El 5 de enero de 2025 finaliza el periodo de funciones del actual fiscal general, Rodolfo Delgado, por lo que la Asamblea Legislativa inició el proceso para recibir postulaciones de personas interesadas en ocupar dicho cargo por los próximos tres años.
El abogado, exintegrante del Consejo Nacional de la Judicatura y superintendente de competencia, Francisco Díaz prevé que la Asamblea Legislativa podría juramentar a una persona sin independencia ni mérito para el cargo.
Previo a las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dijo que no esperaba nada de ellas, ¿cuál es su postura para esta elección?
Es la misma, solo basta ver cuál ha sido el comportamiento permanente de la Asamblea actual, de literalmente acatar lo que llegue de parte del Ejecutivo, entonces no podemos esperar que pueda darse una deliberación sobre las cualidades ‘a,b y c’, van a tomar una decisión como han venido tomando todas las decisiones anteriores.
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¿Entonces existe un vicio en las elecciones indirectas con esta legislatura?
Ciertamente sí, porque no se cumplen con la obligación constitucional de investigar concienzudamente las cualidades, las aptitudes de los candidatos ni se cumple tampoco con hacer una discusión pública de porqué se está inclinando por tal nombre, que es lo que tendría que darse en una situación democrática.
Esta legislatura ha elegido a personas sin experiencia para los cargos públicos, como a Roxana Soriano, en la Corte de Cuentas y en el Tribunal Electoral. ¿Qué pasará si se omite el cumplimiento de los requisitos y se designa a alguien sin la experticia para ser fiscal?
Vivimos en un Estado inconstitucional de cosas, entonces podemos esperar el nombramiento de ese tipo y desempeños absolutamente malos, negativos. No nos puede extrañar eso, creo lamentable que es lo que va a ocurrir.
¿Habrá deudas por parte del actual fiscal?, ¿cómo califica el desempeño de Delgado?
Todas las detenciones arbitrarias que se han dado, toda la cantidad de detenidos que se encuentran en situación de desconocimiento de sus situación jurídica, esa es una deuda no del fiscal, sino del Estado salvadoreño, particularmente atribuible al órgano que tiene la obligación de investigar el delito que es la Fiscalía.
Parto de que la situación jurídica constitucional que estamos viviendo en el país es irregular y dentro de esa irregularidad la cantidad de personas que están detenidas, imputadas por el régimen de excepción muchas de ellas inocentes, deberían estar en libertad, en ese sentido, no podría yo decir que la Fiscalía ha actuado de la mejor manera, sino, de una manera más bien punitiva.
La razón de ser de la Fiscalía no es encarcelar, es identificar dónde está el delito para proteger al conjunto de la sociedad, pero no pareciera ser ese el papel que está desempeñando actualmente.
La Fiscalía toda está concentrada en los casos de régimen de excepción.
Es preocupante la información de que se va a reducir enormemente el número de defensores públicos el año próximo, quiere decir que todos estos miles de detenidos van a quedar en un limbo sin saber si son culpables, pero privados de libertad.
¿Qué pasaría si son pocas personas las que se postulan para ser fiscal general?
Me voy a remitir al caso de los abogados y las elecciones a la CSJ, de los 37,000 abogados que somos votaron alrededor de 3,700 personas, una mínima, ya eso indica la preocupación o despreocupación por este tipo de procesos.
Estamos viendo la falta de interés del gremio en este tipo de procedimientos y lo mismo creo que podemos esperar en la Fiscalía.
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Si una persona es postulada, seguramente va a ser una que tiene afinidad con el régimen actual y esa persona va a ser electa, creo que no cambiarían mucho las cosas si llegan 100, o diez o una, ya tiene que haber un elegido en este momento.
¿Cuáles deberían ser las apuestas del próximo fiscal general?
Poner en orden esta situación irregular en que se encuentran miles de personas detenidas sin proceso, en situación de desaparición forzada, a darle la oportunidad a las personas que están detenidas a que se sepa de ellas por cuestiones de salud, por cuestiones simplemente humanitarias y por supuesto con la defensa.
El fiscal general debe promover el enjuiciamiento y castigo de los delitos de atentados contra la autoridad y de desacato. ¿Cómo queda esta atribución si el próximo fiscal carece de independencia?
Un punto muy importante ese y hago referencia también a la elección de magistrados de la CSJ, porque se enfatiza en que la Constitución dice que deben de ser de capacidad y honradez notoria, al fiscal se le debería exigir lo mismo; pero se olvidan de hablar de la independencia que deben tener estos funcionarios, tanto los magistrados de la Corte como el fiscal, que es indudablemente el funcionario con mayor poder en la sociedad.
Es fundamental que sea una persona absolutamente independiente de poderes económicos, de presión mediática, de contactos como partidos políticos, sindicatos, etc. Si no tiene esa independencia podemos prever que va a hacer un mal papel.
El fiscal tiene la facultad de catalogar como terrorista a una persona o un grupo, aunque no se conoce bajo qué criterios. ¿Será función del próximo fiscal definirlos?
Es una atribución extremadamente laxa y riesgosa, pero en todo caso debiera ser más bien la Asamblea Legislativa la que determine cuál es el marco por el que se pueda considerar que hay una situación de terrorismo, no es una función que le corresponda al fiscal o a la policía.
¿Habría riesgo sin un fiscal independiente?
Claro que hay riesgo, por eso es tan importante esta elección porque dependiendo de la orientación, de la independencia, de la capacidad, de la moralidad de un funcionario podemos caminar hacia una situación más convulsa o a una situación en la cual se canalice por el lado del debido proceso y de derecho la situación que estamos viviendo.
Hay una atribución en particular que ha sido dada a la Fiscalía que es particularmente preocupante que es la que le otorgan las disposiciones especiales transitorias para el ordenamiento del procesamiento de imputados por el régimen de excepción.
Eso parece particularmente preocupante, porque de lo que se trataría es de que la Fiscalía puede decidir en qué tribunal va a enjuiciar a reos, según identifiquen el grupo al que pertenecían eliminando el juez natural que es el que corresponde a un juzgado cuando se ha cometido un delito, entonces esto va a dar lugar a juicios y sentencias colectivas en donde temo van a haber muchos justos pagando por pecadores.
¿A qué escenario de país nos enfrentamos en el caso de que en los próximos tres años no tengamos un fiscal general independiente?
Al mismo al que estamos actualmente, no van a haber cambios en ese sentido; a menos que llegara una persona que realmente esté dispuesta a intentar al menos poner en orden el Estado de derecho, que en este momento está absolutamente convulsionado.
¿Cuáles debieran ser las principales apuestas del perfil de quien corre para ser fiscal general?
Dentro de las que señala la Constitución, lo fundamental son la competencia y moralidad notorias e independencia, la independencia es fundamental para un funcionario que tiene un cúmulo de poder.