El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador instaló el jueves la audiencia de imposición de medidas contra el activista de derechos humanos Fidel Antonio Zavala Pérez y 24 residentes de la comunidad La Floresta. Hasta las 8:00 p.m. del jueves, la audiencia se mantenía en receso y continuaría durante la noche.
Los imputados son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por diversos cargos relacionados a la ocupación de un inmueble en la jurisdicción de San Juan Opico.
Los delitos imputados son usurpación de inmueble, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, y limitación ilegal a la circulación. Además, amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas, este último relacionado a las pandillas.
Zavala, quien es vocero de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), es acusado por los delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones y ejercicio Ilegal de la profesión.
La Fiscalía solicitó la detención provisional para 24 de los imputados y medidas sustitutivas de carácter humanitario para una de las procesadas, debido a que se encuentra en los últimos días de su embarazo.
Los fiscales expusieron que otorgar medidas sustitutivas a los imputados presenta un riesgo de fuga y obstaculización de la investigación y pone en peligro de amenaza a los seis testigos claves, quienes también son habitantes de La Floresta.
Defensa pide que Tribunal se declare incompetente
Por su parte, la defensa solicitó al tribunal especializado que se declare incompetente y que el proceso pase a un juzgado común debido a que no se trata de acciones de crimen organizado o de pandillas, sino delitos comunes.
“No estaban reunidos con la finalidad de cometer delitos, sino estaban organizados porque les habían ofrecido unos lotes” planteó uno de los defensores.
En cuanto a la acusación de agrupaciones ilícitas, la Fiscalía aseguró que los imputados estaban organizados en una estructura que tiene una “cohesión delincuencial” que seguían órdenes de los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, este último los fiscales lo señalan como “cabecilla”.
Por su parte, la defensa argumentó que no se cumple el delito de agrupaciones ilícitas porque los habitantes no estaban reunidos con un fin delictivo, sino para legalizar el lugar que habitan a través de un proceso de prescripción.
“Sus únicas aspiraciones eran de ser simples poseedores de las propiedades y vivienda, un derecho universal”, manifestó la defensa.
A su llegada al centro judicial Zavala declaró que considera que su captura es arbitraria y que teme por su vida.
“No sé cuántas veces más pueda declarar, en un momento yo dije de que hacía un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tomara atención a lo que estaba sucediendo en El Salvador y es bien complicado ahora dar declaraciones de blanco y en esta postura" dijo.
La Fiscalía asegura que Zavala se hacía pasar como abogado y que tenía una mando medio en la “estructura delincuencial”.
Sin embargo, la defensa argumentó que no hay ningún recibo o documento que acredite que Zavala haya participado en la compra-venta de algún inmueble, ni tampoco a nombre de Unidehc.
En la audiencia también estuvo presente Óscar Góchez, uno de los dueños del inmueble, quien explicó que adquirió la propiedad en 1992.
“Algunas son personas que ya residían ahí y se habían ganado un poco la confianza de nosotros y decidieron empezar a comercializar mi propiedad y después agarraron soporte de esta supuesta ONG que se llama Unidehc” declaró.
Imputados ausentes
La jueza señaló que hay cuatro imputados ausentes quienes enfrentarán una audiencia separada el próximo martes 18 de marzo.
La abogada Ivania Cruz, directora de la Unidehc, confirmó que junto a Rudy Joya forma parte de los imputados ausentes. Manifestó que se trata de una persecución política debido a que esta organización denunció las violaciones a derechos humanos de personas que pretendían desplazar forzosamente de sus viviendas en las que habían habitado desde hace más de 10 años.
“Nosotros nos consideramos ahora perseguidos políticos de Bukele por decir la verdad, por alzar la voz, por denunciar a los corruptos de su gobierno y por defender los derechos humanos de los sectores más vulnerables del país”, dijo.
Cruz manifestó que se trata de un caso fabricado y cuestionó que la Fiscalía no haya procedido a la denuncia que hizo Fidel Zavala sobre las torturas en cárceles y que haya ignorado los avisos penales presentados por Unidehc por casos de corrupción.
“Aprovecharon que estábamos afuera del país para crearnos un caso e intentar criminalizar a la organización (...) Es una situación alarmante lo que está pasando en El Salvador y nosotros estamos dando la cara porque somos inocentes”, declaró.
Además explicó que la Unidehc es una organización defensora de derechos humanos fundada desde 2019 que brinda asistencia legal gratuita a personas desplazadas forzosamente por el gobierno y empresarios y a víctimas de capturas presuntamente arbitrarias en el contexto del régimen de excepción.
Organizaciones sociales nacionales e internacionales han mostrado su rechazo y han denunciado que este caso tiene como objetivo principal la criminalización de los defensores de derechos humanos.
Por otra parte, han mostrado su preocupación por la integridad y la vida de Zavala, luego que este denunció las torturas de las que fue testigo dentro de las prisiones salvadoreñas, cuando estuvo encarcelado durante 13 meses. mientras era procesado por el delito de estafa, por el que al final fue sobreseído.
MÁS SOBRE ESTE TEMA
KEYWORDS
Derechos Humanos Estafas Fiscalía General Juicios Sucesos Ver Comentarios
