La orden de personal del ministerio de Educación de fichar a los estudiantes a quienes los maestros consideren que tienen una “actitud o conducta antisocial” ha generado diversas opiniones, tanto de la población como de especialistas, que consideran que no es una medida de prevención, sino que tiende a criminalizar a los niños, niñas y adolescentes.
El pasado 11 de abril los directores de los centros escolares localizados en el departamento de Usulután recibieron un correo con un formulario denominado “Ficha diagnóstica de estudiante con actitud y conducta antisocial”, la cual debían llenar con datos de cada uno los estudiantes que consideraban que tenía ese comportamiento.
Dos días después, en otra comunicación el director departamental de Educación, Hugo Ernesto Alberto Cerna, les ordenó a los profesores mandar a la mayor brevedad posible los documentos llenos con los datos de los alumnos considerados en este perfil.
Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal, dijo que en primer lugar se debe verificar si esto es un lineamiento del ministerio de Educación o si es decisión del director departamental.
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“Habría que ver si él tiene facultades para dar este tipo de lineamientos, en todo caso a mi juicio, si esto va a ser una un lineamiento del ministerio de Educación, se trata de una medida que tiende a criminalizar a la juventud, no por alguna actividad ilícita que hayan hecho, sino por su apariencia o supuesto estado peligroso y esto es bien subjetivo”, señala.
Ábrego añade que no está claro que se hará con la información recabada, “pero es muy probable que vaya a la Fiscalía o a la Policía, tomando en cuenta las últimas declaraciones del gabinete de seguridad”.
“Esto significa llevar un estado policial a nuestras escuelas, en donde todos pueden sentirse vigilados, contrario a los principios de la Ley Crecer Juntos que considera a los jóvenes, niños y niñas, como sujetos de derechos”, dice.
Maestros en peligro
Daniel Rodríguez, representante de Simeduco, dice desconocer que el ministerio haya dado esas indicaciones de forma oficial, pero considera que ese tipo de situaciones pondría en riesgo la integridad de los maestros ante aquellos alumnos que sí están involucrados en estructuras criminales.
“Es lamentable que estén involucrando a los docentes en este tipo de cosas, porque están poniendo en riesgo la integridad física de los compañeros maestros con los jóvenes que andan metidos en estos grupos antisociales y pueden tomar represalias”, manifiesta.
En ese mismo sentido, Juan Carlos Torres, director de la Maestría en Políticas Públicas y Prevención en Cultura de Paz de la Universidad Don Bosco, recuerda que los maestros fueron muy afectados por la violencia pandilleril, ya sea porque tenían que entrar a un territorio controlados por ellos o por tenerlos como alumnos.
Se necesita prevenir
En otro orden, Torres explica que esta acción por si sola no ayudará a prevenir la violencia, si no va acompañada de un programa de prevención, desde el enfoque de seguridad ciudadana, que involucre a toda la comunidad educativa incluyendo a las familias.
Además, si no cuenta con un programa de intervención y atención preventiva integral donde el enfoque de paz y convivencia ciudadana sea la base de orientación en la convivencia escolar y comunitaria.
“Recomiendo al gobierno un programa diseñado desde la seguridad ciudadana, no la seguridad pública, desde la convivencia pacífica, para que puedan orientar, ayudar y acompañar a estos jóvenes que presentan conductas de riesgo” señala.
Asimismo Torres considera que el gobierno debe tomar en cuenta que el país estuvo, casi en la totalidad de su territorio, en situación de riesgo y que los jóvenes han crecido y convivido bajo esa situación de violencia y vulnerabilidad.
“Respiramos una cultura de violencia que solo se puede reducir desaprendiendo algunas actitudes, dialogando y conviviendo de forma no violenta, pero eso requiere tiempo, inversión y una política y ley del estado respaldada por una institución que lidere este proceso”, explica.
Para Torres la institución que lidere ese esfuerzo debe ser un ente como el instinto Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) donde se reunían los diferentes ministerios e instituciones relacionados a la juventud, salud, educación, deporte, cultura, economía, prevención y desarrollo.
En tanto, Ábrego agrega que la prevención de la violencia, no se logra etiquetando a las personas de antemano como peligrosos criminales, estas medidas tienden a estigmatizar a los grupos de jóvenes y niños y niñas y no se concentran en las causas de la violencia.
Consecuencias
En otro punto, el representante de Simeduco agrega que este tipo de acciones puede tener un efecto negativo en la comunidad educativa y provocar deserción escolar, por el temor de los padres a que sus hijos sean fichados.
Rodríguez explica que en los centros escolares públicos ya se lleva un registro de los alumnos que no se comportan adecuadamente, pero con fines educativos. “Nosotros llevamos ficha de registro, sabemos cuales son los alumnos que no se comportan bien, pero es para darle otro tipo de tratamiento (a la información) no para tipificar con relación al régimen de excepción” explica.
El representante de Cristosal explica que con estas acciones el Ministerio estaría violando derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos en la Constitución de la República y la Ley Crecer Juntos y va en contra del principio interés del interés superior del menor ya que no está favoreciendo el desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social de los niños, niñas y adolescentes. Además, considera que se estaría violando el derecho a la educación y la convivencia positiva.
El Diario de Hoy obtuvo copia de los correos que los directores recibieron, así como el formato de la ficha, lo cual fue confirmado por profesores de Usulután a quienes se le consultó sobre la veracidad de tales documentos oficiales.
