En 2017, en El Salvador hubo un registro 469 feminicidios; para 2018, hubo una reducción, pero la cifra aún fue alta: 386. Entre los casos de esos dos años se cometieron al menos tres feminicidios cuyos perpetradores continúan como fugitivos de la justicia salvadoreña.
Para 2021, cuando hubo 132 asesinatos de mujeres (según datos de la Fiscalía General de la República), al menos dos de esos siguen sin resolverse y en 2022, con una cifra de 64 casos, se conoce que uno de ellos tampoco ha sido solventado por las autoridades.
Estos son seis casos de feminicidio que la justicia salvadoreña aún tiene pendientes de resolver.
Hombre mató a su expareja que iba a denunciarlo por violencia intrafamiliar
Era el 24 de octubre de 2017. Unos disparos alarmaron a conductores y peatones en medio del tráfico en el kilómetro 13 de la carretera Troncal del Norte, en Apopa. Los impactos de bala le quitaron la vida a Vilma Pérez, de 32 años de edad.
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Su expareja, José Adán Menjívar Miranda, de 41 años, disparó a la mujer sin importarle que ella fuera acompañada de sus dos hijos de 8 y 4 años. Según investigaciones, Pérez sufría de un ciclo de violencia junto a Menjívar Miranda y justo ese 24 de octubre ella se dirigía a interponer una denuncia en su contra.
El hombre, un vigilante privado que trabajaba en una empresa de ese municipio, se había enterado de la intención de su expareja. Entre el asombro y el temor de sus hijos y de testigos, Menjívar huyó del lugar sin que desde ese día las autoridades sepan de su paradero.
El entonces fiscal general, Douglas Meléndez, y el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, pidieron a la población colaborar para su captura. En diciembre de ese mismo año, INTERPOL giró una orden de captura contra Menjívar Miranda; pero desde el feminicidio de Vilma Pérez ya han pasado más de cinco años sin justicia.
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Michael le quitó la vida a su pareja y dejó a su hijo en cafetales
El cuerpo sin vida de la joven Melvi Fernanda Nájera, de 23 años, fue encontrado en una finca en el municipio de Concepción de Ataco, en Ahuachapán, el 31 de enero de 2019. Allí lo dejó Michael Alejandro Castillo Murgas, su pareja, con quien procreó a un hijo que para entonces tenía un año con siete meses de edad. Al pequeño lo localizaron inconsciente tres días después, a unos cien metros de donde estaba el cuerpo de su madre.
Tras cometer el crimen, Castillo Murgas huyó y sigue huyendo. Desde entonces han pasado cuatro años y las autoridades no han logrado capturarlo. Según las investigaciones, cuatro personas ayudaron al feminicida luego de su crimen: su pareja, un médico, un ex fiscal y su madre, quien ya falleció.
Los cómplices intentaron borrar las evidencias de la ropa y del vehículo en el que presuntamente Castillo le habría arrebatado la vida a Fernanda. Los tres colaboradores han sido procesados, pero la familia resiente la lentitud del sistema para obtener justicia, pues la audiencia preliminar por este feminicidio ha sido pospuesta en varias ocasiones.
Para lograr la captura de Castillo Murgas, El Salvador solicitó a INTERPOL una difusión roja en contra de éste, de quien se presume salió del país y hasta la fecha no ha sido localizado.
El final de años de golpes y abusos
Cuatro disparos en el pecho fue el último acto de violencia que sufrió Irene Castro Martínez, de 24 años, de parte de Melvin Rigoberto Alfaro, de 40 años, su compañero de vida.
Alfaro le arrebató la vida en uno de los cuartos de una sencilla vivienda en el barrio San Antonio, del municipio de Victoria, en Cabañas, la noche del 30 de noviembre de 2021.
“El siempre estaba tomado y le pegaba. La primera vez que le pegó, ella tenía una cortadura en la ceja”, comentaron algunos familiares frente al féretro de la joven el día de su velorio.
Una condición de violencia doméstica que tampoco era desconocida para los vecinos de la pareja. “Ojalá que se haga justicia”, dijeron indignados tras la muerte de Irene. Pero esa justicia aún no ha llegado, pues aunque la Policía montó inmediatamente un operativo en la búsqueda de Alfaro, hasta la fecha no ha sido notificada su captura.
Asfixiada con su propia ropa
“La dejó arrinconada en un montón de ropa que ocupó para ahogar a mi muchachita”, relató la abuela de Jennifer Azucena Galdámez Fuentes, de 26 años. Ella fue quien encontró entre las prendas el cuerpo de la joven la mañana del 7 de julio de 2022, en una habitación de su casa, ubicada en la colonia Milagrosa, de Ciudad Delgado.
El crimen fue cometido presuntamente por su excompañero de vida, David Solano. Tras cuatro años de convivencia y de soportar una relación conflictiva por los celos y manipulaciones de Solano, la joven decidió separarse de él en diciembre de 2021.
De manera casi inesperada, el hombre llegó hasta la vivienda de su expareja fingiendo intenciones de una reconciliación. La abuela de Jennifer accedió al ver la insistencia de Solano. Tras más de 30 minutos, éste salió de la habitación empapado de sudor, se retiró de la casa y desde entonces se desconoce su paradero.
Sobre este crimen, un agente de la estación policial de Ciudad Delgado compartió que Solano “está prófugo”. Al igual que el otro caso, las autoridades tampoco han informado por medio de sus canales oficiales sobre la aprehensión del presunto feminicida.
Y mientras la familia espera justicia por Jennifer, la incertidumbre también les ha embargado. “Necesito saber si lo han agarrado. Para mí es una angustia porque me han quedado los niños (los hijos de la pareja) y pienso que él puede hacerles daño”, dice con pesar la abuela de la víctima.
Feminicidios a la baja desde 2017
De acuerdo a datos de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República, en 2017 se cometieron 469 feminicidios en el país. Al año siguiente, en 2018, hubo una tendencia a la baja pues se registraron 386; en 2019, 230; en 2020, 131; sin embargo, en 2021 hubo un caso más, es decir, 132; y según estadísticas de 2022 del Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres (de ORMUSA), el año pasado se cometieron 64 feminicidios.