La Ley Especial de Reestructuración Municipal, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 13 de junio de 2023, no incluyó dentro del listado de normativas que seguirán vigentes la Ley del Fondo de Apoyo Municipal para atender proyectos, actividades sociales o de servicios de los municipios.
Dicha ley fue aprobada en agosto de 2022 para distribuir anualmente $50 millones entre 243 municipios con poblaciones menores a 73,000 habitantes, para que las municipalidades puedan financiar actividades de carácter social.
Aunque en el considerando décimo de la ley con la que se redujo a 44 los municipios del país se menciona la normativa de creación del Fondo de Apoyo Municipal, ésta no se incorporó en el artículo que menciona las leyes que continuarán vigentes con la reestructuración; por lo que los nuevos municipios no recibirían ese financiamiento.
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La Ley del Fondo de Apoyo autorizó que los recursos puedan utilizarse para el pago de servicios básicos como la recolección de desechos y alumbrado, para fines sociales como becas, proyectos de emprendedurismo, proyectos dirigidos a mujeres, para la juventud, proyectos de vivienda, programas de atención al adulto mayor y otros relacionados a la mejora de los grupos sociales que atienden las municipalidades.
Para distribuir el fondo se estableció un porcentaje de acuerdo a rangos de población, de manera que la mayor cantidad, es decir el 40%, se distribuya en 105 municipios con poblaciones de 5,001 a 15,000 habitantes. Luego 59 municipios con poblaciones de uno a 5,000 habitantes tendrían el 14% de los fondos. El resto de recursos se divide entre municipios con 15,001 hasta 73,000 habitantes.
La reestructuración municipal sí incluyó a la Ley de creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) y su reglamento y a la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM). Con la primera se redujo la asignación del 10% al 1.5% del FODES a las municipalidades para su funcionamiento. Y en la ley de la DOM se definió que la asignación de recursos no podrá ser inferior al 3% de ingresos corrientes netos anuales.
Transferencias realizadas
Hasta mayo de 2023, el gobierno ha transferido $268,176,006 de cuatro líneas presupuestarias de apoyo a las municipalidades, según los datos disponibles del portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.
Específicamente, del Fondo de Apoyo Municipal se transfirieron $20,833,331 de los $50 millones del año y para Financiamiento para Obras Municipales, a cargo de la DOM, $149,929,549.
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Otra línea de transferencias es la de Financiamiento a municipalidades para funcionamiento, que correspondería al FODES, que presenta una ejecución de $50,258,086; para Obligaciones crediticias de los municipios la transferencia hasta mayo asciende a $47,155,039.
Abandono de municipios
Para diputados de oposición, es una forma de abandono de los municipios al recortar los recursos para ejecutar los proyectos sociales. “El gobierno central ha abandonado a los municipios, porque a él lo que le interesa es tener el control total de la Asamblea Legislativa”, dijo Francisco Lira, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Con la reestructuración municipal, considera que los municipios no contarán con los recursos necesarios para atender a mayor cantidad poblacional y territorio. Citó como ejemplo a San Juan Opico y Ciudad Arce, que conforman el municipio de La Libertad Centro. “Ni han hecho obras, ahora que la reducción de 16 concejales a diez, mucho menos van a poder llegar a cubrir todo el gran territorio de San Juan Opico y Ciudad Arce”, dijo.
Y recordó las denuncias de insuficiencia de fondos cuando se recortó el FODES. “Y ahora, los agruparon, no tomaron en cuenta estos $50 millones. Si al final de cuentas no se necesitaban agrupar, lo que necesitaban los municipios eran recursos para echar a andar los proyectos sociales y económicos que la misma población estaba solicitando”, enfatizó.
La diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no descarta que la intención de dejar fuera esa ley sea para no seguir otorgando esos fondos de apoyo social. “O es con intención de no asignar esos recursos o se les pasó por alto”, indicó.
Mencionó que cuando se aprobó el Fondo de Apoyo Municipal en agosto del año pasado se debió a presiones de falta de recursos en los municipios. “La verdad que eso lo hicieron solo porque el señalamiento era fuerte de que la DOM solo calles hacía u obra gris”, dijo.
Para la legisladora, el gobierno y sus diputados “están jugando desde el inicio” con el tema de los fondos municipales.
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Ahorro en salarios
Numan Salgado, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), considera que los nuevos municipios tendrán más apoyo de la DOM; pero no descarta que la ley de reestructuración puede tener cambios en el futuro.
“En realidad lo que se va a manejar cuando se tome posesión las nuevas autoridades en el 2024 va a ser una, por así decir, una ayuda directa y un poco más fortalecida con lo que es la DOM para lo que son los proyectos macro que tiene cada municipio”, dijo.
Salgado comentó que habría una reducción de gastos en los municipios al no tener que pagar salarios de más alcaldes y que esos recursos se pueden reorientar para ejecutar obras. No obstante, señaló que “la legislación es cambiante” y que estarían pendientes de “hacer los cambios necesarios” para que los municipios tengan los recursos necesarios.
Normas vigentes
La Ley de Reestructuración Municipal mantiene vigentes 55 leyes, reglamentos y decretos relacionados a los municipios y otras normas generales, como la Ley General Tributaria Municipal, la Ley de Vialidad, el Decreto de Creación de la Corporación de Municipios de la República de El Salvador (COMURES) y sus estatutos, la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños.
Y las creadas en la actual legislatura como la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales y la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales. Agrega que continuarán vigentes aquellas normas “que contengan disposiciones aplicables” a los municipios y que “no contraríen” la nueva ley.