El gobierno de Nayib Bukele no mandó representante para responder a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), para verificar las múltiples de denuncias de distintas entidades independientes sobre los abusos cometidos por agentes del Estado salvadoreño en el régimen de excepción.
Específicamente la CIDH, que constituye una primera instancia en tutela de los derechos humanos en el continente, vería la situación de detenciones arbitrarias y las personas que han sido recluidas por el estado de excepción que, según datos oficiales, pasan de 55,000.
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La audiencia fue presidida por la presidenta de la Comisión, Julissa Mantilla Falcón, quien es además Relatora de País para El Salvador, acompañada de los comisionados Carlos Bernal y Stuardo Ralon, primer vicepresidente de la CIDH y relator para las personas privadas de libertad, así como el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca.
“La Comisión Interamericana de Derecho Humanos lamenta profundamente la ausencia del Estado de El Salvador en esta audiencia pese a que fue oportunamente notificado; sin embargo, el Estado ha declinado su participación”, declaró Mantilla al inicio de la diligencia.
La audiencia fue solicitada por Amnistía Internacional, Cristosal, la Fundación Estados para la Aplicación del Derecho (Fespad), Fundación para el Debido Proceso, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) y el Servicio Social Pasionista, entre otras.
Las organizaciones han documentado al menos 4,071 casos de violaciones a derechos humanos, entre ella la muerte de al menos 80 personas en las prisiones, al parecer, víctimas de torturas y otras agresiones.
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No es la primera vez que el gobierno de Bukele no asiste a convocatorias en el tema de derechos humanos.
En julio del año anterior, el gobierno decidió enviar solo un informe por escrito, alegando que el país tiene interés de colaborar con la CIDH, “pero a través de mecanismos que generen equilibrio, que aseguren condiciones de equilibrio entre los participantes, lo que no considera garantizado en esta convocatoria”.
En junio pasado, la CIDH reiteró llamado al Estado de El Salvador a asegurar que las acciones relativas a las políticas de seguridad ciudadana y penitenciaria se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen el respeto a los derechos y la dignidad humana.
La Comisión recordó al Estado sobre su obligación internacional de asegurar las garantías judiciales, el debido proceso y el acceso a un recurso para el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por el derecho internacional de los derechos humanos.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, lamentó que el Estado salvadoreño no se haya presentado a la audiencia, pero consideró que esta es una muestra del mismo de rendir cuentas por las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en El Salvador.
“El Estado salvadoreño rehúye dar una explicación a las víctimas de abusos estatales y reduce su presencia en los espacios de escrutinio internacional en materia de derechos humanos”, subrayó la participante.
Reyna subrayó que lo anterior es “preocupante”, sobre todo ante la “deriva autoritaria” que prevalece en El Salvador con el régimen de Bukele.
Los casos
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, lamentó que el Estado salvadoreño no se haya presentado a la audiencia, pero consideró que esta es una muestra del mismo de rendir cuentas por las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en El Salvador.
“El Estado salvadoreño rehúye dar una explicación a las víctimas de abusos estatales y reduce su presencia en los espacios de escrutinio internacional en materia de derechos humanos”, subrayó la participante.
Reyna subrayó que lo anterior es “preocupante”, sobre todo ante la “deriva autoritaria” que prevalece en El Salvador con el régimen de Bukele.
Las organizaciones expusieron casos puntuales, como el de una familia de San Salvador a cuya vivienda se presentaron policías que querían ver a los dos hijos del matrimonio, que estaban ausentes. Cuando ellos llegaron se los llevaron a una delegación con la promesa de devolverlos pronto, pero los detuvieron. Los jóvenes ya habían denunciado a policías habían cometido abusos contra ellos.
En junio, la familia fue notificada de la muerte de uno de los jóvenes en prisión.
Otro caso es el de una madre y sus dos hijas que fueron detenidas en abril. Años antes ellas habían denunciado a policías por abusos contra ellas.
Otro hijo de la señora ha tenido que quedar al cuidado de los hijos menores y ha sufrido acoso de la policial y tenido que mudarse por denunciar los hechos.
El 10 de junio, un hombre de 38 años fue detenido y vapuleado por militares en San Salvador. Por las lesiones tuvo que ser hospitalizado, donde falleció a causa de la golpiza.
Ese mismo mes, un joven de 22 años con discapacidad mental fue detenido por soldados y golpeado salvajemente, incluso uno de los captores colocó su rodilla sobre la cabeza del apresado, mientras un policía lo golpeaba en la cara y la espalda a pesar de que testigos le rogaban que no lo golpeara. El soldado respondió amenazando a los testigos con apresarlos por agrupaciones ilícitas si no se retiraban a sus casas.
Reyna declaró que las organizaciones de derechos humanos sufren constantes ataques, incluso de parte del mismo presidente Nayib Bukele.
Según las organizaciones, el miedo entre las víctimas y sus familias prevalece, cuando El Salvador lleva ya 212 días en estado de excepción, que suspende derechos constitucionales como el de no ser detenido sin causa justificada y remitido ante un juez que revise su caso en no más de 72 horas. Hasta el 14 de octubre se reportaba la captura de 55,062 personas a las que acusa de ser pandilleros.
“Las organizaciones de derechos humanos registran cada día denuncias de maltratos, torturas y muertes de personas a manos del Estado salvadoreño”, dijo Reyna.
“Hay 80 familias que esperan respuesta del Estado salvadoreño sobre la muerte de sus parientes mientras estaban bajo custodia estatal”, subrayó.
La comisionada Mantilla consideró que los estados de excepción pueden aplicarse, pero hay normas imperativas, como la prohibición de la tortura, así como la protección del derecho a la vida, que no pueden suspenderse”.
El primer vicepresidente de la CIDH, Stuardo Ralon, con sólo escuchar estos casos declaró que “lo que escuchamos en esta audiencia es una situación dramática, alarmante, condenable, existen de manera sistemática una serie de detenciones arbitrarias, se detiene a una persona por la forma en que puede estar vestida”.
Zaira Navas, de Cristosal, declaró que el Estado salvadoreño ha clasificado o declarado secreta la información de las personas detenidas, pues entre ellas es claro que hay personas inocentes. Hay otros que han recibido libertad condicional, pero no denuncian porque tienen miedo de volver a ser detenidos.
"No hay nada que justifique la tortura, no hay nada que justifique las detenciones arbitrarias", declaró el comisionado Bernal al escuchar a las organizaciones.