El diputado de ARENA, Francisco Lira, cuestionó la falta de búsqueda de apoyo para los salvadoreños sin condición regular en Estados Unidos, por parte de la comitiva de Nayib Bukele en su encuentro en la Casa Blanca.
Lira cuestionó que en su lugar, el encuentro se limitó a abordar temas de acuerdos carcelarios y de tildar a terroristas a compatriotas, y sin exponer una justificación legal para las medidas.
“No se ha informado sobre los mecanismos legales, acuerdos bilaterales o recursos que se utilizarán… Una cosa es ser un país aliado y amigo, otra muy distinta es hacer el trabajo sucio”, cuestionó Lira.
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El parlamentario lamentó que en un momento en que El Salvador requiere de una conducción estratégica, se optó por priorizar intereses de terceros, dejando de lado la protección migratoria de miles de salvadoreños que viven en Estados Unidos.
“En lugar de priorizar la defensa de los derechos de los salvadoreños en el exterior, la reunión se centró en facilitar la recepción de criminales y supuestos terroristas, bajo un discurso de cooperación que amenaza la seguridad interna del país. Trump fue enfático al declarar que no hay límite en la cantidad de personas que Estados Unidos enviará, y sugirió que el CECOT podría utilizarse como cárcel para extranjeros”, expresó.
“Bukele, lejos de rechazar esta idea, guardó silencio o incluso mostró aprobación”, señaló el parlamentario tricolor.
Lira también lamentó que tampoco se abordó el impacto de los aranceles impuestos por Trump, pues advierte “que amenazan directamente a las familias y a nuestra economía”.
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Complicidad en violaciones a derechos
La reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, dejó entrever que la defensa de los derechos migrantes no se encontraba entre los puntos a tratar en el encuentro, e inclusive la visita oficial podría ser analizada como un acto de “complicidad en violaciones a derechos humanos”, señaló la Alianza Américas.
A través de un comunicado, la organización destacó: “Nos alarma especialmente la creciente colaboración entre ambas administraciones, para detener y trasladar personas migrantes a El Salvador, sin fundamento legal claro y sin garantías mínimas de derechos humanos”, debido a que en marzo se concretó la deportación de al menos 238 venezolanos, de los cuales un alto porcentaje no tenían ninguna vinculación a estructuras criminales y debían ser deportados a sus lugares de origen.
