La Asamblea Legislativa aprobó este martes por la noche la décima cuarta prórroga, por 30 días más, al régimen de excepción.
Los diputados oficialistas han aprobado las prórrogas desde 2022, obviando los cuestionamientos de los diputados de oposición y los datos sobre capturas arbitrarias y otros delitos revelados por las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Para el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, que el pasado 10 de mayo el país haya alcanzado “365 días sin homicidios” no es garantía de que vayan a dar fin al régimen de excepción.
“Esta guerra en contra de las pandillas no es una guerra donde nosotros, por decir 'ya tienen 365 días sin homicidios y los números que estamos viendo en lo que va del año más de 68,700', pero, no es algo que esos números sean los que nos van a hacer a nosotros desarticular este protocolo”, dijo Villatoro.
Sin embargo, por la misma información de la Policía Nacional Civil, se sabe que toda muerte o asesinato de alguna persona a quien se le acuse de algún delito, no está siendo tomanda en cuenta en los registros oficiales. Tal como se dejó ver este 6 de Mayo, tras el asesinato de un supuesto asaltante en San Martín.
“La respuesta del gobierno en torno a los homicidios es decir que no existen, algo que es falso en el sentido que se han conocido casos de muertes, de asesinatos, incluso no poder dejar de mencionar los muertos a manos del estado dentro de los centros penales, que son muchos, que también pareciera que no son vidas, porque el Estado no las registra”, cuestionó la diputada de oposición, Anabel Belloso.
Pero el gobierno central, mientras ha tenido que liberar a cerca de 5,000 personas capturadas por el régimen por no encontrarles vínculos con grupos pandilleriles, se contradice en el discurso afirmando que solo se están capturando a vindulados con agrupaciones ilícitas.
"Nuestro plan de seguridad, es un plan especial. Todos estaban acostumbrados en Latinoamérica a que cuando se hablaba de régimen de excepción, se le aplicaba a toda la ciudadanía y obviamente, eso les afectaba. En nuesto caso el régimen de excepción es aplicado única y exclusivamente a delincuentes", dijo el ministro de la Defensa, René Merino Monroy para justificar la prórroga.
"Ningún miembro del Gabinete de Seguridad obtiene algún beneficio en andar hostigando a las personas honradas", añadió.
Pero esta misma mañana, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reconoció en televisión en vivo que hay capturados bajo régimen que han tenido que ser liberados. Según Villatoro ya son casi 5,000 a quienes policías o militares capturaron y no contaban con nexos pandilleriles.
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El llamado al fin del régimen no cesa
A inicios del mes, el embajador de la Unión Europea, François Roudié, llamó a El Salvador a “encontrar el camino a la normalidad sin medidas de excepción” y reafirmó su apoyo a “políticas cimentadas en la transparencia y el Estado de Derecho”.
Igualmente, la OEA (Organización de Estados Americanos) anunció que ofrecía realizar una visita al país para colaborar técnicamente en la implementación de los estándares interamericanos de derechos humanos. El gobierno no atendió al llamado del organismo internacional.
Por su parte, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha cuestionado sobre el régimen que “la excepción ya no puede ser la regla” y advirtió que la suspensión de las garantías constitucionales va generando un deterioro a la democracia interna del país.