Fiscalía pide anular exoneración de joven que denunció en un video la captura de su madre

La Fiscalía ha solicitado  a la Cámara de lo Penal del San Miguel que anule la resolución emitida por el Juzgado Primero de Instrucción, en la que se sobreseyó definitivamente a Henry Arturo Benavides, procesado por denunciar en un video la captura de su madre, cuando un grupo de policías intentó detenerla sin una orden judicial. 

El ente fiscal le ha atribuido al joven el delito de revelación indebida de datos o información de carácter personal en perjuicio de William H.G., un sargento de la Policía Nacional Civil (PNC) destacado en la delegación de San Miguel. Ese delito está establecido en la Ley de Delitos Informáticos.

En la resolución emitida el pasado 17 de marzo la jueza argumentó que en el proceso no se estableció que el imputado haya revelado información personal del agente policial, ya que el nombre de los agentes y el número de ONI (Orden Numérico Institucional) son de carácter público, según lo establecen los instructivos y la legislación que regula a esa institución.

El Juzgado consideró que instrumentos internos de la PNC y de protección de derechos humanos contempla que todos los funcionarios de la Policía deben llevar siempre un distintivo de identificación, que permita individualizar a los agentes mientras se encuentran desempeñando sus funciones. 

Asimismo está establecido que si un ciudadano requiere saber el nombre y cargo de un servidor público, podrá brindarse el acceso a esa información sin necesidad del consentimiento del titular. 

Sin embargo, la Fiscalía ha expuesto ante la Cámara que la divulgación no autorizada de los datos personales de un agente policial (identidad, rostro y ONI) representa una “grave afectación” tanto a la seguridad personal del agente, como la de su familia. 

Además, plantea que de establecer un precedente “sería negativo” para los agentes de la Policía, fiscales, jueces y funcionarios públicos. 

La defensa por su parte, explicó a los magistrados que fue el mismo agente policial el que brindó su nombre y número de ONI al imputado y que el instructivo de uso de uniformes y accesorios de esa institución y el Manual Ampliado de Derechos Humanos para la Policía del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU establecen que esos datos deben ser visibles en el uniforme policial.

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Por otra parte, los abogados defensores expusieron que con relación a la acusación de un delito informático, el acusado no obtuvo la información de una base de datos, ni del hackeo o vulneración de un sistema de computación o informático y tampoco la Fiscalía logró establecer en la audiencia preliminar que Benavides haya revelado los datos.

La defensa también alegó que la anulación del sobreseimiento definitivo vulneraría el derecho a la libertad de expresión, ya que Benavides defendió a su madre cuando el grupo de policías actuó de manera arbitraria. 

Según el relato, el agente en un primer momento preguntó por el nombre de una mujer, luego de percatarse que la persona que buscaba no se encontraba en el lugar, aseguró que se llevaría detenida a la madre de Henry por el “régimen de excepción”, sin orden de allanamiento, ni captura.

Ante eso el joven grabó un video, el cual fue difundido después por terceras personas que denunciaron la forma anómala de la actuación policial. 

Para la defensa, este tipo de denuncias es importante porque la población tiene derecho a informarse, según lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con el fin de formarse una opinión y ejercer un control sobre el actuar de los funcionarios y empleados públicos, entre ellos los policías. 

Este proceso se da en un contexto en el que los agentes policiales han sido ampliamente señalados por organizaciones de derechos humanos de cometer abusos amparándose en el decreto del régimen de excepción. 

Según datos del informe del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) el año pasado se registraron 522 denuncias por detenciones ilegales y arbitrarias, en las cuales, la PNC se encuentra entre los principales agresores con un 80.08% de los casos.

Otras anomalías identificadas en el informe fueron los engaños que agentes policiales utilizaron para que las personas los acompañaran voluntariamente a las delegaciones, dejándolas detenidas posteriormente.