La Fiscalía General de la República de (FGR) El Salvador apeló este martes el fallo de una corte de primera instancia que absolvió a 5 militares acusados de complicidad en la violación de una niña en 2023.
Un representante de la FGR indicó en un video divulgado en redes sociales que pidieron revertir el fallo a raíz de que, a su juicio, poseen “suficientes elementos para acreditar la existencia del delito y la participación de los imputados en su consumación”.
Señaló que el juez de la causa no habría valorado la prueba testimonial, pericial y documental, además de la declaración de la víctima y la declaración de 7 testigos presenciales.
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Los militares señalados son René Escobar, Hilario Flores, Vicente Gómez, Edgardo Pintín y Eder Salazar, quienes son “acusados de complicidad” en los delitos de privación de libertad agravada, violación y agresión sexual agravada en menor, lesiones y amenazas agravadas.
El 21 de junio, el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla decidió sobreseer el proceso contra los cinco militares, pero envió a juicio al sargento Héctor Ovidio Alvarado Rivera, señalado de ser el autor material de la violación.
De acuerdo con la Fiscalía, en septiembre de 2023, un grupo de civiles fue interceptado por estos miembros de la Fuerza Armada en la localidad costera de Mizata.
“Venían de disfrutar un momento ameno en la playa, cuando fueron interceptados por elementos de la Fuerza Armada y estos procedieron a realizar los delitos de naturaleza sexual”, sostuvo el fiscal.
De acuerdo con el relato oficial, Alvarado Rivera “separó a la víctima hacia otro lugar en el cual perpetró delitos de naturaleza sexual”.
El papel del resto de militares habría sido el de “obstaculizar que las demás personas intervinieran para evitar el cometido”.
Años después del final de la guerra civil (1980-1992), los Gobiernos asignaron al Ejército labores de seguridad y en la actualidad son miles los que patrullan las calles, junto a elementos de la Policía Nacional Civil.
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Según un reporte de tres organizaciones humanitarias, los cuerpos de seguridad salvadoreños han superado a las pandillas en la generación de desplazamiento forzado interno y entre los hechos generadores se encuentran el acoso y el abuso sexual.
Los datos de Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) señalan que las 223 víctimas de desplazamiento que han atendido entre 2022 y 2023 denunciaron amenazas (18.4 %), vigilancia (17 %), detención arbitraria (16.6 %) y malos tratos y tortura (14.8 %) por parte de policías y soldados.
Además, entre las vulneraciones que estas personas han denunciado ante las organizaciones se encuentra el acoso sexual (2.2 %) y abuso sexual (0.9 %).