El 7 de enero de 2023 el Fondo Social para la Vivienda realizó una feria de casas en Reparto La Campanera para ofrecer más de 900 casas recuperadas, inmuebles que la ministra de Vivienda, Michelle Sol, calificó como “casas destroyer” para la “planificación del crimen”. Pero en el terreno no todo parece ser como lo describió la ministra. No están todas recuperadas, hay gente, mucha gente, que ha usurpado casas cuyos verdaderos propietarios fueron expulsados de la urbanización por las pandillas, y estas personas pueden ahora iniciar los trámites para poder comprar la propiedad con el Fondo.
Sol confirmó que hay viviendas desde dos mil dólares, que son solo paredes, y que el FSV (Fondo Social para la Vivienda) hará el valúo del inmueble y que el interesado puede optar por el crédito a cero prima y tasa de interés del 3%.
El Diario de Hoy publicó el 23 de octubre del 2021 un reportaje llamado ¿Cómo son y dónde están las casas más baratas que ofrece el FSV? Y en ese momento varias estaban en el Reparto La Campanera, al norte de Soyapango.
Algunas aparentan tener un precio cómodo, realmente accesible para un trabajador formal, como por ejemplo una que vale $1,332. El Diario de Hoy regresó para conocer los beneficios que el Fondo está brindado a la población para comprar estas viviendas que dicha institución asegura que están recuperadas.
Una mujer, la cual no identificamos por razones de su seguridad y a la que llamaremos Margarita, tiene 58 años. Ella rompió, con la ayuda de su primo, el candado y la chapa de la puerta de una casa de La Campanera y ahora vive ahí con dos perritas y un gato. La casa a simple parece inhabitable; no tiene electricidad, las paredes tienen grietas y las láminas del techo están agujeradas.
El agua potable le llega por una conexión clandestina. Sandra usurpó con “viveza” el inmueble abandonado en la desesperación por encontrar un lugar dónde vivir, y al parecer esta forma de tomarse una casa abandonada sin preguntar a nadie no es un caso aislado.
Margarita vivía anteriormente en la colonia Las Margaritas, también en Soyapango, pero los supuestos propietarios le dijeron que tenía que desalojarla porque es el caso que ella también la había usurpado. Con su primo comenzaron a buscar a dónde podría mudarse. Por medio de la aplicación del Fondo revisaron las direcciones de casas que ahí aparecen a la venta, buscaron las desmanteladas o usurpadas, y así dieron con una que estaba deshabitada en La Campanera.
“La puerta tenía chapa, pero la fregamos al querer ingresar. Mi primo se subió por el lado del muro. No se podía entrar porque la puerta del patio tenía pasador, pero lo destrabó, entramos y había unas cosas de las personas que vivían aquí. Una mujer me ofreció la llave y me la vende en 25 dólares, pero con ese dinero mejor compro una buena chapa. Lo más que le podía dar son cinco dólares”, comenta Margarita sin querer especificar quién era esa mujer y por qué tenía las llaves de esa casa y por cuál razón le cobraba para entregárselas.
Según Michelle Sol, Ministra de Vivienda, el FSV ofrece 975 casas que han sido recuperadas durante el cerco militar en Soyapango, instalado a finales del año pasado. Muchas ya han estado ocupadas desde hace años por personas que viven ilegalmente en ellas. Entrevistamos a algunos de esos habitantes y lo primero que aclaran es que no tienen vínculos con pandillas.
La PNC ha realizado varios operativos “Casa Segura” en La Campanera y casi siempre han visitado a Margarita, que evidentemente no tiene ningún documento de propiedad. La policía le ha dado la opción de desalojar o que inicie el trámite de compra con el FSV, aunque el artículo 219 del Código Penal dicte que usurpar un inmueble es penado con uno a tres años de cárcel.
“Cuando fui al Fondo les dije que estaba abierto cuando llegué, no les iba a decir que yo destrabe el candado. Me dijeron que un requisito era vivir en el inmueble para poder comprarlo. Ya le tome fotos, ya llene la solicitud, todo eso está ya en el Fondo”, explica. Esta no es la primera vez que Margarita vive en una propiedad con estas características. En la colonia Las Margaritas se tomó una casa gracias a un amigo que le avisó que la persona que en ella vivía había muerto, aparentemente asesinada.
“Con un palo de la escoba logramos abrir la puerta para entrar y a la orilla del cuarto todavía había la sangre. Mi amigo era abogado y él me hizo el contrato”, comenta.
En La Campanera, el que quiere comprar casa y vivir de forma legal, tiene varios pasos que verificar. Primero es buscar si el inmueble aparece en el sistema del Fondo y luego averiguar personalmente en el sitio si está vacía o habitada por usurpadores, que es la mayoría de los casos, o si están completamente desmanteladas.
Al pedir información, en el FSV explicaron que lo único que tiene que hacer el solicitante es cumplir con los requisitos, no importa si la vivienda ha sido usurpada. “Sí cumplen con los requisitos sí pueden aplicar. A nosotros los que nos interesa es vender el inmueble, no meter presa a una persona. Nos interesa vender la casa, no sí la persona la está usurpando”, comentó el trabajador del Fondo.
Ellos para minimizar las perdidas y al mismo tiempo, con el fin de obtener dinero líquido, están bajando los requisitos necesarios para que la gente pueda adquirir la vivienda”, comenta Otto Flores, abogado penalista salvadoreño
Aclaró que algunos usurpadores dicen que ya han reservado el inmueble, pero que en realidad lo hacen para no tener problemas con la policía o con las personas que tienen el dinero y quieren comprar. El Fondo no ayuda con desalojos.
“Las personas que viven de forma usurpada pueden iniciar el proceso, pero tienen que cumplir requisitos. No es problema para el Fondo, nosotros no podemos imponer castigo o hacer cumplir el Código Penal por usurpación, pero la policía sí. El Fondo no va a llegar a sacar a una persona si no tenemos facultad legal para eso”, detalló.
Los requisitos que pide el FSV para hacer la reserva de la vivienda usurpada son bastante simples: Llevar dos fotografías del frente de la casa, impresas a colores y los estados de cuenta de mora de agua y electricidad. Si la casa esta deshabitada los requisitos son los mismos. Si el solicitante ya vive en la casa, tiene que llevar seis fotografías, siempre impresas a colores, en las que tiene que aparecer retratada la persona que reserva dentro de los espacios. Dos son fotografías del frente de la casa, cuatro del interior y los estados de cuenta del agua y electricidad.
“Las casas que están armadas, por así decirlo, todas están pobladas. Es bien difícil encontrar una vivienda arreglada sin que nadie viva ahí. Eso el Fondo no lo dice, pero hay unas que ni están recuperadas y por eso la mayoría de gente está optando por casas así, solo cajones vacíos, para no tener problemas”, explica Miguel, un hombre que tiene más de 21 años de vivir en el reparto.
Miguel vive en un pasaje a cinco metros de la quebrada, en medio de unas casas destruidas. Tiene un empleo poco remunerado y una familia que alimentar. Aceptó el trato que le ofrecieron por vivir ahí, aunque nunca lo hizo con los verdaderos propietarios de la casa, de hecho, nunca los ha conocido. Lo más probable es que los dueños fueron expulsados o huyeron de las pandillas. Miguel le pagaba 30 dólares a una mujer que venía a cobrar, a la cual no quiere describir con detalle por cuestiones de seguridad, y que cuando llegó el cerco militar ya nunca regresó. “Gran lío con esa casa porque supuestamente no eran ni los dueños los que cobraban. Al final la señora a que se le pagaba vendió la llave. La vendió a 25 dólares, pero a saber que se hizo”, afirma.
Miguel ha ido al Fondo a solicitar crédito por la vivienda, pero esta no aparece en el sistema, pero le han dicho que tiene una mora de 10 mil dólares que los verdaderos propietarios dejaron de pagar. La opción que le han dado, por su récord crediticio, es adquirir una recuperada, pero de las que no están habitadas, es decir, un cajón sin techo, sin agua, sin energía, sin nada. “Cuando viene la policía y me interroga, uno les dice que se están haciendo trámites”, confiesa.
Similar situación vive María y su esposo. Ambos tienen más de diez años de vivir en un pasaje en el cual hay 12 lotes con vestigios de lo que fueron las casas. Llegó a la colonia por amor a su esposo, quien nació y creció ahí. Ha dejado de pagar los $30 de alquiler a la pandilla. La dueña, a quien le cancelaba desde que recién se mudaron, desapareció, se esfumó, nadie sabe de ella. María asegura que no tiene ningún vínculo con las pandillas, que tiene intención de comprar la casa, pero que el FSV debería de dar más oportunidades, más soluciones. “Esta donde vivimos no aparece en el listado. Buscamos las que aparecen y en este pasaje solo está una que solo es paredes, de ahí todas las desmanteladas y tampoco aparecen en el sistema”, comenta María.
Para el abogado penalista Otto Flores, de la organización Los Siempre Sospechosos de Todo, que ayuda a detenidos arbitrariamente por la policía o el ejército, el Fondo pone requisitos mínimos para vender las casas por factores de tipo financieros. “Ellos para minimizar las perdidas y al mismo tiempo, con el fin de obtener dinero líquido, están bajando los requisitos necesarios para que la gente pueda adquirir la vivienda”, comenta. Asegura que la razón por la que no se persigue el delito de usurpación de vivienda, o robo de fluidos, es por la falta de presupuesto.