Las representantes de organizaciones feministas Keyla Cáceres y Clanci Rosa aseguraron en la entrevista de YSUCA que no es sacando militares a las calles la forma acertada para resolver el problema de los feminicidios en el país.
Rosa expuso que la violencia feminicida se origina en prácticas culturales machistas que se ha ido normalizando históricamente, por lo tanto, plantea que para erradicar el problema se debe comenzar por la prevención. La feminista explicó que en el país se tiene un enfoque en atender la violencia hacia la mujer, cuando ya ha sucedido.
“Hablar de prevención de violencia contra la mujer es desarrollar estrategias que vengan a dar cuenta de la situación que genera toda esa desigualdad, que pone a las mujeres en una situación de inferioridad frente a los hombres”, explicó.
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Asimismo, Cáceres recordó que la violencia contra la mujer es ejercida dentro de las casas y los agresores son personas de confianza con la que la víctima convive a diario. “¿Cuál es la prevención ahí adentro, qué herramientas les estamos brindando a las mujeres para prevenir esa violencia en su hogares?”, cuestionó.
Por lo cual para Rosa considera que sacar militares a las calles como estrategia del gobierno ante una ola de feminicidios “es absurdo, es como mandarlos a ver las plagas o el volcán Chaparrastique (durante erupción)”, dijo.
Cáceres agregó que militarización y el régimen de excepción no está resolviendo el problema de la violencia contra la mujer, pero además, recordó que la Fuerza Armada no tiene una formación en derechos humanos ni en enfoque de género, por lo que muchas veces, son los mismos soldados los que acosan y agreden a las niñas y mujeres en las comunidades.
Ambas defensores de derechos humanos coinciden en la necesidad de una política de prevención que se articule de inmediato, ante la ola de feminicidios.
“No es posible que sigan pasando hechos de violencia tan atroces como el fin de semana y simplemente se sienten un par de hombres a tomarse un café y salgan en un twitter diciendo que habrá una persecución a los feminicidas”, cuestionó Cáceres.
Cáceres explicó que las autoridades de seguridad se han enfocado en la revictimización, la criminalización. Y señaló que este gobierno en particular se ha enfocado en la persecución del delito, pero no en la prevención ni en la erradicación de la violencia contra la mujer, al no considerarla parte de la “población estratégica”.
“Tampoco podemos esperar mucho de un gobierno que ni siquiera sanciona a sus agresores, dentro del mismo gobierno”, expresó.
Instituciones abonan a la impunidad
Las feministas también reflexionaron sobre la impunidad que se genera desde las instituciones del Estado ante un hecho de violencia contra las mujeres, lo cual beneficia a los agresores y permite que se sigan repitiendo esos casos.
“La mujer no solo se está enfrentando a un agresor, sino también a un sistema que históricamente ha beneficiado a los hombres”, explicó Rosa.
“Este gobierno, este sistema judicial, al igual que los anteriores han perpetrado la violencia contra las mujeres”, aseguró Cáceres.
Como ejemplo expuso el feminicidio de Fernanda Nájera, cometido con lujo de barbarie, hace cuatro años, sin que su familia haya logrado justicia hasta ahora.
“Violando la Constitución, los diputados han reformado el Código Penal para que cualquier delito de pandillas y corrupción se pueda judicializar sin tener el imputado presente y en casos de feminicidio como el caso de Fernanda Nájera, nos las aplican”, aseguró.
El Juzgado Especializado de Instrucción para una vida libre de violencia y discriminación de Santa Ana suspendió el 10 de enero pasado la audiencia preliminar programada contra Michael Alejandro Castillo Murga por el delito de feminicidio.
Fuentes allegadas al proceso explicaron que la actividad judicial fue suspendida debido a que el imputado no estaba presente.
El principal sospechoso se encuentra prófugo desde el día del crimen cometido con lujo de barbarie, entre el 31 de enero y el 1 de febrero de 2019, desde entonces se presume que se encuentra escondido en Estados Unidos, a donde habría huido.
“Al sistema judicial le interesa seguir mandando el mensaje que a las mujeres nos pueden matar, violar y no pasa nada, porque no nos ven como ciudadadan con derechos plenos”, se lamenta la feminista.
Otro ejemplo de la ineficiencia del Estado, según las activistas, es el caso de Priscila Magaly Garcia, cuyo feminicidio quedó en la impunidad después que el principal sospechoso quedó en libertad.
“Este, como muchos casos de Feminicidio en El Salvador, quedó impune y quedó impune por la falta de diligencia de los fiscales asignados al caso, quienes fueron incapaces de hacer una investigación seria y plantear una relación de hechos, clara, precisa y circunstanciada”, denunció en su momento la abogada Bertha De León.
Cáceres también recalcó la importancia del involucramiento ciudadano para contribuir a la erradicación de la violencia de género en el país. Recordó que en el caso de Milagro del Villalta, asesinada de un disparo por su esposo Fernando Orellana Quintanilla, todos los vecinos sabían que ella era víctima de violencia.
“Porqué nunca ningún vecino decidió llamar a la policía para denunciar”, reflexionó Cáceres.
Milagro trabajaba como ordenanza en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, y de acuerdo con vecinos y familiares de Milagro y su esposo, entre ambos había una situación de violencia intrafamiliar, la cual derivó en que a las 5:00 a.m. del martes 7 de febrero, el hombre matara a su mujer y luego se suicidó.
El hombre fue descrito como una persona violenta. Según las pesquisas policiales sobre este caso, últimamente la pareja vivía constantes episodios de violencia.
Cáceres explicó que para denunciar este tipo de violencias se puede hacer por medio de una llamada anónima, en la que se debe dar detalles del hecho y el lugar exacto de dónde se está cometiendo.