue maquillar o esconder datos sobre el verdadero impacto de casos y muertes por covid-19 en el país, explicaron las investigadoras.
“Muchos gobiernos quisieron verse bien, ocultando informaciónd de la letalidad del virus. Eso hace que aumente aun más la letalidad del virus, porque si no tenemos la información, no podemos actuar de manera acertada para prevenir que estas muertes sigan ocurriendo. Si no logramos detectar en qué municipios por ejemplo, el virus se hizo más presente, y en cuáles había menos resguardo para su salud, no vamos a poder tomar acciones para prevenir esas muertes”, valoró Quinteros
Por ello, “querer que un Estado quede bien, a costa de aportar información vital, es agravar las condiciones de que la gente sufra aún más, con este tipo de fenómeno” como la pandemia.
Así mismo, y a pesar de los esfuerzos de cada país, la pandemia desnudó las deficiencias que ya existían a nivel educativo.
“Los retrasos que puede haber en el sistema educativo van a ser de larga repercusión, de largo plazo. El Salvador y Guatemala son los países donde el deterioro educativo fue mayor, porque perdieron 1.2 años”, mencionó la socióloga.
Este déficit está íntimamente relacionado, según el estudio, con que El Salvador fue el segundo país con el periodo más largo de confinamiento obligatorio a nivel mundial, lo que mantuvo a su masa de estudiantes lejos de atender clases presenciales.
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Sobre la estrategia del Gobierno salvadoreño de dotar con dispositivos tecnológicos (laptops, tablets) tanto a estudiantes como maestros, la especialista en sociología comentó que “no es suficiente con entregar equipos, porque si no tenemos maestros que sepan utilizarlos para enseñar, o estudiantes que sepan utilizarlos para aprender, lo que vamos a tener al final es gente que está viendo otras cosas en internet, y no necesariamente mejorando su sistema educativo”.
Finalmente, el estudio concluyó que El Salvador falló también en la atención a grupos en condiciones de vulnerabilidad y en programas concretos contra la pobreza.
“Entre 2015 y 2020 no vimos una institucionalidad programática de respuesta a las necesidades de estas poblaciones, ni una apuesta financera; era muy complejo que en el momento de una emergencia, el Estado se activara bajo una lógica de protección de derechos, pero también priorizando a estas poblaciones vulnerables, porque se evidencia que en el quinquenio anterior no habían sido prioritarias esas poblaciones”, explicó Marroquín.