El pasado 13 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó, en su cuenta de Twitter, que ese día se realizaría la audiencia de imposición de medidas (la primera) contra nueve empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), en la que solicitaban detención provisional para todos.
Los delitos por los que fueron capturados son incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas. De acuerdo con la misma Fiscalía, todas esas personas realizaban actos mediante los cuales incumplían sus deberes como funcionarios y empleados públicos, concernientes a fiscalizar el buen uso de los fondos que manejan alcaldías municipales en el oriente del país.
Entre los detenidos había directores, subdirectores, jefes de equipo y auditores, todos de la zona oriental, quienes “a través de una especie de agrupación concertaban sacar en informes en limpio a favor de ciertas municipalidades”, según declaraciones de la Fiscalía en el tuit del 13 de julio, el último que sobre ese asunto publicó.
Pero todos fueron liberados con medidas sustitutivas a la detención provisional por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, ordenando que los nueve continúen el proceso en libertad. Aparentemente, bastaron los arraigos presentados por los defensores para obtener el beneficio, es decir, que los imputados probaron que no evadirán el proceso.
A diferencia de otros casos, esta vez la Fiscalía no salió de inmediato a despotricar contra el juzgado o su titular, o a advertir que apelará la decisión judicial.
Una organización con más tentáculos
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, las acciones de la red de funcionarios y empleados de la Corte de Cuentas va más allá de limpiar informes a las tres alcaldías mencionadas por la Fiscalía: Comacarán, Bolívar y Chilanga.
Informantes de El Diario de Hoy señalan que en el oriente salvadoreño serían pocas las alcaldías en la que “los maquillistas” no trabajaron tapando casos de corrupción, por lo cual cobraban sumas de entre $10,000 y $40,000, en diversos períodos incluyendo el actual.
La supuesta red también es más amplia; en febrero de 2020, la entonces presidenta de la Corte de Cuentas indicó que estaban investigando a 21 empleados de esa entidad, todos de la zona oriental.
La misma funcionaria detalló también que eran 47 las alcaldías en las que los 21 empleados habrían “limpiado” informes.
Pero de acuerdo con informantes de este medio, desde el 2020 a este año, esa cantidad ha crecido notablemente, a pesar de que la supuesta red estaba enterada de la investigación por parte de la Unidad Jurídica de la institución y de reiteradas denuncias en la Fiscalía General de la República contra alcaldes y exalcaldes.
La ostentación del tren vida de algunos señalados no ha pasado inadvertido para muchos. Los cambios rápidos en algunos van desde el cambio de domicilio hasta la adquisición de lujosas camionetas en las que llegan a sus trabajos.
No obstante, a diferencia de otros casos en lo que la Fiscalía ha actuado confiscando bienes de los acusados, de momento no se sabe que hayan pasado al Consejo Nacional de Administración de Bienes ranchos de playa, residencias o camionetas de algunos procesados.
¿Y los corruptores cuándo serán procesados?
Diversas fuentes consultadas cuestionaron que la Fiscalía no haya procedido contra los alcaldes y concejos municipales, que supuestamente pagaron por limpiar informes de auditorías en los que señalaban hechos graves de corrupción.
“Si la Fiscalía procedió a la captura de los funcionarios y empleados de la Corte de Cuentas es porque ha establecido que hay delitos, pero está raro que no haya hecho lo mismo contra los corruptores… Recuerde que para que haya un corrupto también se necesita un corruptor, pero de momento no vemos a ningún alcalde o regidor capturado”, afirmó una fuente cercana al proceso.
Las investigaciones sobre la supuesta red de “maquilladores de informes”, de acuerdo con las pesquisas realizadas por la misma Corte de Cuentas, señalaban a un exempleado de esa institución, quien hacía labores de lobista entre los alcaldes y concejos municipales corruptos y esta supuesta trama de “maquilladores” de auditorías.
Actualmente, el exempleado de la Corte de Cuentas es, de acuerdo con fuentes de este diario, empleado de una alcaldía del oriente del país, pero se mueve en diversas comunas entre las cuales es muy conocido, para ofrecer su intermediación
Por su parte, la Fiscalía no ha informado nada respecto a los alcaldes o miembros de concejos municipales que habrían pagado sobornos a la red de limpiadores de auditorías para que no auditaran ciertos rubros, desvanecieran hallazgos importantes de corrupción o los convirtieran en observaciones menores, según la misma Fiscalía.
Covid-19, el río revuelto
Muchos alcaldes, en la mayoría de casos en complicidad con miembros del concejo municipal, malversaron fondos municipales aprovechándose de la pandemia de COVID-19 que vino a ser una especie de “río revuelto”, en el que los mayores beneficiados fueron los funcionarios municipales. Esto también sucedió a nivel del Órgano Ejecutivo.
En el oriente salvadoreño abundan los ejemplos de cómo desviaron fondos municipales, disfrazando esos actos como compras de comida preparada o canastas de alimentos para, supuestamente, entregarlas a familias durante la cuarentena.
En otros casos se compraron bienes, como láminas para paliar necesidades de familias afectadas, durante el año 2020, por las lluvias. De acuerdo con las fuentes, hay casos bien puntuales en los que se infló el precio de los bienes adquiridos y en otros, simplemente no existió la compra y entrega de los bienes a ciudadanos que los necesitaban.
Un ejemplo de lo anterior, refieren las fuentes, es el caso publicado el 15 de julio de 2020, por El Diario de Hoy, referente a que a alcaldía de Intipucá habría pagado poco más de $24,000 de sobreprecio en la compra que hizo de 11,000 pliegos de lámina, las cuales fueron adquiridas para ser entregadas a familias afectadas por la tormenta tropical Amanda, que azotó a El Salvador a finales de mayo y principios de junio de ese año.
Ese hecho fue denunciado por un regidor de la referida comuna.
A parte de la corrupción en el marco de la pandemia, otro de los rubros en que las alcaldías malversan muchos fondos públicos en la reparación de calles, ya sea balastado o pavimentado de las vías.
En la mayoría de ocasiones, de común acuerdo con las empresas contratadas, las reparaciones son realizadas con materiales de baja calidad o en menor cantidad, según las términos de referencias de los contratos.
En estos casos, la trampa es que cuando se realizan las auditorías y se va a constatar la existencia de las obras y no encuentran nada, o hallan solo vestigios de que fue balastada o pavimentada, les dan la excusa de que el uso o las condiciones del tiempo han hecho desaparecer el pavimento o el balasto.
Corte afirma que separó a los nueve empleados
La Corte de Cuentas de la República aseguró que los empleados acusados de maquillar informes de auditoría, fueron separados de la institución.
“Los relacionados en este caso ya tenían un proceso interno abierto de separación de sus cargos, el cual después de ser finalizado se acordó separarlos de la institución, lo cual fue notificado el pasado 13 de julio”, indicó la institución, al tiempo que afirmó que respetarán cualquier decisión judicial que se dé en el referido proceso.
Sobre la cantidad de alcaldías investigadas, la Corte dijo que no podía detallar debido a la reserva del caso. “Con la finalidad de asegurar resultados objetivos y confiables la institución está en constante monitoreo y revisión de los procesos de auditoría y de encontrar alguna irregularidad aplicaremos lo que la ley mandata en procesos disciplinarios internos e informando a la Fiscalía”.