Hortensia, de 64 años, y Alba, su hija sordomuda, se enfrentan a una situación de extrema pobreza agravada por la muerte de Francisco Antonio Menéndez Mendoza, quien murió seis meses después de que fue liberado tras ser encarcelado durante el régimen de excepción.
Los vecinos recuerdan al hombre, de 44 años, como un agricultor trabajador que pasaba horas bajo el sol, cultivando para mantener a sus cinco hijos, que tienen edades entre los cinco y 15 años.
Cuando la Policía se lo llevó en los primeros días de abril, bajo el pretexto de que en unas horas regresaría, pesaba unas 150 libras. Cuando regresó, tenía una figura cadavérica irreconocible para su familia y vecinos.
Francisco apareció en su casa el 29 de octubre durante la madrugada. Un muchacho que la familia no sabe quién era lo iba ayudando porque el agricultor no era capaz de caminar por sí mismo. “Venía solo los huesitos, solo eran pellejitos y se quejaba de un dolor en las costillas”, relató su suegra.
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La familia explicó que la pobreza extrema en la que viven no les permitió llevar el paquete de insumos mes a mes, como lo exigen en los centros penales para cada persona detenida durante el régimen de excepción.
Hortensia, con la ayuda de algunas personas, logró reunir algunas cosas y solo pudo llevarle un paquete con las cosas más básicas, una tan sola vez, en los seis meses que su yerno estuvo detenido.
Desde esa madrugada en la que Francisco regresó a su modesta vivienda sobre una montaña del empobrecido cantón, donde falta de todo, ya no pudo recuperarse.
Se quejaba de un dolor en las costillas por los golpes que había recibido en el penal de Mariona, según relató a su familia. Apenas comía y caminaba. “Estaba por ratos en la cama, por ratos sentado y solo salía ahí al patio”, explicó su suegra.
La familia, a falta de alimentos y dinero para poder llevarlo hasta el hospital, trataban de recuperarlo dándole sopas de mora y chipilín, pues el poco dinero que conseguían de la venta de una gallina, de vez en cuando, lo utilizaban para los pasajes para que él pudiera ir a firmar al juzgado tras ser liberado.
El agricultor fue empeorando hasta que ya no pudo más, y con la ayuda de otras personas lo llevaron hasta la unidad de salud más cercana, y de ahí fue referido al hospital de Ahuachapán. “Yo iba todos los días a verlo, pero ya casi no comía. Le daba comida en la boca, tres o cuatro bocados pero ya no podía comer”, relata.
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La suegra de Francisco hace cuentas que solo resistió ocho días en el hospital y murió el 23 de marzo de este año. Tras su muerte, a la familia le fue entregado un documento que señala como causa de muerte un “infarto agudo de miocardio” e indica un estado de episodio depresivo moderado desde hace cinco meses. La defunción fue certificada por un médico, no así por un forense.
Para que Hortensia pudiera sepultar a su yerno, el personal del hospital la contactó con empleados de la alcaldía, institución que apoyó en los gastos funerarios, pues la familia no tenía recursos para sepultarlo.
La señora relata que los seis meses que Francisco estuvo detenido sobrevivieron con el maíz que él cosechó el invierno anterior y la venta de unas cuantas gallinas. Aunque las dos mujeres también se dedican a la agricultura, temen que ante la ausencia de Francisco sus cultivos no serán suficientes para mantener a los cuatro hijos de Alba. El mayor de ellos, de 15 años, fue capturado junto a Francisco y aún permanece en el penal de menores de Ilobasco.
La familia de Francisco no está enterada de qué es exactamente el régimen de excepción, el cual dejó sin derechos al agricultor y permitió que se lo llevaran sin que hubiera una orden de captura en su contra; pero sí están seguros de que lo que le sucedió no es justo ni tampoco “merecía morir así”, dicen.
Si usted desea ayudar a esta familia puede hacerlo con productos de primera necesidad, llamando al 2398-0807.