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Gobierno actual tiene la tasa de denuncias por desaparición más alta en doce años

En 2019 se ha presentado la tasa más alta de 43 denuncias de desapariciones por cada 100,000 habitantes.

Por Lissette Lemus | Nov 15, 2022- 22:02

En El Salvador, el gobierno ha puesto bajo reserva, información sobre desapariciones. Una de las últimas fosas clandestinas donde hallaron muchos cadáveres fue la Finca Suiza, en Nuevo Cuscatlán. El Gobierno no informó sobre la identidad de las víctimas encontradas en ese lugar. Foto EDH / Archivo

La tasa más alta de denuncias sobre personas desaparecidas en los últimos doce años se registró en 2019, cuando la Policía Nacional Civil recibió 43 denuncias de desapariciones por cada 100,000 habitantes , señala el informe “La desaparición de personas en El Salvador, el continuum de la impunidad”, presentado ayer por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.

En una comparación de datos desde 2009 hasta 2021, la investigación revela que en los últimos doce años, las denuncias por desaparición de personas han tenido una tendencia al aumento.

En 2009, se registró una tasa de nueve personas reportadas como desaparecidas mientras que al final del 2021 la tasa ascendió a 29 denuncias por cada 100,000 habitantes.

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Pero a lo largo de los doce años, el punto más alto se dio en 2019, en el gobierno actual, con 43 denuncias de desapariciones por cada 100, 000 habitantes.

En contraste, en ese mismo año bajó la tasa de homicidios a 36 por cada 100,000 habitantes, señala el informe. El punto más alto de los homicidios fue en 2015, con una tasa de 103.

“En el análisis de las tasas desde 2019 hasta 2021 se observa que el comportamiento de reducción de la violencia homicida y el aumento de la desaparición está íntimamente relacionada fundamentada en la constante identificación de fosas o cementerios clandestinos, donde se están encontrando a personas que son inicialmente denunciadas como desaparecidas”, explicó el investigador del OUDH Jorge Rodríguez.

Al desagregar los datos por periodos presidenciales, el gobierno de Mauricio Funes tuvo un promedio de denuncias de desapariciones de 957.2, el de Salvador Sánchez Cerén alcanzó 2,022 y el gobierno de Nayib Bukele (en tres años) presenta un promedio de 2,080 hasta el momento.

Además, la investigación demuestra que entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2022, la Policía Nacional Civil reportó un total de 4,060 casos por el delito de desaparición de personas. De esos 1,309 se encuentran activos, mientras que 2,751 fueron categorizados como finalizados.

Según los datos del OUDH, los hombres son lo más afectados por la problemática de la desaparición, con 79% de los casos activos, mientras que las mujeres totalizan el 21%.

Sin embargo, Jessica Ávalos, integrante del Consejo consultivo del OUDH, explicó que la desaparición afecta de una manera distinta a las mujeres porque ellas son las que enfrentan las búsquedas, que en algunos casos incluso hasta deben dejar de trabajar por dedicarse a la búsqueda.

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“Quienes están alzando la voz son mujeres, quienes están encabezando el Bloque de búsqueda son mujeres”, expresó Ávalos.

El Bloque de Búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador, el colectivo al que hizo referencia Ávalos está conformado por 15 integrantes, de los cuales 14 son mujeres y uno es hombre.

En cuanto a los departamentos con los porcentajes más altos son: San Salvador, La Libertad y San Miguel, los cuales reportan el 59% del total de casos activos.

Deficiente respuesta

En cuanto a la respuesta estatal a la problemática de la desaparición, la investigación señala que persisten patrones de negligencia, pasividad y superficialidad en las diligencias de investigación, revictimización, estigmatización y trato inhumano a los familiares de los desaparecidos.

Ávalos se refirió al tema de los estereotipos de género y la estigmatización generada desde las autoridades de seguridad. No solo en la atención cuando una persona realiza la denuncia, sino incluso, desde las redes sociales de las instituciones de gobierno.

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