La Sala de lo Penal ratificó la condena y ordenó que se imponga la pena máxima por el delito de encubrimiento a Jaquelin Alejandra Martínez Herrera por su participación en el feminicidio de Melvi Fernanda Nájera, cometido entre el 31 de enero de 2019, según consta en una documentación judicial a la que tuvo acceso El Diario de Hoy.
La decisión del máximo Tribunal fue emitida luego que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de casación, solicitando que se casara, es decir que se anulara, la resolución de la Cámara Especializada de San Salvador, en la que absolvió a la imputada.
El 13 de diciembre de 2022, el Juzgado Especializado de Sentencia para una vida libre de violencia y discriminación, de Santa Ana, condenó la joven Martínez Herrera, novia del principal sospechoso, por ser cómplice en el feminicidio, pero no le fue impuesta ninguna pena.
El juzgado señaló que había una relación afectiva entre el perpetrador del delito y ella, como encubridora, basado en el artículo 308 del Código Penal que establece que no se aplicará la pena, a las personas que tienen una relación familiar o de convivencia con el sujeto investigado por el cometimiento de un delito.
Sin embargo, la Fiscalía presentó una apelación ante la Cámara Especializada de San Salvador y alegó que durante el proceso judicial no se demostró que la relación, entre la imputada y el principal implicado, Michael Alejandro Castillo Murga, tuviera características de una relación de convivencia o conyugal, por lo que no se le podía aplicar la excepción contemplada en el artículo 308.
Pero el resultado de la apelación fue desfavorable para la representación fiscal debido a que la Cámara absolvió a la imputada, por lo que la Fiscalía tuvo que presentar una solicitud de inconformidad ante la Sala de lo Penal, el cual se conoce como recurso de casación.
Ante la solicitud presentado por la Fiscalía, los magistrados de la Sala de lo Penal, dieron la razón al planteamiento fiscal y señalaron que en el proceso judicial no se comprobó que la joven Martínez Herrera tuviera una relación de compromiso definitivo con el imputado, por lo que, dicha Sala ratificó la sentencia condenatoria impuesta por el juzgado especializado de primera instancia.
Además, la Sala, ordenó aplicarle la pena de prisión máxima en el delito de encubrimiento, de tres años, por considerar que la imputada realizó acciones que obstaculizaron la investigación del caso, con el fin de encubrir el hecho.
En estos casos, la ley establece que cuando la pena no excede los tres años, esta puede ser reemplazada por trabajo de utilidad pública.
Asimismo la Sala ordenó que la misma Cámara, pero con una nueva integración de magistrados suplentes, emita una nueva resolución, únicamente en relación con el imputado Roberto Arturo Valdivieso López fue absuelto por el Tribunal Especializado por el delito de encubrimiento en el crimen.
La Cámara debe tomar en consideración todos los elementos que la Sala expuso en el fallo, basados sobre los motivos que la Fiscalía argumentó.
Larga batalla judicial
La larga batalla de la madre de Fernanda porque el caso de su hija no quede en la impunidad inició desde el día que le entregaron el cadáver de la víctima. La señora no dudó en denunciar al principal sospechoso, quien cinco años después sigue prófugo.
El caso causó indignación y rechazo en la población y fue ampliamente conocido por la cobertura mediática, pero las autoridades realizaron las primeras capturas hasta cuatro meses después del asesinato, cuando fueron detenidos la novia del principal sospechoso, Jaquelin Alejandra Martínez Herrera y el médico Roberto Arturo Valdivieso López.
Inicialmente la Fiscalía acusó a cinco personas por el feminicidio de Fernanda, incluyendo al exfiscal Donald Valdivieso López, Castillo Murga, como principal sospechoso y la abuela materna de este, Edith del Carmen de Murga.
El Juzgado de Paz de Concepción de Ataco decretó la detención para los dos imputados presentes y giró orden de captura para los tres ausentes, durante la audiencia inicial.
Sin embargo un mes después, la Cámara Especializada para una Vida Libre de Volencia y Discriminación contra las Mujeres, declaró nula la orden de detención ordenada por el juez de Paz de Ataco y los dos detenidos, hasta ese momento, quedaron en libres.
Durante el proceso judicial, que los cuatro imputados enfrentaron en libertad, el exfiscal aceptó que ayudó a encubrir el asesinato y confesó a cambio de que se suspendiera de forma definitiva el proceso en su contra y la abuela materna del sospechoso fue eximida del proceso a causa de su fallecimiento.
El crimen
La tarde del 31 de enero de 2019, Melvi Fernanda y su hijo, entonces de un año siete meses, fueron sacados con mentiras de su vivienda por Castillo Murga, padre del niño, según relataron los familiares, este le había prometido realizar los trámites para que el menor llevara su apellido, ya que hasta ese momento se lo había negado.
Al llegar la noche, la madre de Fernanda, al ver que ella no regresaba con el niño, comenzó a llamarla, pero el celular estaba apagado.
Esa misma noche, Castillo Murga llegó a la casa de su abuela materna y confesó el asesinato, por lo que la familia llamó a varias personas para que les ayudaran a borrar las evidencias del crimen, según revelaron las autoridades tras las primeras capturas.
El teléfono y las pertenencias de la víctima, que habían quedado dentro del vehículo del feminicida, fueron quemados y luego en otro vehículo el hecho fue sacado de la vivienda para darse a la fuga y hasta ahora no ha sido capturado.
El 2 de febrero, el cadáver de una mujer, con signos de tortura, fue encontrado en una cuneta en la carretera que conecta el municipio de Ataco con Ahuachapán. Se trataba de Fernanda, pero fue levantado como desconocido.
Dos días después, el niño fue localizado abandonado en medio de un cafetal en el municipio de Ataco. Agricultores alertaron a la Policía que habían encontrado al menor moribundo y deshidratado.
Tras el hallazgo del niño la madre de Fernanda corroboró que el cadáver encontrado el día anterior era el de su hija, por lo que alertó a las autoridades con quien había salido la joven el día que desapareció.
La madre de la víctima y colectivos feministas han denunciado a lo largo de estos años la retardación de justicia en este caso, ya que consideran que no actuaron rápido en los días siguientes al hecho y el retraso en las diligencias judiciales, las cuales se han reprogramado en múltiples ocasiones.