Los casos de extorsión no paran en El Salvador, según los registros de casos denunciados en instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con documentos oficiales compartidos con El Diario de Hoy.
Entre el 1 de enero y el 10 de abril de 2024, la Fiscalía ha recibido 135 denuncias por el delito de extorsión, de acuerdo con fuentes cuya identidad se reserva por temor a que sufran represalias laborales.
Mientras que entre el 1 de enero y el 15 de marzo, la PNC registró 103 denuncias por ese mismo delito a nivel nacional. De acuerdo con los registros, la cantidad de casos denunciados en ambas instituciones sumarían 238.
En varios de los casos registrados, los denunciados son miembros de la PNC quienes, valiéndose de su investidura, exigen diversas cantidades de dinero a cambio de no capturar por el delito de agrupaciones ilícitas, bajo el régimen de excepción.
En muchos casos, las víctimas relatan que han recibido amenazas de personas que aseguran ser miembros de pandillas o que son enviados por miembros de esas estructuras delincuenciales.
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Pero también hay casos en los que, según los denunciantes, personas conocidas o desconocidas les exigen dinero a cambio de no revelar información comprometedora de las víctimas.
Extorsión a empresario
Uno de estos casos fue denunciado a principios de enero, por la abogada de un empresario a quien, supuestamente, familiares de un hombre detenido con droga y dinero en efectivo en octubre de 2023, le estaban exigiendo grandes sumas de dinero a cambió de no revelar públicamente de quién era la droga decomisada a William César Hernández Leiva.
Tanto a la denunciante como al representado se les asignó nombre clave, según el acta de denuncia.
Hernández Leiva fue detenido el 6 de octubre de 2023, en un tramo del bulevar Orden de Malta, en la residencial Santa Elena, de Antiguo Cuscatlán, luego de encontrarle dos paquetes de cocaína y $10,150 en efectivo. Posteriormente, en un registro a su vivienda encontraron más droga, dinero y un arma de fuego, según diversos boletines publicados por la Fiscalía.
De acuerdo con documentos policiales, las denunciadas son dos familiares de Hernández Leiva; una de ellas residente en México, aparentemente, según el número de teléfono desde donde hizo la llamada a la apoderada del empresario salvadoreño.
Según la denuncia, desde que Hernandez Leiva fue detenido, el empresario para quien trabajaba como gerente general, administrando varias empresas, haciendas, viviendas y asuntos personales, le ayudó económicamente con dinero en efectivo, para que pagara abogados, para pagar el alquiler de una vivienda y la manutención de la familia y del mismo detenido.
Incluso, le pagaron tres meses de salario después de la detención. Todo ello de forma voluntaria, indica el acta.
Sin embargo, las llamadas telefónicas y mensajes, supuestamente extorsivos, llegaron cuando la cantidad de dinero que entregaban como apoyo económico, disminuyó significativamente a la suma de $1,500. Esa decisión la tomó el empresario tras considerar que ya le había ayudado lo suficiente.
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Al saber que solo recibirían $1,500 mensuales, las denunciadas habían intentado localizar por diversos medios al empresario pero al no lograrlo, habrían hecho las llamadas a la representante legal y a la asistente, reclamando que los $1,500 solo alcanzaban para la alimentación del detenido.
En los mensajes de texto y llamadas, hacían ver que la droga decomisada a Hernández Leiva no era de él, sino del empresario, y que aquel se había hecho cargo de todo para no afectar a su empleador, que había aceptado los delitos, por cubrirle las espaldas, y que no era justo que ya no les ayudaran con el dinero suficiente para la manutención de los hijos del detenido, el alquiler de la vivienda y otros gastos familiares.
En suma, según la denuncia, las familiares del detenido con la droga les dijeron que necesitaban $4,200 mensuales, de lo contrario harían público y declararían que la droga encontrada a Hernández Leiva al momento de ser detenido era del empresario. En la denuncia, se indica que tanto la apoderada legal como el empresario ignoraban que Hernández Leiva estuviera vinculado a situaciones relacionadas con drogas.
Si bien en las denuncias hay casos en los que se señala a miembros de pandillas, también hay muchos en los que las exigencias de dinero son realizadas por personas que, aparentemente no tienen vínculos con esos grupos.
Tal es el caso de un sujeto denunciado por exigir a una mujer que tiene un negocio de accesorios tecnológicos “una cuenta para el juego Free Fire”, pero cuando la víctima le dijo que no tenía cuenta para ese juego, el denunciado le exigió que le entregara “unos audífonos, un mouse y un buen teléfono celular de los que tiene en su negocio”.
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La entrega de tales objetos sería a través del hijo de la denunciante; luego este se los daría al hijo del denunciado, pues ambos estudiaban en el mismo centro escolar.
Este último caso fue denunciado a principios de marzo.
De momento, ni la Fiscalía ni la policía han informado si han realizado capturas en los casos de los familiares del detenido con drogas o en el caso de los accesorios telefónicos.