El sueño de poseer lotes propios y la seguridad de contar con la escritura que así lo acredite no termina de cuajar para decenas de familias en la lotificación Palmira, en Armenia, Sonsonate.
La razón a ciencia cierta la desconocen, pues tras cancelar sus propiedades la empresa lotificadora les aseguró que en tres meses su documento les sería entregado, pero no fue así.
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La misma compañía también les entregó un número de teléfono para “estar llamando”, pero esas consultas tampoco prosperaron.
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Esa espera en los peores escenarios suma ya entre los 5 y 15 años por familia. Esa situación los hizo buscar el acompañamiento, basado en la orientación, del proyecto Renacer iniciado en 2016, por las Comunidades de Fe Organizadas para la Acción (COFOA).
La lotificación Palmira está en el kilómetro 41 de la carretera hacía Sonsonate.
Son en promedio 50 familias las afectadas, un poco más de 200 personas, quienes no encuentran paz al no poseer el ansiado documento.
En ese lugar la Ley Especial para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, aprobada a finales de junio 2021, tampoco ha calado.
En mayo 2021, cuando el proyecto de ley fue explicado por la ministra de Vivienda, Michelle Sol, a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, en la Asamblea Legislativa, se expusó que unas 350,000 familias no han podido regularizar el estado legal de terrenos de su propiedad por lo que serán beneficiadas por la ley; sin embargo la lotificación Palmira siguen a la espera.
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“Tenemos pendiente aproximadamente 131 lotificaciones para finalizar su proceso de regularización, lo que equivale aproximadamente a 20,000 lotes”, manifestó la ministra de Vivienda en aquel momento.
La legislación comprende las lotificaciones en condición irregular de 2012 hacia atrás, y busca que las lotificadoras dieran el gran paso de agilizar la entrega de escrituras.
En la lotificación Palmira los habitantes son de limitados recursos económicos y pagar cada propiedad ha significado esfuerzos casi sobrehumano.
Algunos son vendedores ambulantes, otros empleados de maquilas y algunos tienen pequeñas tiendas.
Además, que en muchos casos las mujeres se aferraron a la decisión de la compra de la propiedad, Sin importar la condición, todos esperan la escritura de las propiedades.
“Así pagamos el solarcito”
María Pérez, de 51 años, vive en la lotificación Palmira hace dos décadas, y tras andar “alquilando casa” ella y su familia se asentaron en ese lugar.
“Pensamos que debíamos hacer el esfuerzo por el futuro de nuestros hijos. Hacía ventecitas y trabajos en casa, así pagamos el solarcito”, comentó María.
Ella, con mucha incertidumbre y el documento que evidencia la cancelación total del inmueble, relata que la propiedad la terminó de pagar en 2017, y que “desde ese entonces no se ha visto claro”, pues en la lotificadora siempre le responden con un “su escritura está en proceso”.
“Cuando agarramos el lote nunca imaginamos que terminaríamos en esta incertidumbre, no queremos heredar este problema a nuestros hijos”, manifestó María.
La voz de ella se entrecorta y sus lágrimas corren en sus mejillas al recordar como ella y su núcleo familiar se sacrificó por lograr cancelar cada cuota.
Ese esfuerzo incluyó dejar a sus dos hijos mayores solo con un dólar para la comida del día; también presentarse a trabajar aún con la pierna inflamada tras la incapacidad por fractura.
“Llegamos a un punto que mi esposo, quien trabajaba en una granja, pedía las averías de huevos y eso comíamos, así fueron muchos de los sacrificios que hicimos por pagar el terreno”, concluyó María.
El esfuerzo sin igual por lograr el dinero de la “letra” del mes es la constante entre los habitantes de la lotificación Palmira.
Además, existen lamentos por la falta de proyectos municipales y estatales como mejoras de calles, instalación de tuberías de aguas negras y drenajes para lluvia, la excusa que obtienen es la situación irregular de sus propiedades.
Embarazada y echando pupusas
Blanca Luz Pérez, de 45 años, canceló la totalidad del valor de su terreno hace seis años, y gran parte de ese dinero lo obtuvo de su sueldo como empleada de una maquila.
Esa empresa cerró en 2001, y a Blanca de indemnización, le dieron solo 500 dólares; con ese dinero logró abrir una “tiendita” en la colonia y así seguir pagando el lote.
Entre su cese laboral y la apertura de su negocio también echó pupusas, pero por si la exigencia del trabajo no era suficiente lo hizo embarazada.
“Mi esposo se ha dedicado a la jardinería, ha ganado el mínimo y de esa forma no lográbamos salir adelante, ya entre los dos logramos un préstamos y construimos la casa. Han sido momentos bastante duros”, reflexionó Blanca Luz.
Ella, una mujer de piel morena y estatura mediana, “con fe en Dios” repite a sus hijos que terminarán por lograr la escritura.
“Es un derecho que nos den las escrituras, nosotros ya pagamos. Tenemos ya dos años de lucha organizada por medio de COFOA y vamos a insistir hasta lograr los documentos de los lotes”, sostuvo Blanca Luz.
La asistencia de Cofoa, como en otros casos relacionados a entrega de escrituras, logró se estableciera la mesa técnica donde intervienen instituciones de Gobierno, entre ellas el Ministerio de Vivienda, Defensoría del Consumidor y Fiscalía.
En ese espacio el caso avanza a pasos en extremo lento.
Legislación insuficiente
El equipo jurídico de las Comunidades de Fe Organizadas para la Acción ( COFOA), considera que la Ley Especial para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, si bien cubre más aspectos que las legislaciones anteriores, “le hacen falta dientes” .
“Hace falta que garantice a los lotihabientes, por ejemplo la ley debe obligar la inscripción de los proyectos, y establecer plazos reales para que el lotificador regularice las propiedades”, explicó Rafael Ulises Hernández, líder de ese equipo jurídico.
Puntualizó que en muchos casos donde su organización intervienen, los proyectos no están inscritos en el centro nacional de Registros, CNR, “simplemente no existen”, y esa es una de las causa más frecuentes por lo que las lotificadoras no logran extender las escrituras.
“A pesar de los esfuerzos actuales hay muchos vacíos en las leyes”, puntualizó Hernández.