María Hernández fue detenida el 24 de abril del 2022 cuando estaba en su casa junto a su familia en una comunidad del Bajo Lempa. Su esposo, José Ortiz, cuenta que estaban dormidos cuando llegó un grupo de policías a tocar su puerta para llevarse a María.
Ortiz recuerda que él se despertó por el ladrido de los perros y las luces de la patrulla que lo alertaron de que algo estaba sucediendo, pero nunca imaginó que habían llegado a traer a su pareja y menos que ese sería el último día que la vería. Después de casi un año sin obtener información de María, él pide a las autoridades que revisen su caso pues asegura que su esposa es inocente.
Al momento de la detención a María solo le dijeron que habían recibido una denuncia anónima donde la acusaban de organizaciones ilícitas. Su esposo relata que los agentes que la detuvieron no revisaron su DUI, tampoco corroboraron su nombre en una lista o en alguna orden de detención, ni indagaron en ningún detalle de su vida personal.
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Cuando le informaron que se la llevarían detenida, María preguntó los motivos; sin embargo, la respuesta de los agentes fue que ese no era momento para darle explicaciones y que simplemente se la iban a llevar a la delegación. Al ver la actitud de los agentes, José le pidió que mantuviera la calma y que colaborara, porque no estaban en posición para defenderse.
“Todos somos vulnerables ante el régimen. Solo basta que alguien llame y te llevan sin investigación. Estamos luchando contra la palabra de la policía, no hay ninguna evidencia”
José Ortiz,
Esposo de mujer detenida
Con esa petición, José también le hizo una promesa a María, al día siguiente a primera hora, él buscaría un abogado para esclarecer su caso y que ella quedara libre, pero a pesar que él cumplió su promesa de buscar a un abogado privado, sus esfuerzos porque ella sea liberada han sido inútiles porque las autoridades ni siquiera le han dado información sobre su estado de salud.
Debido a esta situación, José se ha unido a otros miembros de su comunidad y junto al apoyo de Cristosal han presentado una denuncia contra el Estado salvadoreño ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar los derechos humanos de los detenidos bajo el régimen de excepción. María era maestra en un Centro de Bienestar Infantil y atendía a niños de dos años, también es madre de una niña de cinco años. Su esposo asegura que ha reunido pruebas que demuestran su inocencia y pide a las autoridades que investiguen el caso y que al menos le den algún tipo de información sobre ella.
Familias piden investigaciones
Como el caso de María hay muchos otros en las comunidades del Bajo Lempa. Alicia Chicas es otra mujer que fue detenida hace casi un año en la misma zona.
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Su hermana, Ana Chicas cuenta que fue detenida mientras trabajaba en su negocio, un pequeño comedor que le permitía sostener a sus dos hijos, ya que es madre soltera.
Desde que fue detenida, su familia no ha vuelto a saber de ella, sus hijos han quedado a cargo de su madre pero las dificultades económicas son cada día más grandes y les preocupa ya no dar a basto con todo.
Además de su comedor, Alicia se dedicaba a cultivar tilapia y tenía un préstamo para financiar su negocio. Su familia piensa que si las autoridades no escuchan su caso, todo el esfuerzo de Alicia se perderá.