El gobierno de Nayib Bukele disolvió una veintena de instituciones públicas y creó 27, desde junio de 2019 que llegó a la Presidencia de la República hasta el cierre de 2024, que continúa en el cargo por un segundo mandato.
La más reciente es la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), cuya ley se aprobó el 20 de diciembre de 2024.
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Tanto el Órgano Ejecutivo en su competencia de la creación y disolución de ministerios, como con el apoyo de la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas desde el 1 de mayo de 2021, se encargaron de fusionar instancias, disolverlas y hasta cambiarle el nombre a otras y tienen la misma función.
La Autoridad Marítima Portuaria (AMP) fue disuelta bajo las políticas de Bukele, institución que nació a través de la aprobación de La Ley General Marítimo Portuaria en 2002. La Autoridad fue una autónoma encargada de regular, supervisar y desarrollar las actividades marítimas, portuarias y del borde costero de El Salvador.
En su lugar, se creó la Marina Nacional cuestionando de que "se contaba con una Autoridad con un alcance administrativo solamente en papeles, pero que no tenía operatividad en el mar".
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También se disolvió el Consejo Nacional de Energía (CNE) para trasladar al Ministerio de Hacienda el sistema informático y personal vinculados a la entrega del subsidio a la energía eléctrica y gas licuado de petróleo.
En su lugar, el gobierno modificó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) de la cual, como su nombre indica, tiene entre sus funciones la autorización, regulación y supervisión del funcionamiento de quienes participen en las actividades relacionadas con los hidrocarburos y minas, y asumió la administración de los mencionados subsidios.
En 2021, el Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior se transformó en el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, orientado a otorgar un abordaje a los desafíos y coyunturas relacionados con la movilidad humana.
"Reconoce el derecho a la libre movilidad, la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, y la importancia de la diáspora como socio clave en el desarrollo del país. De esa forma se ha establecido un canal de comunicación directo entre la diáspora y el Gobierno", se detalla en el Portal de Transparencia.
Aún así, el gobierno disolvió el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES) el cual desempeñó las labores de la atención y protección a personas migrantes en retorno, víctimas de trata de personas y personas objeto de tráfico ilícito de migrantes.
Otras instancias disueltas y que fueron sustituidas fueron el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), y para cumplir las mismas funciones se creó el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y el Instituto Crecer Juntos.
Estas instancias se crearon con la Ley Crecer Juntos que sustituyó a la anterior Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).
También se reformó la OPA, es decir, la Oficina Para Adopciones, con un sistema más abreviado al anterior de los procesos de adopciones.
El Instituto Salvadoreño del Café y el Consejo Salvadoreño del Café, ambos fueron disueltos y en su lugar surgió un nuevo Instituto Salvadoreño del Café.
Salud y censos
El gobierno con los votos de Nuevas Ideas en la Asamblea, también disolvió la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) y el Consejo Superior de Salud Pública.
Las funciones de ambas instancias, así como algunas de los ministerios de Salud y Agricultura, pasaron a la nueva Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), la cual comenzó funciones en agosto de 2024.
La Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) era la instancia encargada de la elaboración de estudios estadísticos de interés para el país. Sus funciones fueron atribuidas al Banco Central de Reserva (BCR) y este 2024 se estrenó con su primer censo de población y vivienda.
De las primeras entidades disueltas por el oficialismo fue el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL).
Esta institución fue la encargada de diseñar las estrategias a corto y largo plazo para fomentar la aplicación de políticas de protección, apoyar a las municipalidades y sus comunidades, para la ejecución de programas propiciando la asociatividad y fortaleciendo la capacidad de gestión administrativa y financiera de estas, en beneficio de la población más desprotegida y vulnerable.
De igual forma, fue disuelto el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) que fue una autónoma de derecho público, especializada en el campo de la administración municipal.
Con la disolución de ambas instituciones, se creó la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), una de las instituciones más opacas del Ejecutivo, y se redujo el apoyo financiero a las municipalidades a través de la reforma al Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES).
El Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) también fue disuelto, que trabajaba por diversos rubros medioambientales, según su última memoria de labores (2021-2021) los enfoques fueron los de la educación ambiental, el agua, saneamiento ambiental y la biodiversidad.
Luego fue creada la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que, según su portal, está comprometida con la protección y preservación del vital recurso hídrico en El Salvador.
Veteranos, formación y pensiones
El Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD) fue disuelto y para atender las mismas necesidades se le asignaron al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN (INAVBE).
El Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) tampoco se mantuvo. El gobierno creó para ocuparse de las atenciones de este sector de la población a la Dirección de Integración.
Al mismo tiempo, el oficialismo disolvió el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y sus competencias las atribuyó al nuevo Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), así como asumió parte de los fondos por la contribución obligatoria de los empleadores privados. Otra parte se destina a la Dirección de Integración.
Una de las excusas del oficialismo fue que el INSAFORP "solo enseñaba a hacer pan y piñatas" y eso no cumplía las exigencias del mundo laboral.
El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) fue sustituido por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), con la reforma al sistema de pensiones aprobada en 2022.
En 2011 se abrió la primera sede de Ciudad Mujer y el proyecto continuó ampliándose; sin embargo, con la llegada del gobierno de Nayib Bukele se asignó al Ministerio de Desarrollo Local.
El oficialismo también cerró el único zoológico nacional. En materia de protección de animales de compañía creó el Instituto de Bienestar Animal (IBA), el cual actúa ante denuncias de maltrato animal que se viralizan en redes sociales. Y con las supuestas ganancias del bitcoin, se construyó el hospital veterinario "Chivo pets".
En otra área, el oficialismo creó la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin (AAB).
También se creó la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN) que autoriza los negocios que pueden instalarse en la zona y estableció los reglamentos que deben seguir para hacerlo.
El gobierno sustituyó el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) por la Agencia de Promoción de Exportaciones de El Salvador "INVEST".
Nuevas Ideas creó también el Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (CONADEM), con la que los profesionales de la salud que ejercen una especialidad o subespecialidad deben obtener su certificado ante este organismo para ejercer.
El gobierno creó el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor, este está adscrito al Ministerio de Desarrollo Local, el cual también se formó con este gobierno y del cual no existen informes requeridos por ley según el Portal de Transparencia.
La Dirección Nacional de Compras (DINAC) también es una institución creada por Nuevas Ideas y sus aliados que, según su portal, surgió considerándose que en el marco de la prestación de los servicios públicos, así como la realización de sus adquisiciones y contrataciones, el Estado debe ser garante de un sistema de contratación pública ágil y transparente.
La bancada oficialista también disolvió el Instituto Nacional del Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) para "descentralizar" sus actividades y redistribuyó sus atribuciones y competencias en entidades especializadas que formen parte de la organización administrativa del Estado, es decir, las asignó a otros ministerios.
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Asimismo, se creó el Ente Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTE) con el fin de garantizar el mantenimiento de la red de transmisión eléctrica.
La más reciente de las instancias creadas fue Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), que debe encargarse de elaborar la "Política de Ciberseguridad y Seguridad de la Información de la Nación" con los lineamientos, planes y programas de acción, la cual deberá someter a aprobación de la Presidencia de la República. También, será rectora de la Ley de Protección de Datos Personales.
"Si bien se ha creado un entramado de nuevas entidades, en la mayoría de casos, sus competencias no son mayores a las anteriores, por lo cual, más que ante la creación de un nuevo marco organizacional, estamos ante una modificación nominal del existente", determina un informe 2024 del Consorcio Observa El Salvador.