La madre de Rodrigo Alejandro Montalván Ramírez con el apoyo de Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) denunció que a diez años de la desaparición de su único hijo sigue sin tener una respuesta del Estado sobre la suerte o paradero del adolescente.
Silvia Montalván denunció que hasta ahora no hay avances importantes en la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que hizo un llamado a esa institución para que de manera diligente investigue los hechos, que dé con el paradero de Rodrigo y los posibles responsables de su desaparición.
“Ante la inactividad de la FGR en estos diez años transcurridos desde la desaparición de Rodrigo, se está vulnerando el derecho de acceso a la jurisdicción; y el derecho de conocer la verdad a Silvia, quien busca a su hijo”, señaló Fespad al respecto.
El 1 de julio de 2023, Fespad presentó una demanda de protección de derechos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación de la madre de Rodrigo.
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El recurso constitucional, presentado por Fespad, alegaba la omisión de una investigación exhaustiva y concluyente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que permita establecer quién o quiénes son los responsables de la desaparición de Rodrigo y dar con su paradero.
Sin embargo, Héctor Carrillo, director ejecutivo de Fespad, explicó que cuatro meses después la Sala hizo prevenciones al amparo interpuesto en el caso de Rodrigo, “encaminadas a desechar la demanda” y aunque estas ya se resolvieron, el máximo tribunal no ha vuelto a pronunciarse.
“Esa resolución va en contra de un precedente que ya había dictado la Sala de lo Constitucional en el amparo 314-2022, el cual fue admitido y básicamente los fundamentos del amparo en ese caso y en este son los mismos, por lo tanto tuvo que haber existido la misma decisión”, declaró Carillo.
Fespad hizo un llamado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y al Comisionado Presidencial de Derechos Humanos a dar seguimiento a la actuación de la Fiscalía y la Sala de lo Constitucional en el caso de Rodrigo.