La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes, sobre la presentación de requerimiento o solicitud de imposición de medidas contra más de 1,036 personas, supuestos miembros de pandillas, de las zonas de Mejicanos, Soyapango y la zona paracentral (departamentos de La Paz, San Vicente, Cabañas y Cuscatlán), Apopa, San Marcos y San Salvador, en los juzgados especializados de instrucción de San Salvador.
El Salvador está bajo régimen de excepción desde la madrugada del domingo 27 de marzo, lo cual implica que varias garantías que la Constitución le da a los salvadoreños, han sido suspendidas; entre éstas el derecho a que la detención administrativa no excederá de setenta y dos horas, según el inciso segundo del artículo 12 de la Constitución salvadoreña.
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Pero la suspensión de esa garantía no puede exceder de 15 días, según lo establece el art. 29 de la misma Constitución, por lo cual, según abogados consultados, el plazo de detención administrativa para las personas capturadas el domingo 27 de marzo, vence el 11 de abril.
Entre los más de 1,036 casos están 10 menores de edad.
“La @FGR_SV ha solicitado al Juzgado Especializado de Instrucción de esta capital que 417 pandilleros, capturados en la zona paracentral del país en el marco del Estado de Excepción, se mantengan en prisión preventiva mientras el proceso continúa”, escribió la Fiscalía en su cuenta de Twitter este viernes al mediodía.
En otro tuit publicado casi dos horas después, la Fiscalía informó que había presentado la acusación contra 279 miembros de pandillas. Todos ellos capturados en el marco del régimen de excepción, en vigencia desde el domingo 27, según el Decreto Legislativo 333.
Mientras que en la mañana, presentó solicitud de imposición de medidas contra un grupo de 340, según informó la misma institución en un boletín de prensa..
Los delitos que les atribuyen la mayoría de imputados son organizaciones terroristas, tenencia ilegal de arma de fuego, receptación y otros, según la misma Fiscalía.
“Cuotas de detenidos”
El jueves anterior, el Movimiento de los Trabajadores de la Policía, @moverderechopnc, señaló que hay jefes de la corporación policial que están imponiendo cuotas diarias de detenciones al personal bajo su mando.
“Hacemos el llamado a aquellos jefes de la @PNC a nivel república, que NO están imponiendo cuota de detenidos a los Agentes. La lucha contra las pandillas no es competencia. Por cubrir esa cuota se pueden llevar gente que no tiene nada que ver con pandillas”, publicó el referido movimiento en su cuenta de Twitter.
Por su parte, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), en su primer informe del “Plan Nacional de Verificación en el Contexto del Régimen de Excepción, producto del Incremento de Homicidios y Feminicidios acontecidos en los últimos días”, asegura que en lo que va del periodo del régimen de excepción, del 27 de marzo al 04 de abril de 2022, ha realizado, intervenido y atendido 183 acciones de protección de derechos humanos y ha detallado que ha recibido decenas de denuncias de detenciones arbitrarias.
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Concretamente, la PDDH informó que a nivel nacional, entre el 27 de marzo y el 4 de abril, recibieron 78 denuncias de presuntos casos de violación de derechos humanos vinculados a la implementación del régimen de excepción. Cuatro de esos casos son colectivos, es decir, que los afectados fueron dos o más personas.
Entre las personas afectadas por supuestas violaciones de derechos humanos, de acuerdo con el informe de la PDDH, están 7 presuntas víctimas que son niños/ adolescentes, una mujer adulta mayor de 70 años, un hombre con discapacidad y un hombre con enfermedad crónica o terminal.
Supuestas capturas arbitrarias
El pasado 4 de abril, El Diario de Hoy publicó el caso de un profesor que fue capturado cuando trató de interceder por su hijo y otros tres jóvenes que se dirigían del municipio de Santa Elena al mercado municipal de Usulután, a comprar insumos para sus negocios de comida.
Samuel Antonio Monjarás Lizama, de 43 años, y Víctor Samuel Monjarás Martínez, de 19, fueron detenidos por una patrulla de soldados quienes los capturaron cuando les encontraron 187 dólares en un bolso, aduciendo que era dinero producto de la extorsión, cuando, según familiares de los detenidos, iban a comprar insumos al mercado.
Lo preocupante sobre esas cinco detenciones, refieren familiares, que además de ser arbitrarias, tanto Samuel como Víctor son diabéticos y necesitan sus medicamentos para mantener normales sus niveles de azúcar.
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Los familiares de estos detenidos aseguraron a El Diario de Hoy que al siguiente día fueron trasladados al penal de Izalco, en Sonsonate.
Otro caso expuesto por El Diario de Hoy es el de un albañil que fue capturado el domingo 27, en San Vicente, mientras vendía dulces. De acuerdo con familiares de Luis Alexander Mejía Gómez, de 31 años, cuando fueron a la delegación policial de San Vicente a indagar por qué lo habían detenido, un agente policial les dijo que por receptación, pues no había presentado la factura del teléfono celular que portaba.