Abogados de la Fundación Cristosal presentaron este martes tres recursos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra los partidos políticos Nuevas Ideas, GANA y el FMLN, pues sus representantes se han negado a entregar información pública sobre los financistas que les han apoyado económicamente.
Ruth Eleonora López, abogada de la unidad anticorrupción de Cristosal, explicó a El Diario de Hoy que al FMLN y Nuevas Ideas se les solicitó información sobre su financiamiento como partido, al igual que lo hicieron con los demás institutos políticos. Sin embargo, López subrayó que ambos partidos "no entregaron absolutamente ninguna información, habiéndose cumplido el plazo para eso".
Además, la especialista indicó que si bien GANA entregó información parcial, esta fuerza política "no entregó nada sobre los financistas". El alegato de dicho partido, según la abogada, fue la necesidad de obtener previamente el consentimiento u autorización de sus financistas. No obstante, el escrito destaca que esto fue declarado inconstitucional hace algunos años por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La jurista brindó un dato particular del caso de Nuevas Ideas. "Ellos (Nuevas Ideas) además de no haber entregado información como lo hizo el FMLN, se negaron a firmar de recibido, poner la hora o fecha y por eso se hizo constar en un acta notarial para después acudir al TSE y que este pueda comprobar de que se ha vencido el plazo", detalló López.
Piden sanción por las infracciones cometidas
Ante esto, los abogados piden al TSE que ordene a los partidos proveer de la información solicitada y también que se les sancione por las infracciones cometidas.
Los recursos establecen que debe tenerse en cuenta que el Estado salvadoreño como suscriptor de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción adoptó algunas medidas legislativas para la transparencia respecto de la financiación de los institutos políticos. Añade que esto está materializado en la Ley de Partidos Políticos.
"Además de ser una obligación legal, existe un deber de seguimiento y aseguramiento por el TSE, de conformidad a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado", se lee en los documentos.
Finalmente, los juristas apuntan que, debido a la cercanía del próximo proceso electoral de 2024, "es necesario que la ciudadanía conozca a los financistas de los partidos políticos".