Una de las once empresas cuyos bienes, junto a los de sus dos socias fundadoras, han sido inmovilizados por estar bajo investigación en el caso de la defraudación de la Cooperativa Santa Virginia (COSAVI), se dedica a la publicidad y fue fundada en marzo de 2020, con un capital mínimo de $2,000. Pero en menos de tres años de operaciones, su situación financiera creció considerablemente, según reflejan sus balances.
En documentos judiciales sobre el referido proceso, filtrados por un grupo de hacker, consta que son once personas jurídicas (empresas) y 36 personas naturales las que han sido acusadas por su presunta vinculación en cuatro delitos: lavado de dinero y de activos, defraudación a la economía pública, casos especiales del delito de encubrimiento, y agrupaciones ilícitas; todos ellos relacionados a la defraudación de COSAVI.
Entre las personas jurídicas figuran las empresas Publicidad y Medios, The Specialist y Black Belt, todas son sociedades anónimas de capital variable. La primera se dedica a la publicidad y mercadeo; la segunda brinda servicios de contabilidad y asesoría, en tanto que Black Belt fue creada en 2022 para dedicarse a los servicios de cobranza judicial y extrajudicial, así como a la compra y venta de carteras de crédito en mora.
Publicidad y Medios más The Specialist fueron constituidas el 17 de marzo de 2020, por dos de las 36 personas que aparecen como investigadas, según los documentos filtrados por un grupo de hackers, siendo ellas, Reina Celina Hernández y Geny Margarita Henríquez Dimas, ambas del domicilio de Mejicanos, según consta en documentos de carácter público.
10,317
es la cantidad de socios que hasta 2023 tenía COSAVI, según la memoria de labores de ese año. De acuerdo con afectados por el fraude financiero, muchas personas de la tercera edad y salvadoreños en el exterior tenían sus ahorros en esa cooperativa.
Más personas vinculadas
El Diario de Hoy encontró que al menos tres personas vinculadas a estas empresas, aparecen en documentos oficiales de una institución gubernamental, entre los años 2013 al 2021; sin embargo, es preciso enfatizar que no se pudo establecer si aún están o no en planillas de esa entidad.
Una de esas personas es Henríquez Dimas, contadora de profesión, cuyo nombre aparece entre las 36 personas investigadas por la defraudación de COSAVI. Su nombre aparece en actas públicas, del 2021, en la que se la menciona como colaboradora de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI).
Pero hay personas que están vinculadas a esas empresas y no aparecen vinculadas al proceso COSAVI. Por ejemplo, el 20 de noviembre de 2023, en junta general ordinaria de accionistas, se nombró a dos personas, en los cargos de administrador único propietario y administrador único suplente, en la empresa Publicidad y Medios.
Una de esas dos personas, cuyos nombres no se mencionan porque no han sido vinculadas al Caso COSAVI, aparece en documentos de la misma institución pública en cuyos documentos aparece el nombre de Henríquez Dimas.
A noviembre de 2023, la situación financiera de Publicidad y Medios cambió bastante en solo tres años de operaciones.
Como se dijo anteriormente, Publicidad y Medios inició con un capital de $2,000. Pero ese mismo año, al 31 de diciembre, ya había aumentado sus activos a más de un cuarto de millón de dólares ($256,000). Al año siguiente solo aumentó $20,000.
Pero un año después, el 2022, el Estado de Situación Financiera de ese período, reflejaba activos por más de $842,000. Es decir, que en solo un año, sus balances reflejaban que había aumentado sus activos en más de medio millón de dólares.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha inmovilizado cualquier actividad o movimiento de bienes de Publicidad y Medios, The Specialist y Black Belt, así como el de Henríquez Dimas y Hernández. La inmovilización fue ordenada el 23 de febrero de este año.
$35,000,000
Según la Fiscalía, esa es la suma defraudada de la Cooperativa Santa Virginia (COSAVI). De acuerdo con documentos oficiales, desde el 2018, instituciones como el Insafocoop tenían conocimiento de los problemas que tenía esa empresa.
Sin embargo, documentos notariales y oficiales a los que El Diario de Hoy tuvo acceso indican que hay otras personas relacionadas con esas empresas, entre ellas un contador y una administradora de empresas. Así también, algunas personas que aparecen como procesadas por la defraudación de COSAVI tienen vínculos con otras empresas.
El Diario de Hoy intentó consultar la versión de Henríquez Dimas, llamando a un teléfono que aparece vinculado a ella en la web, sin embargo, nadie lo respondió. De igual manera, se llamó a un teléfono que aparece vinculado a Publicidad y Medios, pero la persona que contestó la llamada negó que la línea perteneciera a esa empresa.
A las otras empresas y personas mencionadas en este reportaje no hubo forma de contactarlas.
De acuerdo con documentos oficiales, el domicilio de las empresas The Specialist y Publicidad y Medios está en uno de los edificios del Centro Urbano José Simeón Cañas, distrito de Mejicanos.
El pasado 9 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), expusieron públicamente que habían intervenido a COSAVI desde hacía varios meses y que se investigaba una defraudación por unos 35 millones de dólares.
Ese mismo día presentaron a 15 personas que ya habían sido detenidas, no obstante, nada han informado sobre las 21 personas naturales que están bajo investigación por el mismo caso, entre ellas el gerente general y el gerente financiero de la cooperativa.
Silencio institucional
En ese proceso de investigación, la Fiscalía no han informado qué papel jugaron en la defraudación financiera de COSAVI y el delito de lavado de dinero, todas esas empresas y personas relacionadas a las mismas.
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Tampoco ha explicado el rol que jugaron en la defraudación, cinco miembros de la junta directiva de la Caja de Crédito de Colón, juntamente con un ex presidente de la misma entidad cooperativa.
Mientras tanto, la Fiscalía y la SSF tampoco han dado información de manera directa a los afectados por la defraudación a pesar de que un grupo de ellos ha solicitado por escrito y de manera pública, en redes sociales, una reunión, incluso con el presidente de la República, Nayib Bukele. Hasta el momento ninguna institución les ha respondido.
Cientos de afectados, que tienen ahorros de más de $10,000 mil, han cuestionado la intervención de la SSF en la cooperativa, pues la autoridad que rige a las cooperativas es el Insafocoop (Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo), entidad que desde el 9 de mayo cuando la Fiscalía y la SSF hicieron público la defraudación, no ha sentado posición sobre el fraude financiero y se ha negado a recibir a representantes de los afectados.
Afectados cuestionan a la SSF y al Insafocoop
Además de cuestionar la supuesta ilegalidad que está cometiendo la SSF al tener intervenida la cooperativa, los afectados también cuestionan la forma cómo dicha institución pública está manejando la devolución de dinero a algunos socios.
De acuerdo a los afectados, como Juan Ortiz, quien en reiteradas ocasiones ha criticado públicamente el papel que está jugando la SSF y la ausencia total del Insafocoop, la mayoría de socios tienen cuentas de $10,000 a $200,000 o más, lo cual implica que al paso que la SSF afirma estar devolviendo el dinero, aquellos que tienen $200,000, tendrían que esperar unos tres años para recuperar el dinero.
La última capa de entrega, anunciada por la SSF, fue para socios cuyos depósitos eran de hasta $7,500. Lo hizo el pasado 25 de junio y desde entonces no ha hecho otro anuncio, según afectados.
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"Esto se vuelve angustiante y más cuando no nos quieren dar audiencia", afirmó un afectado.
Tanto la Fiscalía como la SSF han sido criticadas por socios que llevaron sumas entre $50,000 a $200,000 a colocarlo como depósitos a plazos y no fueron alertados sobre la intervención.